El Departamento de Justicia demanda a Nuevo México por frenar leyes migratorias
Washington acusa a Albuquerque y al estado de obstaculizar operativos federales de inmigración
El gobierno de Estados Unidos demandó a Nuevo México y Albuquerque por políticas relacionadas con inmigración. Crédito: J. David Ake | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda federal contra el estado de Nuevo México y la ciudad de Albuquerque por considerar que sus políticas locales interfieren con la aplicación de las leyes migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
La querella, interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, también incluye a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, al fiscal general estatal Raul Torrez y al alcalde de Albuquerque Timothy Keller.
El DOJ argumenta que la implementación de la Ley HB9, conocida como “Ley de Seguridad para Inmigrantes”, así como la ordenanza municipal denominada “Ordenanza de Espacios Exteriores Seguros”, limita la cooperación entre autoridades locales y agentes federales encargados de operativos migratorios.
Según el gobierno estadounidense, estas disposiciones dificultan que autoridades federales utilicen instalaciones públicas locales para tareas relacionadas con inmigración y además obligan a ciertos negocios privados a alertar a personas indocumentadas sobre operativos de control migratorio.
“Nuevo México está intentando regular la política migratoria, algo que la Constitución otorga de manera clara y exclusiva al gobierno federal”, declaró el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, integrante de la División Civil del Departamento de Justicia.
El funcionario agregó que la demanda busca “preservar la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales” y garantizar que las autoridades migratorias puedan hacer cumplir la ley.
Por su parte, Ryan Ellison, primer fiscal adjunto federal para el Distrito de Nuevo México, acusó a las autoridades estatales y municipales de “obstruir intencionalmente” la aplicación de la legislación federal migratoria.
Ellison afirmó que las medidas impulsadas en Nuevo México podrían afectar acuerdos históricos de colaboración entre agencias locales y federales, además de poner en riesgo empleos y actividades económicas vinculadas a centros de detención migratoria en el estado.
La demanda forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump contra las llamadas “jurisdicciones santuario”, ciudades y estados que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales.
De acuerdo con el comunicado oficial, el DOJ comenzó desde febrero de 2025 a identificar políticas estatales y locales que, a su juicio, facilitan violaciones a las leyes migratorias o interfieren con operativos federales.
En agosto del mismo año, Albuquerque fue incluida en una lista de jurisdicciones santuario elaborada por el gobierno federal.
Hasta el momento, las autoridades de Nuevo México no han emitido una postura oficial detallada sobre la demanda. El caso permanece abierto y, según el propio Departamento de Justicia, las acusaciones presentadas aún no han sido probadas ante el tribunal.
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