Corte Suprema desestima la solicitud de Alabama para ejecutar a un recluso con discapacidad intelectual
La sorpresiva medida de los magistrados deja en firme la sentencia de un tribunal inferior que bloquea de manera definitiva la ejecución
Imagen ilustrativa que muestra la silla eléctrica del estado en Columbia, Carolina del Sur. Crédito: Departamento de Correccionales de Carolina del Sur/ Archivo | AP
El Tribunal Supremo evitó emitir una decisión definitiva sobre uno de los debates más sensibles dentro del sistema judicial estadounidense: la aplicación de la pena de muerte a personas con discapacidad intelectual.
En una determinación inusual y sin explicación detallada, la máxima corte desestimó la apelación presentada por el estado de Alabama para ejecutar a Joseph Clifton Smith, un hombre de 55 años condenado por asesinato en 1997 y que ha pasado cerca de tres décadas en el corredor de la muerte.
La resolución deja vigente el fallo de tribunales inferiores que concluyeron que Smith presenta discapacidad intelectual y, por lo tanto, está protegido contra la pena capital bajo la Constitución de Estados Unidos.
La decisión dividió a los magistrados. Las juezas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson respaldaron la desestimación del caso, junto con los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
En contraste, los magistrados conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts y Neil Gorsuch criticaron la decisión y consideraron que el Supremo perdió una oportunidad clave para aclarar cómo deben evaluarse estos casos límite.
Debate sobre coeficiente intelectual y pena capital
El centro del caso giró en torno a cómo los tribunales deben interpretar múltiples pruebas de coeficiente intelectual en personas condenadas a muerte.
Las cinco evaluaciones de CI realizadas a Smith arrojaron resultados entre 72 y 78, cifras ligeramente superiores al umbral de 70 que históricamente ha servido como referencia para determinar discapacidad intelectual en procesos de pena capital.
Sin embargo, tribunales inferiores tomaron en cuenta otros factores más allá de las pruebas numéricas. Entre ellos, el historial escolar de Smith, quien fue ubicado en clases de educación especial, abandonó la escuela en séptimo grado y presentaba severas dificultades de aprendizaje y adaptación social.
De acuerdo con documentos judiciales, sus habilidades matemáticas correspondían al nivel de un niño de jardín de infancia, mientras que sus capacidades de lectura y escritura eran equivalentes a las de estudiantes de primaria.
Un tribunal federal concluyó además que Smith tenía problemas significativos para desenvolverse en tareas cotidianas, incluyendo manejar dinero, mantener una cuenta bancaria o comprar alimentos sin ayuda.
El Supremo evita fijar una norma nacional
Aunque la Corte Suprema había aceptado revisar el caso meses atrás, finalmente optó por desecharlo por motivos procesales, evitando así establecer un estándar nacional sobre cómo analizar resultados de CI en condenados a muerte.
En una opinión concurrente, Sotomayor sostuvo que los métodos para evaluar discapacidad intelectual son complejos incluso entre especialistas y que el Supremo no estaba en posición de fijar una guía clara para todos los tribunales del país.
“El tribunal no está capacitado para brindar orientación significativa sobre cómo deben evaluarse múltiples puntuaciones de coeficiente intelectual”, escribió la magistrada.
La decisión preserva un precedente histórico emitido en 2002, cuando la Corte Suprema prohibió ejecutar a personas con discapacidad intelectual por considerar que viola la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe castigos crueles e inusuales.
No obstante, el fallo original dejó en manos de los estados la definición de criterios específicos, lo que ha generado diferencias importantes entre jurisdicciones y constantes disputas judiciales.
El caso de Smith podría tener repercusiones nacionales debido a que decenas de reclusos en corredores de la muerte de distintos estados presentan perfiles similares, con resultados de CI ubicados en la zona limítrofe entre discapacidad intelectual y elegibilidad para la pena capital.
Actualmente, Estados Unidos y Japón son las únicas naciones del G7 que todavía mantienen vigente la pena de muerte.
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