Mike Johnson impulsa la polémica Ley SAVE tras ultimátum de Trump al Congreso
El presidente de la Cámara busca aprobar restricciones al registro electoral mientras crece la tensión entre republicanos por la presión ejercida por Trump
La propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de año, pero quedó bloqueada en el Senado. Crédito: Jose Luis Magana | AP
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció este miércoles que redoblará los esfuerzos para aprobar la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America Act), una controvertida reforma electoral respaldada por Donald Trump, después de que el mandatario condicionara la promulgación de una importante ley bipartidista sobre vivienda a la aprobación de dicha iniciativa.
La decisión de Johnson se produjo horas después de que Trump cancelara la ceremonia de firma de la denominada “21st Century ROAD to Housing Act”, una legislación destinada a aumentar la oferta de vivienda asequible y aprobada con amplio respaldo en ambas cámaras del Congreso.
El mandatario argumentó que la aprobación de la Ley SAVE constituye una “emergencia nacional” y exigió que el Congreso actúe primero sobre esa propuesta. Según medios como Axios, Reuters y CBS News, Trump utilizó el retraso de la ley de vivienda como mecanismo de presión sobre los legisladores republicanos y el Senado.
Durante declaraciones a la prensa en el Capitolio, Johnson confirmó que había conversado con Trump sobre la posibilidad de utilizar el procedimiento de reconciliación presupuestaria para intentar sacar adelante la legislación electoral, una estrategia que permitiría evitar algunos obstáculos legislativos en el Senado.
La Ley SAVE es una de las principales prioridades legislativas de Trump en su segundo mandato. La iniciativa exigiría a los ciudadanos presentar documentación que pruebe su ciudadanía estadounidense, como pasaporte o certificado de nacimiento, para registrarse para votar en elecciones federales. Además, contempla requisitos más estrictos de identificación electoral.
Los republicanos sostienen que estas medidas fortalecerían la integridad de las elecciones y evitarían la participación de personas no autorizadas en los procesos electorales. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, expertos electorales y legisladores demócratas afirman que los nuevos requisitos podrían dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos elegibles, especialmente mujeres casadas cuyos documentos presentan diferencias de apellido, personas de bajos ingresos y minorías.
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