Letitia James lidera demanda de 22 estados que exigen bloquear aranceles de Trump
Letitia James, fiscal general de Nueva York, encabeza una coalición de 22 estados para frenar nuevas tarifas impuestas por el presidente Trump
Letitia James, fiscal general de Nueva York. Crédito: AP
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lideró una coalición de 21 fiscales generales y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania para presentar una demanda contra los nuevos aranceles impuestos por el gobierno del presidente Donald Trump.
Estos aranceles, que afectan a una amplia gama de productos y países, fueron establecidos después de que la Corte Suprema fallara en contra de los aranceles anteriores que el presidente había implementado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En esta nueva demanda, James argumenta que el presidente Trump no tiene el poder para imponer estos aranceles a través de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Según la fiscal general y los miembros de la coalición, el presidente está violando la Constitución al tomar decisiones que corresponden al Congreso, lo que infringe el principio de separación de poderes.
La coalición exige que el tribunal declare ilegales estos aranceles y que el gobierno federal devuelva el dinero a los estados que pagaron los costos derivados de la implementación de los aranceles.
Impacto en la economía de los estados y consumidores
Los nuevos aranceles, según la demanda, incrementarán los costos de vida y afectarán a los negocios, las pequeñas empresas y los consumidores de los estados involucrados en la demanda. La fiscal general James criticó el enfoque errático del presidente, señalando que el uso de aranceles sin un razonamiento claro o justificación económica está generando caos económico y altos costos para los estados.
El gobernador de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su apoyo a la demanda, afirmando que los aranceles de Trump están afectando negativamente a la economía del estado.
“Es hora de que el gobierno federal devuelva los 13.5 mil millones de dólares que se tomaron de los neoyorquinos trabajadores y ponga fin al caos económico que estos impuestos ilegales han creado”, comentó Hochul.
¿Qué es la Sección 122?
La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 fue diseñada para abordar crisis económicas específicas, como un déficit significativo en los “pagos por balance de cuentas“, un problema que dejó de existir con la adopción del sistema de tipo de cambio flotante. James y los demás fiscales generales que participan en la demanda aseguran que la justificación del presidente para imponer los aranceles, que se basa en el déficit comercial, no es válida bajo esta ley.
Además, los demandantes señalan que el uso de la Sección 122 por parte de Trump para imponer tarifas indiscriminadas y de forma selectiva (eximiendo a varios países) es una clara maniobra para evitar la decisión de la Corte Suprema contra los aranceles bajo la IEEPA. También critican la falta de coherencia y consistencia en la aplicación de estas tarifas, lo que ha generado incertidumbre y altos costos administrativos para los estados.
En su demanda, James subraya que la Constitución de Estados Unidos establece claramente que solo el Congreso tiene la autoridad para imponer impuestos y aranceles. La fiscal general y los miembros de la coalición están buscando una orden del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que declare los aranceles bajo la Sección 122 como ilegales y que se detengan de inmediato, además de solicitar el reembolso de los costos que los estados han tenido que asumir.
El apoyo de otros estados y gobernadores
El equipo de fiscales generales de 21 estados y los gobernadores de Kentucky y Pensilvania se unieron a la demanda en apoyo a los esfuerzos de la fiscal general James para detener los aranceles. Los estados de Arizona, California, Colorado, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo Mexico, North Carolina, Rhode Island, Oregon, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin también participaron en la acción legal.
Esta coalición busca garantizar que las políticas fiscales del gobierno federal se adhieran a los principios constitucionales y protejan la economía de los estados y los intereses de los consumidores.
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