Trump evaluó suspender una garantía constitucional para acelerar deportaciones
Documentos internos revelan que la Casa Blanca analizó limitar el acceso de inmigrantes detenidos a los tribunales en medio de su ofensiva migratoria
Donald Trump y su equipo evaluaron opciones legales para acelerar deportaciones, incluida la suspensión del habeas corpus para migrantes indocumentados. Crédito: Alex Brandon | AP
La administración del presidente Donald Trump llegó a considerar una de las medidas más controvertidas de su segundo mandato: suspender el derecho de habeas corpus para inmigrantes indocumentados con el objetivo de acelerar las deportaciones masivas.
La revelación proviene de una investigación publicada por The New York Times, que obtuvo un memorando confidencial elaborado en abril de 2025 por Will Scharf, entonces secretario de personal de la Casa Blanca. El documento advertía sobre los riesgos legales y constitucionales de limitar una de las protecciones más antiguas del sistema judicial estadounidense.
El habeas corpus permite que cualquier persona detenida exija ante un juez que el Gobierno justifique legalmente su arresto. Se trata de una garantía fundamental contra detenciones arbitrarias y está protegida por el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos.
Según la investigación, la propuesta fue impulsada por Stephen Miller, subjefe de gabinete y principal arquitecto de la estrategia migratoria de Trump. La idea surgió en un momento en que los tribunales comenzaban a frenar algunas de las medidas más agresivas de la Casa Blanca en materia migratoria.
El debate que encendió alarmas en la Casa Blanca
El memorando de Scharf refleja la preocupación de varios funcionarios sobre los límites del poder presidencial.
“La Constitución permite la suspensión del habeas corpus únicamente en casos de rebelión o invasión”, escribió el abogado en el documento enviado a la jefa de gabinete, Susie Wiles.
Scharf también recordó que históricamente la suspensión de este derecho solo ha ocurrido en situaciones extremas, como la Guerra Civil o después del ataque a Pearl Harbor, y que los tribunales han sostenido que corresponde al Congreso autorizar una medida de ese tipo.
“En la práctica, impide que los agentes gubernamentales detengan, encarcelen o ejecuten a personas de forma arbitraria”, señaló el funcionario en una de las advertencias más contundentes del documento.
De acuerdo con el reporte, algunos integrantes de la Casa Blanca llegaron a describir la propuesta en privado como “una locura”, preocupados por las consecuencias legales y políticas que podría desencadenar.
La presión de los tribunales y las deportaciones masivas
El debate se produjo mientras la administración enfrentaba una creciente resistencia judicial a sus políticas migratorias.
En abril de 2025, la Corte Suprema permitió al Gobierno continuar utilizando la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a ciertos inmigrantes venezolanos, pero también determinó que los detenidos tenían derecho a impugnar sus expulsiones ante los tribunales mediante recursos de habeas corpus.
Ese fallo ralentizó parte de la estrategia de deportaciones impulsada por la Casa Blanca y abrió la puerta a miles de demandas federales.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se presentaron más de 41.000 demandas relacionadas con inmigración, una cifra sin precedentes.
Una idea que no prosperó, pero dejó señales de alerta
Finalmente, la propuesta no avanzó. Sin embargo, la investigación de The New York Times revela hasta qué punto algunos sectores de la administración exploraron mecanismos extraordinarios para ampliar la autoridad presidencial y reducir la intervención de los tribunales en asuntos migratorios.
Consultada por el diario, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que es habitual que los funcionarios analicen distintas opciones legales para implementar la agenda presidencial y subrayó que la decisión final siempre corresponde al mandatario.
Aunque el habeas corpus no fue suspendido, expertos consideran que el simple hecho de haber evaluado la medida representa una señal de alarma sobre los límites del poder ejecutivo y el futuro de los derechos procesales de los inmigrantes en Estados Unidos.
Sigue leyendo:
