Tribunal permite a Trump deportar a inmigrantes a terceros países
Se trata de una decisión provisional, pero eso podría afectar a cientos de personas que están bajo proceso de deportación
El DHS está deportando a inmigrantes a terceros países. Crédito: Lindsey Wasson | AP
La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito autorizó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump a continuar, por ahora, con la deportación sumaria de inmigrantes a países distintos a los de su origen.
La decisión es provisional, pero bloquea el fallo del juez Brian E. Murphy de Massachusetts que habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) priorizar las deportaciones de extranjeros a sus países de origen.
Las partes en este proceso deberán presentar escritos adicionales para una decisión final sobre esta política del presidente Trump.
Se otorgan 14 días a cada parte, más siete días a los demandados para responder la contrarreplica, tras lo cual se tomará una decisión.
A finales de febrero, el juez Murphy anuló la política del gobierno de Trump de enviar inmigrantes a “terceros países”, declarándola inconstitucional.
“No es correcto ni legal”, escribió el juez en su fallo de 81 páginas.
La demanda colectiva fue presentada por cuatro demandantes, dos de ellos en Massachusetts, y abarca a los inmigrantes detenidos con procesos de deportación a otros países que no son los suyos.
La política de deportaciones del presidente Trump ha enfrentado varios procesos judiciales y, de hecho, el juez Murphy ya había bloqueado parte de los procesos que volvieron a imponerse a mediados del año pasado, lo que permitió la deportación de decenas de personas.
Más vuelos de deportaciones
Human Rights First y ICE Flight Monitor indica que las operaciones aéreas de ICE continuaron una “rápida expansión” en febrero de 2026, incluyendo deportaciones a terceros países.
“Los hallazgos revelan una escalada continua de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump, incluyendo 183 vuelos de expulsión a 31 países y el uso continuado de traslados forzosos a terceros países”, se advierte.
“La semana pasada, en Ciudad de Guatemala, presencié de primera mano el impacto devastador de la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump, que continúa separando familias y dejando un saldo humano devastador”, expuso Savi Arvey, directora de Investigación y Análisis de Derechos de Refugiados e Inmigrantes en Human Rights First. “Muchos me contaron sobre los hijos ciudadanos estadounidenses que se vieron obligados a dejar atrás y los abusos que sufrieron a manos de agentes de ICE, quienes, según varios, los trataron como animales. También hablé con hondureños y salvadoreños que dijeron no saber que iban a ser deportados a Guatemala hasta que ya estaban en el avión“.
Preocupaciones por violaciones al debido proceso
Organizaciones civiles en EE.UU. y a nivel internacional, incluida Amnistía Internacional, señalan que la política de la administración Trump sobre deportaciones a terceros países carece de “acuerdos claros” y no hay consideraciones sobre la seguridad de las personas.
Amnistía Internacional acusa que hay varias fallas en el procesamiento de los inmigrantes que son enviados por el DHS a otras naciones que no son sus países de origen, como:
– Negación al debido proceso al no tener una audiencia justa o acceso a asesoría legal.
– Riesgo de que las personas sean enviadas a lugares donde pueden correr peligro, incluso la muerte.
– Condiciones inseguras, al enviar a las personas a naciones calificadas por el Departamento de Estado de EE.UU. por graves violaciones de derechos humanos. Eso incluye la prisión CECOT de El Salvador.
– Estas deportaciones ocurren con conocimiento público y sin supervisión.
– Amenazas de expulsión a terceros países para incentivar la salida voluntaria, es decir, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usan este argumento para obligar a los inmigrantes a firmar documentos.
– Argumentos legales cuestionables, como el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos.
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