Aumenta presión para que renuncie jueza federal que tuvo sexo con policía en sus oficinas
Eleanor Ross, jueza federal de Georgia, recibió una amonestación por mantener durante dos años relaciones sexuales en su despacho con un agente de policía
De acuerdo con los reportes oficiales de la investigación, el romance extramarital ocurría frecuentemente a la hora del almuerzo, cuando el oficial acudía uniformado al tribunal. Crédito: Tomada del portal https://www.law.uh.edu/ | Cortesía
Crece la indignación en los pasillos de la justicia federal estadounidense. Diversos sectores civiles y legales han comenzado a alzar la voz para exigir la renuncia inmediata de la jueza federal de Georgia, Eleanor Ross.
La jueza enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo luego de que una investigación interna del sistema judicial concluyera que mantuvo durante años una relación sexual con un agente de policía dentro de su despacho, en horarios laborales y en circunstancias que fueron presenciadas o escuchadas por miembros de su personal.
La controversia ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial federal, especialmente porque la sanción impuesta consistió únicamente en una amonestación privada que no implicó suspensión ni destitución.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, la magistrada sostuvo una relación extramarital con un oficial de alto rango durante aproximadamente dos años. Parte de esos encuentros ocurrieron en su oficina dentro del tribunal federal, donde empleados reportaron haber observado visitas frecuentes del agente e incluso haber escuchado lo que describieron como actividad sexual.
El caso salió a la luz después de que uno de los asistentes legales de la jueza presentara una denuncia formal. Cuando fue confrontada inicialmente por las acusaciones, la magistrada negó los hechos y sugirió que el denunciante había inventado la historia como represalia por cuestiones laborales. Sin embargo, posteriormente admitió la relación.
Investigación reveló contradicciones y falta de honestidad
La pesquisa incluyó entrevistas con varios empleados, revisión de registros de seguridad y análisis de evidencias que corroboraron las visitas frecuentes del agente al despacho judicial.
Uno de los aspectos que más preocupación generó entre expertos legales fue que la jueza negó inicialmente los hechos durante la investigación. Para críticos del sistema judicial, esa conducta afecta directamente la credibilidad de una funcionaria cuya labor cotidiana consiste en evaluar la veracidad de testigos, acusados y litigantes.
Aunque el Consejo Judicial del 11.º Circuito concluyó que existió una conducta impropia, también consideró factores atenuantes, entre ellos que la jueza terminó la relación, reconoció posteriormente los hechos y aceptó ciertas medidas correctivas, como disculparse con exasistentes legales y abstenerse temporalmente de ocupar posiciones de liderazgo dentro del sistema judicial.
La decisión fue ratificada por la Comisión de Conducta Judicial e Incapacidad de la Conferencia Judicial de Estados Unidos.
Crecen llamados para una mayor supervisión judicial
El caso ha provocado reacciones entre abogados, especialistas en ética pública y grupos que promueven reformas en el sistema judicial federal. Algunos consideran que la sanción fue insuficiente frente a la gravedad de las conclusiones alcanzadas por la investigación.
También han surgido cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, debido a que el agente involucrado pertenecía a una corporación policial cuyos integrantes podrían comparecer ante el tribunal de la jueza en distintos procedimientos judiciales.
Los críticos sostienen que la situación refleja problemas estructurales dentro del sistema disciplinario de los jueces federales, quienes cuentan con nombramientos vitalicios y solo pueden ser removidos mediante un proceso de juicio político en el Congreso.
Además, organizaciones que promueven reformas judiciales argumentan que los empleados del Poder Judicial carecen de protecciones similares a las que existen para otros trabajadores federales cuando denuncian irregularidades o posibles abusos en sus lugares de trabajo.
Mientras continúan las críticas, algunos sectores han pedido la renuncia voluntaria de la magistrada, mientras que otros solicitan al Congreso revisar los mecanismos de supervisión y disciplina aplicables a los jueces federales.
Por ahora, la jueza permanece en funciones y conserva la autoridad para seguir conociendo casos en el tribunal federal donde ejerce, una situación que mantiene abierto el debate sobre los estándares éticos que deben cumplir quienes ocupan uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro del sistema judicial de Estados Unidos.
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