Gobierno de Trump adjudica nuevo centro de detención migratoria en Hudson, Colorado
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas otorgó este millonario contrato para poner en marcha el complejo conocido como Centro Correccional de Big Horn
Hasta el momento, GEO Group ya administra la única instalación de ICE activa en Colorado, ubicada en la ciudad de Aurora, con capacidad para 1,500 personas. (Imagen ilustrativa) Crédito: Richard Vogel/ Archivo | AP
La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en la expansión de su infraestructura para la detención de inmigrantes al adjudicar un contrato de cinco años a la empresa privada GEO Group para operar un nuevo centro de procesamiento migratorio en Hudson, Colorado, una decisión que ha reavivado el debate entre autoridades, legisladores y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
El proyecto contempla la reapertura de una antigua prisión privada, conocida como Big Horn Facility, ubicada a unos 30 millas (48 kilómetros) al noreste de Denver. El inmueble, que permanecía sin operaciones desde hace más de una década, tendrá capacidad para albergar hasta 1,188 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según informó GEO Group, el contrato alcanza un valor máximo de 528.7 millones de dólares durante cinco años y permitirá que la compañía proporcione servicios de seguridad, mantenimiento, alimentación, atención médica, recreación y apoyo para el acceso a representación legal de las personas detenidas. La empresa estima que el primer año completo de operaciones generará alrededor de 85 millones de dólares en ingresos, sin incluir los servicios de transporte.
La apertura del complejo se suma a la estrategia del gobierno federal para ampliar el número de camas disponibles en los centros de detención migratoria, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas de control migratorio y el incremento de operativos de ICE en distintas regiones del país.
Crece la capacidad de detención en Colorado
Actualmente, Colorado cuenta con un solo centro de detención de ICE, ubicado en Aurora y también administrado por GEO Group, con capacidad para más de 1,500 personas. La incorporación del complejo de Hudson prácticamente duplicará la capacidad de detención migratoria del estado.
El presidente ejecutivo de GEO Group, George C. Zoley, afirmó que la empresa está preparada para continuar apoyando al gobierno federal en sus prioridades de control migratorio y señaló que las nuevas instalaciones ayudarán a responder a la creciente demanda de espacios para el procesamiento de inmigrantes. La antigua prisión de Big Horn abrió sus puertas en 2009 como un centro correccional privado, pero dejó de operar apenas cinco años después.
Ahora, tras la firma del contrato de arrendamiento entre GEO Group y el propietario del inmueble, volverá a funcionar con un propósito distinto.
Persisten críticas de legisladores y organizaciones
El anuncio provocó nuevas críticas de organizaciones civiles y representantes demócratas de Colorado, quienes desde el año pasado habían solicitado al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el proyecto. Los opositores sostienen que la ubicación rural de Hudson dificultará que las personas detenidas mantengan contacto frecuente con sus familiares y abogados, debido a la escasa oferta de transporte público y la distancia respecto al área metropolitana de Denver.
Los senadores Michael Bennet y John Hickenlooper, junto con la representante Brittany Pettersen, también habían expresado preocupaciones por la falta de transparencia en el proceso de adjudicación y por antecedentes relacionados con la supervisión de centros administrados por GEO Group.
Mientras tanto, autoridades municipales de Hudson han reconocido que cuentan con limitadas herramientas legales para impedir que el inmueble sea utilizado como instalación federal de detención.
Hasta ahora, ICE no ha informado la fecha en que comenzará a operar el nuevo centro ni cuándo iniciará el traslado de los primeros migrantes a las instalaciones. Entretanto, organizaciones comunitarias mantienen convocatorias para analizar posibles acciones y continuar expresando su rechazo al proyecto.
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