Houston considera derogar ordenanza que limita su cooperación con ICE ante amenazas de Abbott
El alcalde John Whitmire justificó su cambio de postura, tras la amenaza de Greg Abbott de retirarle a la ciudad más de $110 millones de dólares
John Whitmire señaló que “la posible pérdida de fondos estatales plantea serios desafíos para los Departamentos de Policía y Bomberos de Houston". Crédito: Maria Lysaker | AP
La ciudad de Houston enfrenta una creciente presión política y financiera que podría llevarla a revertir una reciente ordenanza que limita la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. La medida, aprobada por el concejo municipal a inicios de abril, ha detonado una investigación estatal y amenazas de recortes millonarios en fondos para seguridad pública.
El alcalde John Whitmire convocó a una sesión especial para este viernes con el objetivo de reconsiderar la normativa, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtiera que podría retirar más de $110 millones de dólares en subvenciones estatales si la ciudad no da marcha atrás.
La ordenanza en cuestión eliminó una política previa que permitía a la policía local retener a personas hasta 30 minutos para facilitar su transferencia a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante situaciones como paradas de tráfico. Además, estableció nuevos requisitos de supervisión, incluyendo informes trimestrales sobre la coordinación entre ambas agencias.
Debate legal y derechos civiles
La respuesta estatal fue inmediata. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, abrió una investigación alegando que la ordenanza podría violar la ley estatal SB4, que prohíbe a los gobiernos locales adoptar políticas que limiten sustancialmente la aplicación de leyes migratorias.
A esta acción se sumó la advertencia directa de Abbott, cuya oficina notificó a la ciudad que los fondos destinados a seguridad pública quedarían en suspenso hasta que Houston confirme la derogación de la medida. Incluso, funcionarios estatales señalaron que la ciudad podría verse obligada a reembolsar recursos previamente otorgados si no cumple con las exigencias.
“Solo hay una opinión que importa, y es la del gobernador”, afirmó Whitmire ante medios locales, reconociendo el peso de la decisión estatal. El alcalde también advirtió que la pérdida de estos recursos afectaría seriamente las operaciones del departamento de policía y bomberos, así como los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual Houston será una de las sedes.
Debate legal y derechos civiles
La ordenanza ha generado divisiones tanto a nivel local como nacional. Sus defensores sostienen que la medida busca alinear las prácticas policiales con la Constitución, al impedir detenciones prolongadas sin una orden judicial válida. La concejala Alejandra Salinas, impulsora de la iniciativa, instó a la ciudad a impugnar las amenazas del estado en tribunales.
“Ceder sentaría un precedente peligroso que permitiría al estado intervenir en políticas municipales legítimas”, advirtió.
Organizaciones como la ACLU de Texas respaldaron esta postura, argumentando que la ordenanza protege derechos constitucionales, particularmente bajo la Cuarta Enmienda, que prohíbe detenciones arbitrarias.
En contraste, figuras republicanas como el senador John Cornyn calificaron la medida como “absurda” y “peligrosa”, apoyando las acciones del gobernador.
El conflicto en Houston refleja un debate más amplio en Estados Unidos sobre el papel de las ciudades en la aplicación de leyes migratorias. Mientras urbes como Los Ángeles, Nueva York y Chicago han mantenido por años políticas similares para limitar la cooperación con ICE, Texas ha endurecido su postura, abriendo la puerta a confrontaciones legales entre autoridades estatales y locales.
La decisión que tome Houston en los próximos días podría sentar un precedente clave sobre los límites del poder estatal frente a la autonomía municipal en materia migratoria.
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