Legisladores buscan limitar a ICE en los tribunales de California
El proyecto SB 873 de la senadora Eloise Gómez-Reyes busca impedir que agentes realicen arrestos dentro de un radio de 300 metros de un tribunal
Agentes de inmigración esperan dentro de las instalaciones de un tribunal. Crédito: Yuki Iwamura | AP
La iniciativa de ley SB 873 de la senadora estatal Eloise Gómez-Reyes, conocida como «Kick ICE Out of Courts» (Expulsar a ICE de los tribunales), tiene el objetivo de prohibir las detenciones federales civiles de inmigración en un radio de 1.000 pies de los tribunales estatales sin una orden judicial.
Tras la detención -el jueves por la mañana- de cuatro inmigrantes fuera del tribunal de Rancho Cucamonga, por parte de agentes federales enmascarados, los partidarios del proyecto de ley lo consideran más que nunca necesario para que el gobernador Gavin Newsom lo promulgue en ley.
“En estos momentos existe cierta protección para nuestros inmigrantes —o para cualquier persona— que se encuentre dentro de la sala del tribunal durante un procedimiento judicial”, declaró la senadora Gómez-Reyes, a La Opinión.
“El problema que enfrentamos es que los agentes del ICE están esperando —o, de hecho, acechando— en los tribunales, escuchando los testimonios y, posteriormente, siguen a nuestros inmigrantes hasta el estacionamiento para arrestarlos”.
El proyecto de ley que se ha presentado recientemente protegerá a los inmigrantes dentro de un radio de 1000 pies (305 metros) de distancia de la sede judicial, ya sea al entrar o al salir del tribunal.
La legisladora (D- San Bernardino) indicó que esa es la protección que necesitan las personas.
La senadora misma acaba de presenciar los cuatro arrestos en una localidad de su distrito, en un breve lapso.
“Observamos que esta situación se repite cada vez con mayor frecuencia: entran en los tribunales y acechan a las personas”, indicó. “Se fijan en el color de la piel, el idioma que se habla y en el lugar de trabajo de las personas; estos son los criterios que utilizan para realizar arrestos indiscriminados”.
Detenciones Kavanaugh
En septiembre, el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, escribió en una opinión concurrente —emitida en relación con una orden de emergencia de 2025— que los funcionarios federales de inmigración pueden utilizar factores como el idioma, la etnia o la ocupación como uno de los elementos para determinar si una persona se encuentra en el país sin autorización, aunque no como el único factor.
Esa orden respondía a una demanda presentada por la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) contra funcionarios de inmigración por haber utilizado indebidamente la raza al realizar redadas migratorias en tiendas Home Depot de Los Ángeles desde junio 6 y meses posteriores.
Dicho fallo ha llevado a algunos a denominar las detenciones callejeras efectuadas por agentes federales como “detenciones Kavanaugh”, a quien se le atribuye haber facultado a los enmascarados agentes de ICE para seguir actuando con impunidad y utilizando la raza como factor en las detenciones, arrestos y deportaciones ordenadas por Stephen Miller, jefe adjunto de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional.
Caos en la corte de Rancho Cucamonga
El proyecto de ley SB 873 protegería del de acoso y detención a las personas tanto al entrar como al salir de los tribunales, así como durante el desarrollo de los procedimientos judiciales.
Según testigos, el jueves, poco antes de las 9:30 a.m., un hombre se encontraba en el estacionamiento del tribunal de Rancho Cucamonga con su hijo, cuando agentes encapuchados lo rodearon y lo detuvieron.
Posteriormente, otros dos hombres fueron puestos bajo custodia tras salir de la corte.
Este proyecto de ley fue presentado en enero y enmendado tras consultar con la Asociación de Defensores Públicos, organización que copatrocina la iniciativa, junto con la Fundación de Sistemas Legales Rurales de California y con el Centro Occidental sobre Derecho y Pobreza.
“Cuando los agentes de ICE acechan nuestros tribunales, esto bloquea, en la práctica, el acceso a la justicia. Una democracia en la que uno puede ser arrestado simplemente por acudir a un tribunal no es, en absoluto, una democracia”, afirmó Kate Chatfield, directora ejecutiva de la Asociación de Defensores Públicos de California.
“El SB 873 cierra una peligrosa escapatoria jurídica que ICE ha estado aprovechando y deja claro que los tribunales de California deben permanecer accesibles para todos”, añadió. “Este no es solo un asunto que concierna a los inmigrantes; es un asunto que concierne a todos los californianos y a la democracia”.
Tina Rosales-Torres, Defensora de Políticas del Centro Occidental sobre Derecho y Pobreza, afirmó que “Cuando se expulsa a las personas del sistema de justicia, la desigualdad se profundiza”.
Agregó que el proyecto de ley SB 873 ayudaría a garantizar que las comunidades de bajos ingresos y las comunidades inmigrantes puedan acceder a los tribunales.
“La justicia solo funciona si las personas pueden acceder a ella de manera segura, y nunca debería depender de quién se siente lo suficientemente seguro como para presentarse”, enfatizó Rosales-Torres.
Proyectos similares
Si bien la aplicación de las leyes de inmigración es de carácter federal, la también abogada Eloise Gómez-Reyes, en su calidad de legisladora de California manifestó que quiere dejar en claro “que estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance para luchar por las personas que conforman nuestra comunidad en este estado”.
De hecho, informó que se han presentado legislación similar para proteger fundamentalmente, la integridad de los recintos judiciales y de los inmigrantes en los estados de Nueva York, Illinois (Chicago) y Washington.
La senadora Gómez-Reyes tiene la expectativa de que, de ser promulgada en ley la iniciativa SB 873, los agentes de ICE ya no muestren desprecio por los derechos humanos, civiles y constitucionales, tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses.
En efecto, al asesinato de Renee Good y del enfermero Alex Pretti en Minneapolis, en enero de este año, se suman las muertes de 14 mexicanos, ya sea en encuentros con agentes federales de ICE o la Patrulla Fronteriza, o bien en custodia dentro de las prisiones privadas de The GEO Group y CoreCivic: Avelardo Avellaneda Delgado, Jesús Molina Veya. Jaime Alanís García, Lorenzo Antonio Batrez Vargas. Óscar Rascón Duarte, Silverio Villegas González.
Además: Ismael Ayala Uribe, Miguel Ángel García Hernánde, Leo Cruz Silva, Heber Sánchez Domínguez, Alberto Gutiérrez Reyes, Royer Pérez Jiménez y José Guadalupe Ramos Solano.
‘Como la Gestapo’
“Los agentes de inmigración han hecho caso omiso de la ley”, dijo la senadora Eloise Gómez-Reyes. “El principio jurídico fundamental que poseemos es el debido proceso. No se puede privar a una persona de su libertad o de su vida sin el debido proceso; sin embargo, este principio ha sido ignorado por cada agente del ICE del que he leído, al que he visto o del que he tenido noticia”.
“El debido proceso es un pilar básico de nuestro sistema jurídico”, agregó. “Es un argumento que hemos venido planteando desde el principio frente a estos agentes del ICE, quienes muestran un total desprecio no solo por los inmigrantes, sino también por los ciudadanos estadounidenses”.
Aseveró que, el hecho de que porten mascarillas y vayan armados, que detengan a personas sin órdenes judiciales y las introduzcan en vehículos sin distintivos y las deporten o las transporten fuera de nuestro país, “todas esas son acciones que uno esperaría ver en la Gestapo ?como hemos leído que ocurría en Alemania?, pero no aquí, en los Estados Unidos”.
“No somos una especie de reino medieval; no existen santuarios legales donde uno pueda esconderse y eludir las consecuencias de infringir la ley”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional del DHS, en un comunicado dirigido a NeswsFromtheStates. “Nada en la Constitución prohíbe detener a quien infringe la ley en el lugar donde se le encuentre”.
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