Texas ejecuta al preso número 600: cuál es el peso hispano en el corredor de la muerte
Texas llega a una cifra histórica de ejecuciones: por qué sigue liderando la pena de muerte en EE.UU. y por qué se habla de desigualdad
Texas alcanzó las 600 ejecuciones desde que retomó la pena de muerte, una cifra que reabre el debate sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia
Texas volvió a marcar un hito que ningún otro estado de Estados Unidos se acerca a igualar: ejecutó al preso número 600 desde que retomó la aplicación de la pena de muerte en 1982. El caso fue el de Edward Busby Jr., condenado por el secuestro y asesinato de Laura Lee Crane, una profesora jubilada de 77 años, en un crimen ocurrido en 2004 en el área de Fort Worth.
Busby murió por inyección letal el jueves por la noche en la prisión estatal de Huntsville, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos levantara una suspensión que había frenado temporalmente la ejecución. Su muerte cerró una serie de recursos de último momento presentados por sus abogados, quienes sostenían que el condenado tenía discapacidad intelectual y, por lo tanto, no debía ser ejecutado bajo los estándares constitucionales vigentes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el peso de Texas en la pena capital, pero también una tensión más profunda: cómo se aplica la pena de muerte, quién decide, qué margen tienen los tribunales en las horas finales y qué ocurre cuando aparecen dudas sobre la capacidad intelectual de una persona condenada.
Quién era Edward Busby y por qué fue condenado a muerte
Edward Busby Jr. había sido condenado por la muerte de Laura Lee Crane, una profesora jubilada de Texas Christian University. Según la acusación, Crane fue secuestrada en enero de 2004 en el estacionamiento de un supermercado y luego dejada en el baúl de su propio vehículo, donde murió asfixiada.
El caso tuvo un impacto profundo por la violencia del crimen y por la historia de la víctima, recordada como una educadora dedicada durante décadas a ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. Un representante de la familia dijo tras la ejecución que los allegados de Crane no buscaban venganza, sino responsabilidad bajo la ley y memoria para la vida de la víctima.
Busby fue detenido posteriormente en Oklahoma City mientras conducía el auto de Crane y llevó a las autoridades hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo, al norte de la frontera entre Texas y Oklahoma. Su coacusada, Kathleen Latimer, cumple una condena de cadena perpetua por asesinato.
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La Corte Suprema permitió la ejecución en las horas finales
La ejecución no estuvo despejada hasta el mismo día. Días antes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito había suspendido temporalmente el procedimiento por las dudas planteadas sobre la elegibilidad de Busby para la pena capital debido a una posible discapacidad intelectual.
Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó esa suspensión el jueves, lo que permitió a Texas avanzar con la ejecución. El fallo llegó en medio de una disputa jurídica sensible: expertos citados en el caso habían señalado limitaciones intelectuales, pero los tribunales estatales terminaron manteniendo la condena a muerte.
Este punto es central porque la Corte Suprema prohibió ejecutar a personas con discapacidad intelectual en el precedente Atkins v. Virginia de 2002. Desde entonces, muchos litigios de pena capital giran no solo sobre la culpabilidad, sino sobre si una persona cumple o no con los criterios legales y clínicos que la hacen inelegible para la ejecución.
Texas y una cifra que ningún otro estado alcanza
La ejecución de Busby marcó la número 600 en Texas desde que el estado volvió a aplicar la pena de muerte en 1982, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos restableciera la constitucionalidad de la pena capital bajo nuevos estándares en 1976.
El dato refleja una diferencia enorme con el resto del país. Texas ha sido durante décadas el epicentro de la pena de muerte en Estados Unidos, tanto por cantidad de condenas como por ejecuciones realizadas. Aunque en los últimos años el ritmo de ejecuciones en el estado se redujo frente a décadas anteriores, su peso histórico sigue siendo dominante.
La ejecución de Busby fue la cuarta en Texas en lo que va de 2026 y la número 12 a nivel nacional este año, según reportó Associated Press.
Cuántos hispanos han sido ejecutados en EE.UU.
Desde que Estados Unidos retomó las ejecuciones en 1976, las personas latinas representan alrededor del 8% de los ejecutados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).
Si se toma como base el total nacional de ejecuciones desde 1976, ese porcentaje equivale aproximadamente a 130 personas latinas ejecutadas en EE.UU. La cifra exacta puede variar levemente según el momento de actualización de las bases, porque DPIC clasifica “Latino/a” dentro de sus categorías raciales para homogeneizar fuentes, aunque el gobierno federal suele tratar “hispano” como origen étnico y no como raza.
Para sumar contexto actual, DPIC registra que las personas latinas representan 14.72% de la población en corredor de la muerte en EE.UU., según datos de Death Row USA al 1 de octubre de 2025.
En Texas, el peso hispano en el corredor de la muerte es incluso más alto: el Departamento de Justicia Criminal de Texas reportaba 45 presos hispanos condenados a muerte, equivalentes al 26.9% del total estatal, con datos actualizados al 6 de mayo de 2026.
Un debate que no se limita a Texas
El caso reabre preguntas que atraviesan a todo el sistema penal estadounidense. Para los defensores de la pena capital, ejecuciones como la de Busby representan una respuesta legal a crímenes extremadamente graves y una forma de justicia para las víctimas y sus familias.
Para sus críticos, en cambio, el caso muestra los riesgos de un sistema irreversible cuando existen dudas sobre discapacidad intelectual, desigualdad territorial, representación legal, raza o el peso político de los fiscales locales en la decisión de pedir una fecha de ejecución.
En tanto, organizaciones especializadas advierten que la pena de muerte en Texas no se aplica de manera uniforme. Según datos de Texas Coalition to Abolish the Death Penalty (TCADP), citados también por Death Penalty Information Center (DPIC), unos pocos condados concentran una parte desproporcionada de las ejecuciones: Harris County suma 136, Dallas County 67, Tarrant County 48 y Bexar County 46.
Esa concentración refuerza una crítica frecuente al sistema: el destino de una persona acusada de un crimen capital puede depender tanto del condado y de sus fiscales como de los hechos del caso.
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