ACLU lanza alerta por guantes eléctricos de ICE: “Es una receta para dañar al público”
La organización cuestiona que agentes puedan aplicar descargas con un botón y sin que las personas detenidas sepan que serán usadas
ICE podría equipar a sus agentes con guantes capaces de aplicar descargas eléctricas durante detenciones de inmigración. Crédito: Eric Thayer | AP
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) encendió las alarmas ante el plan de ICE para incorporar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas durante sus operativos de inmigración, al considerar que la herramienta podría facilitar el uso de la fuerza y aumentar el riesgo de abusos.
La reacción ocurre después de que AP revelara que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla gastar hasta $20 millones para adquirir miles de estos dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., y distribuirlos entre sus agentes antes de marzo.
El equipo, fabricado por Compliant Technologies LLC, funciona como un guante de patrulla convencional hasta que el agente activa un interruptor que libera una descarga al entrar en contacto directo con la piel.
Para la ACLU, sin embargo, el problema no es solamente la tecnología, sino quién podría utilizarla, bajo qué circunstancias y con qué nivel de supervisión.
ACLU cuestiona el uso de descargas por ICE
Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública de la ACLU, cuestionó que una herramienta de este tipo sea necesaria para la aplicación civil de las leyes de inmigración.
En declaraciones recogidas por la agencia antes citada, la representante de la organización puso el foco en una característica particularmente polémica: la posibilidad de activar el dispositivo con un botón que podría pasar inadvertido para la persona detenida.
“ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con apenas tocar un botón que quizá nadie más pueda ver que accionan”, afirmó Rolnick Borchetta.
La crítica va más allá de cuestionar el dispositivo. La ACLU sostiene que existe un problema de confianza respecto a la manera en que los agentes de ICE utilizarían esta nueva herramienta.
“Contar con guantes que pueden usarse con tanta facilidad para causar un dolor terrible en los encuentros es una receta para dañar a la población”, agregó la representante.
Así funcionan los guantes que ICE quiere comprar
Los G.L.O.V.E., siglas en inglés de ‘Generated Low Output Voltage Emitter’, están diseñados para generar un estímulo eléctrico doloroso cuando el guante entra en contacto directo con la piel.
De acuerdo con el fabricante, el agente puede activar el sistema mediante un interruptor y utilizarlo para conseguir que una persona deje de resistirse. La empresa sostiene que el efecto puede producirse en cuestión de segundos.
John Peters, presidente del Institute for the Prevention of In-Custody Deaths, explicó a AP que la descarga es “inmediata y aguda” y la comparó con “un piquete de abeja”.
El fabricante asegura que los dispositivos ya han sido utilizados en algunas cárceles y departamentos de policía, principalmente en situaciones específicas de traslado o cuando existe resistencia física.
También establece restricciones: los guantes no deberían utilizarse como castigo, contra personas que solamente muestran desafío verbal ni contra grupos considerados de alto riesgo, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad.
Aun así, la ACLU considera que el posible uso de la herramienta por parte de ICE merece especial escrutinio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofreció comentarios sobre el cuestionamiento. Por su parte, Jeff Niklaus, director ejecutivo de Compliant Technologies, respondió: “Lamentablemente, no podemos hablar sobre este tema”.
El plan todavía requiere que ICE concrete el proceso de adquisición. Pero para la ACLU, el debate ya está sobre la mesa: si los agentes tendrán una herramienta capaz de provocar dolor con solo presionar un botón, la pregunta será qué controles existirán para impedir que una detención migratoria termine en un uso innecesario de la fuerza.
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