Protección reforzada para inquilinos en Los Ángeles 

Albertina Luévano, una residente permanente que vive en el Proyecto de Vivienda Maravilla acepta que la entrada en vigor de una ordenanza del condado que dificulta el desalojo de los inquilinos en las áreas no incorporadas es una decisión correcta. 

La medida exige que los arrendatarios tengan un retraso de al menos dos meses en el pago del alquiler a valor de mercado antes de que puedan intentar expulsar a los inquilinos. 

“Está bien que nos protejan”, dijo Albertina, originaria de Aguascalientes, México. “Mi esposo murió hace poco y con el dinero del seguro apenas me alcanza para pagar los $1.000 de renta, los $200 de facturas y lo que sobra es para la comida”. 

El tiempo anterior para llevar a cabo un desalojo en el condado era de un mes.  

“Este aumento en el umbral a dos meses de alquiler impago está diseñado para aquellas familias que, por una razón u otra, no podrán completar su renta y solo necesitan un apoyo temporal”, declaró la supervisora Janice Hahn, autora de la ordenanza. “Esta flexibilidad les ofrece un respiro, y para muchas de ellas ese mes adicional puede llegar a significar la diferencia entre mantenerse o no alojadas”. 

Hahn reconoció que, a la vez, también hay quienes necesitan aún más ayuda.  

“Para aquellas familias hemos implementado nuestro programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler, el cual ya cuenta con más de 44 millones de dólares”, dijo. “Al final de cuentas, reconocemos que las dificultades económicas toman distintas formas para cada familia, y nuestro compromiso es ofrecer una amplia gama de opciones para brindar la ayuda que necesiten”. 

La ordenanza modificó la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos, promulgada en 2022 con el fin de reducir la falta de vivienda.  

Medidas contra acciones inhumanas de ICE 

Hahn y la coautora de la moción, Hilda Solis, señalaron que la presión financiera sobre los inquilinos ha aumentado en los últimos meses, en parte debido a las amplias medidas federales de control de la inmigración, las cuales han disuadido a algunas personas de acudir a sus trabajos y han perjudicado a las empresas, que han perdido clientes y trabajadores.  

“Ante las acciones federales inhumanas y las continuas amenazas a las familias inmigrantes, el condado ha tomado medidas concretas para proteger a los inquilinos”, afirmó Solís en un comunicado. 

“No se trata de gestos simbólicos, sino de acciones reales que satisfacen las necesidades de los afectados. Elevar el umbral a dos meses ofrece una protección importante contra el desalojo, al tiempo que reconoce que muchos inquilinos seguirán teniendo que pagar a sus propietarios los alquileres adeudados”, agregó. 

La ordenanza aprobada crea protección adicional para los aproximadamente 2.3 millones de inquilinos que residen en la ciudad de Los Ángeles. 

10 meses viviendo en estado de sitio 

El Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (Los Angeles Tenants Union), junto con docenas de grupos comunitarios de inquilinos e inmigrantes que conforman la coalición “EVICT ICE NOT US” (Desalojen a ICE, no a nosotros), instaron a los supervisores a presentar una enmienda para extender estas protecciones a todos los inquilinos del Condado de Los Ángeles (no solo a los de las áreas no incorporadas) y a elevar el umbral de la deuda de alquiler motivo de desalojo a un mínimo de tres meses del valor de alquiler de mercado justo. Al final solamente se aprobaron dos meses. 

“Dos meses de protección no son suficientes” afirmó un miembro del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles. “Llevamos meses viviendo bajo un estado de sitio, sin que se vislumbre un final. Los inquilinos de Los Ángeles tienen meses de deuda de alquiler acumulada. Necesitamos protecciones reales contra los desalojos, y las necesitamos para todos los inquilinos del condado”. 

En un estudio reciente realizado por la organización Rent Brigade, los inquilinos inmigrantes encuestados ya habían acumulado 3.6 meses de deuda de alquiler desde que comenzaron las redadas de ICE en junio de 2025, lo que equivale a un promedio de unos 12,000 dólares. 

Otro estudio realizado por Rent Brigade reveló que el 93 % de las redadas de inmigración ocurridas en Los Ángeles desde el mes de agosto tuvieron lugar en las ciudades incorporadas del Condado de Los Ángeles, es decir, en aquellas zonas donde no se aplicarían las protecciones propuestas por las supervisoras Hahn y Solís. 

Algunas de esas ciudades no incorporadas del condado de Los Ángeles en el Distrito 4 de la supervisora Hahn donde aplica la ordenanza son: East La Mirada, South Whittier, West Whittier/Los Nietos, Rose Hills, y parte de Palos Verdes Península. 

Por el Distrito 1 que representa la supervisora Solís: East Los Angeles, Rowland Heights, Hacienda Heights, Bassett, Valinda, Walnut Park. 

“A mí no me beneficia ni me afecta la ordenanza porque vivo con mi hija y le pago poca renta”, opinó José Noriega, de 70 años, quien vive en los departamentos Alta Vista, en el Este de Los Ángeles. 

En virtud del estado de emergencia por las redadas de inmigración —aprobado por 4 votos a favor y 1 en contra el pasado mes de octubre—, la Junta de Supervisores tiene la facultad de establecer medidas de protección contra los desalojos para las 88 ciudades que conforman el Condado de Los Ángeles. 

“Elevar el umbral de deuda de alquiler para los desalojos en todo el condado es una medida que se encuentra dentro de la autoridad legal de los supervisores” declaró otro miembro del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles. “Tienen el deber de utilizar ese poder para proteger a todos los inquilinos del condado de Los Ángeles. Resulta absurdo aprobar protecciones fragmentarias para ciertas comunidades, mientras todo nuestro condado se encuentra bajo ataque”. 

Construir más viviendas 

Isela Gracián, directora de Política de Vivienda, Salud y Justicia y subdirectora adjunta de Vivienda y Personas sin Hogar en la Oficina de la Supervisora Holly J. Mitchell (Distrito 2) consideró que el futuro ideal para evitar que las personas que tienen vivienda la pierdan consiste en construir y conservar suficientes viviendas en todo el condado de Los Ángeles, junto con medidas locales de protección de los inquilinos y ayudas de emergencia para el alquiler, para cuando un vecino se enfrente a un cambio inesperado, ya sea una emergencia médica o una reducción de la jornada laboral. 

“Ninguna medida por sí sola es suficiente para resolver las presiones en materia de vivienda que sienten los angelinos; por eso, la supervisora Mitchell ha liderado y apoyado una serie de medidas para reforzar la estabilidad de la vivienda y aumentar el acceso a viviendas de calidad que la gente pueda permitirse; esto incluye la última actualización de la ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos y, en junio de 2024, lideró los esfuerzos para que el condado limitara el aumento de alquiler permitido en las zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles”, dijo Gracián. 

Además, reconoció que la inseguridad en materia de vivienda para los inquilinos de Los Ángeles es muy real, ya que hay siete veces más personas que sufren una grave carga de alquiler que personas sin hogar. Los inquilinos que sufren una grave carga de alquiler gastan más del 50 % de sus ingresos en gastos de vivienda. 

“La crisis económica actual va más allá del alto coste de la vivienda en Los Ángeles y ha sido alimentada intencionadamente por la Aadministración Trump”, criticó. “Para las familias latinas y afroamericanas de mi distrito, esto se suma a las presiones existentes, y seguiré luchando cada día por conseguir los recursos necesarios para apoyarlas, actuando a nivel local con ayudas al alquiler, programas de alimentación, manteniendo abierto el hospital MLK, los parques y mucho más,” dijo Isela Gracián. 

Un programa de ayuda para el pago del alquiler, dotado con 30 millones de dólares y promovido en septiembre por la supervisora del Holly Mitchell, ya ha cerrado sus puertas, y únicamente los propietarios pudieron solicitar los fondos. 

No alivia la pobreza: Barger

“Esta ordenanza no contribuye a aliviar la pobreza; tan solo permite que las personas que atraviesan dificultades se endeuden aún más y omite abordar la causa fundamental de por qué se enfrentan a la pobreza en primer lugar”, declaró la supervisora Kathryn Barger (Distrito 5).

Barger, quien votó en contra de la ordenanza, dijo que su decisión refleja, asimismo, su convicción de que los gobiernos locales no deben descargar las dificultades económicas de los inquilinos sobre las espaldas de los propietarios.

“Enfrentamos una crisis de asequibilidad no solo en el condado de Los Ángeles, sino en todo el estado”, añadió. “Actuar de este modo perjudica a los pequeños propietarios particulares —negocios familiares— que dependen de sus propiedades de alquiler para su jubilación y para llegar a fin de mes”.

“No es justo para ellos, especialmente en un momento en que lidian con sus propias dificultades económicas. La inflación es una realidad. Imponer cargas adicionales a los propietarios —quienes también tienen facturas que pagar, como el creciente costo del seguro de vivienda, y que luchan por hacer frente a los gastos— constituye un enfoque desequilibrado y erróneo”.