Fiscales de 21 estados demandan a gobierno de Trump por imponer condiciones para fondos agrícolas
Los fiscales piden al tribunal que declare ilegales las condiciones impuestas por el USDA y que bloquee su aplicación inmediata
Demandantes alertan que estas medidas amenazan el apoyo nutricional crítico y la investigación agrícola vital. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP
Una coalición de 21 fiscales generales estatales presentó una demanda contra el Departamento de Agricultura (USDA) de la administración del presidente Donald Trump para bloquear nuevas condiciones de financiamiento que consideran “vagas e ilegales” y que ponen en riesgo millones de dólares destinados a programas agrícolas y alimentarios.
La demanda, interpuesta ante un tribunal federal en Massachusetts, sostiene que el USDA ha condicionado la entrega de recursos a requisitos relacionados con inmigración, diversidad, equidad, inclusión e identidad de género, aspectos que, según los fiscales, “no guardan relación con el propósito de los fondos”.
De acuerdo con el documento legal, los estados deben certificar el cumplimiento “con todas las leyes, regulaciones y políticas federales contra la discriminación aplicables durante la vigencia de la adjudicación federal”. Sin embargo, los fiscales argumentan que dichas condiciones no especifican qué políticas aplican ni si se limitan a las vigentes.
“El USDA ha interpuesto ahora obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos”, señala la demanda. Los fiscales alertan que estas medidas amenazan “el apoyo nutricional crítico, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional”.
La coalición sostiene que las nuevas condiciones violan la llamada cláusula de gasto de la Constitución estadounidense, que exige que cualquier requisito para recibir fondos federales sea claro y no coercitivo.
En ese sentido, argumentan que las reglas actuales colocan a los estados en una posición forzada: aceptar condiciones ambiguas o arriesgar recursos esenciales. La demanda señala que la Constitución “prohíbe las condiciones coercitivas que ponen una pistola en la sien de los beneficiarios que no pueden prescindir de fondos críticos”.
Los fiscales subrayan la magnitud de los programas administrados por el USDA, destacando que millones de personas dependen de ellos. “Casi 30 millones de niños participan en el programa de almuerzos escolares”, enfatizan en el documento.
Este señalamiento coincide con preocupaciones previas sobre cambios en programas de asistencia alimentaria como SNAP, donde fiscales ya han denunciado restricciones que podrían afectar a miles de beneficiarios.
Esta demanda se enmarca en una serie de conflictos recientes entre estados y la administración Trump por el manejo de fondos federales. En meses anteriores, fiscales y organizaciones han cuestionado decisiones del USDA por congelar subvenciones o imponer nuevas reglas, alegando violaciones legales y constitucionales.
Asimismo, reportes han documentado incertidumbre en el sector agrícola debido a revisiones y congelamientos de financiamiento federal, lo que ha llevado a agricultores a suspender inversiones y proyectos.
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