Estados Unidos autoriza pagos a defensa de Maduro en juicio por narcotráfico
Washington flexibiliza sanciones y permite cubrir la defensa legal del exmandatario en pleno proceso judicial
Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, durante una audiencia celebrada en un tribunal de Nueva York. Crédito: Elizabeth Williams | AP
Estados Unidos dio un giro inesperado en su política de sanciones contra Venezuela al autorizar que el gobierno de Caracas pueda cubrir los honorarios legales del equipo defensor de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York.
La decisión, revelada en documentos judiciales el 25 de abril, representa un cambio relevante en medio de un proceso que había estado marcado por tensiones legales y políticas. De acuerdo con información de la agencia Reuters, esta modificación busca evitar que el caso se vea comprometido por cuestionamientos sobre el derecho del acusado a una defensa adecuada.
Maduro, de 63 años, fue detenido el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas especiales estadounidenses. Junto a su esposa, Cilia Flores, fue trasladado a Nueva York, donde ambos enfrentan acusaciones que incluyen conspiración para el narcoterrorismo. La pareja se ha declarado inocente y permanece detenida en Brooklyn en espera de juicio.
El punto crítico surgió en febrero, cuando el abogado defensor Barry Pollack solicitó la desestimación del caso. Su argumento central: las sanciones impuestas por Washington impedían que el gobierno venezolano pagara su representación legal, lo que, a su juicio, violaba derechos constitucionales básicos.
Pollack sostuvo que bloquear estos pagos limitaba el derecho de su cliente a elegir defensa. “Equivale a una violación del derecho constitucional a contar con un abogado de su preferencia”, argumentó ante el tribunal.
El juez federal Alvin Hellerstein, encargado del caso en Manhattan, se mostró escéptico ante las restricciones. Durante una audiencia en marzo, dejó claro que no planeaba desechar el proceso, pero cuestionó si el bloqueo financiero estaba justificado.
“El derecho que está en juego, primordial sobre otros, es el derecho a la asistencia letrada constitucional”, afirmó el juez, subrayando que los acusados, sin importar su nacionalidad, tienen garantías legales en Estados Unidos.
Por su parte, la fiscalía defendió la postura inicial del gobierno. El fiscal Kyle Wirshba argumentó que las sanciones respondían a intereses de seguridad nacional y política exterior, y sostuvo que el poder judicial no tiene facultades para modificar decisiones del Departamento del Tesoro.
Sin embargo, el contexto político también ha cambiado. Desde la salida de Maduro del poder, las relaciones entre Washington y Caracas han mostrado señales de distensión, particularmente bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez.
Este nuevo escenario habría influido en la flexibilización de las sanciones, permitiendo así garantizar el debido proceso sin interferencias legales.
Sigue leyendo:
