México insiste que EE.UU. no ha entregado pruebas para detener a funcionarios relacionados al narco
La SRE de México hizo públicas las comunicaciones diplomáticas, delimitando una postura tajante basada en el respeto a la soberanía nacional y el debido proceso
La fiscal general de México, Ernestina Godoy, precisó que se ha solicitado a sus homólogos estadounidenses que "expliquen por qué es urgente" la detención. Crédito: Fiscalía General de la República/ Archivo | Cortesía
El Gobierno de México reiteró que las autoridades de Estados Unidos aún no han presentado las pruebas necesarias para sustentar la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante una conferencia de prensa, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que las investigaciones continúan, pero subrayaron que, conforme al marco jurídico mexicano, no existen hasta el momento elementos probatorios suficientes para ejecutar las órdenes solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que las autoridades mexicanas han entrevistado al gobernador Rocha Moya y a otros servidores públicos mencionados en la acusación estadounidense, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El funcionario señaló que la cooperación bilateral continúa, pero enfatizó que cualquier decisión deberá apegarse al estándar probatorio que exige la legislación mexicana y al respeto del debido proceso.
FGR mantiene abierta la investigación mientras solicita mayor sustento a Washington
Las acusaciones surgieron después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentara, el pasado 29 de abril, una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señala de haber colaborado durante años con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de utilizar sus cargos públicos para brindar protección institucional a integrantes de la organización criminal, impedir operativos, filtrar información confidencial y favorecer sus actividades ilícitas.
Los cargos también incluyen conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. En el caso del exmando policial Juan Valenzuela Millán, la acusación incorpora además delitos relacionados con secuestro con resultado de muerte.
La fiscal general Ernestina Godoy explicó que la investigación mexicana se limita a los delitos señalados en la petición estadounidense y que hasta ahora no se ha ampliado hacia otras posibles conductas ilícitas. Agregó que las autoridades mexicanas solicitaron a Estados Unidos explicar por qué consideran urgente la detención de los acusados y aportar mayores evidencias que respalden esa petición.
Relaciones Exteriores defiende la soberanía y el debido proceso
Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió las comunicaciones oficiales intercambiadas con Washington respecto a las solicitudes de extradición. En esos documentos, el gobierno mexicano sostiene que cualquier acción judicial debe sustentarse en pruebas claras, verificables y compatibles con la legislación nacional. Asimismo, reafirma que todas las solicitudes fueron canalizadas a la FGR, institución encargada de determinar el curso legal del procedimiento conforme al Estado de derecho.
La Cancillería también reiteró que México mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, pero subrayó que no permitirá injerencias externas en decisiones que competen exclusivamente a las autoridades nacionales.
Además, expresó su inconformidad por la difusión pública de información relacionada con las solicitudes de extradición antes de que se desarrollen los procedimientos judiciales correspondientes, al considerar que ello puede afectar el derecho al debido proceso de las personas señaladas.
Mientras las investigaciones avanzan en ambos países, las autoridades estadounidenses han precisado que las acusaciones constituyen imputaciones formales y que todos los involucrados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.
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