Excongresista David Rivera es hallado culpable de conspiración y cabildeo en caso ligado a Venezuela
David Rivera fue hallado culpables de conspiración, actuar como agentes extranjeros no registrados y lavado de dinero
El excongresista David Rivera fue declarado culpable. Crédito: AP
Un jurado federal declaró culpables este viernes al excongresista republicano David Rivera y a la consultora política Esther Nuhfer por su participación en una operación de cabildeo extranjero vinculada a Venezuela, valorada en $50 millones de dólares durante el primer gobierno del Donald Trump.
Ambos enfrentaron cargos federales por conspiración contra Estados Unidos, actuar como agentes extranjeros sin registrarse, incumplir la ley de registro de agentes extranjeros y conspiración para lavado de dinero en relación con trabajos presuntamente realizados para el gobierno del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
Rivera, amigo del secretario de Estado Marco Rubio, se desempeñó como congresista por Florida entre 2011 y 2013, y quien tiene permaneció sin mostrar reacción visible mientras se leía el veredicto.
Juez ordena su detención inmediata
En el momento del fallo, se encontraba en libertad bajo fianza, pero la jueza Melissa Damian ordenó su detención inmediata al considerar que existía riesgo de fuga, debido al acceso a recursos financieros, la posible pena de prisión prolongada y otros cargos federales pendientes en Washington relacionados con cabildeo extranjero.
El proceso judicial se extendió durante siete semanas y expuso el papel de Miami como punto estratégico en campañas de influencia extranjera dirigidas a la política estadounidense hacia América Latina.
Testificó Marco Rubio
El juicio incluyó testimonios del secretario de Estado Marco Rubio, del congresista Pete Sessions y de una persona que hace cabildeo de Washington, quienes declararon haber desconocido inicialmente la existencia del contrato de consultoría vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA.
De acuerdo con la acusación federal de 11 cargos presentada en 2022, Rivera habría sido contactado por la entonces canciller venezolana Delcy Rodríguez para utilizar sus contactos políticos en Estados Unidos con el objetivo de influir en la política exterior del gobierno de Trump y suavizar las sanciones contra Venezuela.
Los fiscales alegaron que Rivera y Nuhfer utilizaron su red de contactos políticos, incluidos Rubio y Sessions, para impulsar gestiones diplomáticas relacionadas con el gobierno venezolano, describiendo estas interacciones como parte de una estrategia de influencia encubierta.
Secreto en cabildeo
Durante los alegatos finales, el fiscal Roger Cruz sostuvo que los acusados mantuvieron en secreto sus actividades de cabildeo y no las registraron como exige la ley federal. También afirmó que la omisión buscaba evitar el impacto político que habría tenido en la carrera de Rivera como defensor del anticomunismo.
La fiscalía presentó además pruebas sobre la creación de un grupo de mensajería cifrada llamado “MIA”, utilizado para coordinar comunicaciones con un intermediario vinculado al gobierno venezolano, el empresario Raúl Gorrín, quien ha sido acusado en Estados Unidos de sobornos a funcionarios en Venezuela. Según la evidencia presentada, los participantes usaban códigos para referirse a personas y conceptos, como apodos para políticos y términos en clave para dinero.
Transferencias multimillonarias
El gobierno también acusó a los implicados de intentar ocultar el origen de los fondos mediante documentos retroactivos y acuerdos simulados, incluyendo transferencias multimillonarias a empresas del sur de Florida relacionadas con gastos personales de lujo.
La actividad descrita en el juicio incluyó reuniones organizadas en ciudades como Nueva York, Caracas, Washington y Dallas, en las que participaron figuras políticas estadounidenses como parte de los intentos de acercamiento diplomático entre sectores vinculados al gobierno venezolano y actores en Washington.
La defensa de Rivera y Nuhfer sostuvo que ambos actuaron de buena fe y que no estaban obligados a registrarse como agentes extranjeros. Argumentaron que el contrato estaba relacionado con actividades comerciales, específicamente la intención de atraer a empresas petroleras de regreso a Venezuela, lo cual no requería registro bajo la ley federal.
También afirmaron que las reuniones con funcionarios estadounidenses se realizaron después del contrato inicial y tenían fines políticos generales relacionados con un cambio de gobierno en Venezuela, sin intención de beneficiar directamente al gobierno de Maduro.
Los abogados defensores rechazaron las acusaciones de conspiración y sostuvieron que la interpretación del gobierno era incorrecta. Nuhfer fue defendida bajo el argumento de ausencia de intención criminal, mientras que el equipo legal de Rivera insistió en que sus acciones no constituyeron una violación legal.
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