Departamento de Justicia demanda a Nueva Jersey por “interferir” en operativos de ICE
Al calificar de “ilegales” sus políticas santuario y asegurar que la falta de cooperación con la federación deriva en la liberación de “delincuentes peligrosos”
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien tomó posesión del cargo apenas en enero, no ha emitido una respuesta oficial tras la interposición de la demanda ante un tribunal federal. Crédito: Pablo Martinez Monsivais | AP
El Gobierno del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra las llamadas jurisdicciones santuario al presentar una demanda contra el estado de Nueva Jersey y su gobernadora, Mikie Sherrill, a quienes acusa de obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que la querella fue interpuesta ante un tribunal federal en Nueva Jersey y busca invalidar la Orden Ejecutiva No. 12, firmada en febrero por Sherrill.
Según la Administración republicana, la medida impide que agentes federales realicen arrestos migratorios en áreas no públicas de propiedades estatales y les prohíbe usar estas instalaciones como “área de preparación o base de operaciones”.
De acuerdo con la demanda, la orden estatal “obstruye intencionalmente” la aplicación de la ley federal y frustra la obligación constitucional del presidente de velar por su cumplimiento.
El choque por las políticas santuario
En un comunicado oficial, el DOJ calificó de “ilegales” las políticas santuario de Nueva Jersey y aseguró que la falta de cooperación con autoridades federales deriva en la liberación de “delincuentes peligrosos” que, de otro modo, estarían sujetos a deportación.
“La negativa de Nueva Jersey a cooperar resulta en la liberación de extranjeros indocumentados condenados por delitos graves, incluyendo agresión agravada, robo, tráfico de drogas y trata de personas”, señaló la dependencia.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, defendió la acción judicial al afirmar que los agentes federales “arriesgan sus vidas” para proteger a la población. “Los estados no pueden interferir deliberadamente con nuestros esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar delincuentes”, declaró.
La demanda solicita que el tribunal declare inválida la orden ejecutiva y otorgue cualquier otra reparación que considere “justa y adecuada”.
Antecedentes legales y silencio de la gobernadora
La querella contra Nueva Jersey se suma a una serie de acciones similares emprendidas por el Gobierno federal contra otras jurisdicciones.
En junio pasado, el DOJ demandó al estado de Nueva York por políticas que restringen los arrestos migratorios en tribunales locales y estatales. Sin embargo, en noviembre un juez federal desestimó ese caso al determinar que las medidas no eran inconstitucionales.
La actual ofensiva forma parte de una directriz emitida por Bondi en su primer día en el cargo, instruyendo a la División Civil del DOJ a identificar leyes y prácticas estatales que, a juicio del Gobierno, faciliten violaciones a la ley federal de inmigración o limiten operaciones migratorias.
Hasta el momento, la gobernadora Sherrill, quien asumió el cargo en enero, no ha emitido una declaración pública en respuesta a la demanda. El caso abre un nuevo frente en la disputa entre la Casa Blanca y los estados demócratas sobre los límites de la autoridad federal en materia migratoria.
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