Miedo, ansiedad e incertidumbre ante la inminente expiración del TPS para los salvadoreños
Más de 200,000 salvadoreños pueden perder su estatus legal en septiembre
Isela García, beneficiaria del TPS desde los 17 años. Crédito: Araceli Martínez/ ACoM | Cortesía
Isela García se debate entre la preocupación, el estrés y la ansiedad desde que se enteró que el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños llegará a su fin el 9 de septiembre en Estados Unidos.
“Lo que más me preocupa es perder el estatus legal y estar en riesgo de ser deportada de la noche a la mañana”, dice. “Si me meten a un centro de detención, no sé cuánto tiempo me puedan tener ahí, y por relatos que he escuchado es terrible”.
El año pasado, la administración Trump anunció que terminaría el TPS para los más de 200,000 salvadoreños que residen en el país, muchos de los cuales llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.
La administración ha decidido cancelar la designación de TPS para 13 de los 17 países que contaban con ella, lo que afecta a cerca de 1.3 millones de personas. Nueve países entre ellos Nicaragua, Venezuela, Haití y Honduras ya han visto cancelado el TPS.
Este programa otorga a sus beneficiarios un alivio temporal frente a la deportación, así como autorización para trabajar. El programa fue aprobado por el Congreso con apoyo bipartidista como parte de la Ley de Inmigración de 1990.
Los Ángeles alberga una de las comunidades salvadoreñas más grandes del país. García, de 36 años, llegó a la ciudad cuando tenía apenas cinco años. A los 17, tanto ella como su madre obtuvieron el TPS por primera vez.
“El TPS me ha permitido ser productiva”, dice García, quien se graduó de Cal State Los Ángeles y trabaja como administradora para una empresa importadora de mariscos en Carson, a unas 13 millas al sur del centro de Los Ángeles.
“Antes de Trump, nosotros vivíamos en paz. Cuando él entró empezó la ansiedad y la preocupación. Los otros presidentes nunca habían intentado quitar el TPS y nunca habíamos tenido que ir a luchar a las cortes, ni ir con los congresistas a abogar para que lo renovaran”, dice.
“Estos dos términos de Trump han sido una batalla diaria. Nos cambió la vida por completo”.
Fue en enero de 2001 cuando el gobierno estadounidense otorgó el TPS a los salvadoreños tras dos devastadores terremotos que mataron a más de 1,000 personas.
Durante un cuarto de siglo, han criado hijos ciudadanos estadounidenses, comprado viviendas, creado empresas y han sido un pilar para industrias esenciales.
Muchos se enfrentan ahora a la posibilidad de perder todo aquello por lo que han trabajado y que han construido.
“Sin el TPS, vamos a perder la posibilidad de trabajar legalmente. Muchos empleadores aquí en los Estados Unidos no quieren correr riesgos”, dice García.
“He vivido aquí toda mi vida. He estudiado y trabajado aquí. Regresar deportada a El Salvador significa comenzar de cero en un país que no conozco”, dice. “Lo que me ha ayudado mucho durante todo este tiempo es ser parte de la organizaciones como CARECEN donde nos dan mucho apoyo emocional”.
García también destacó la labor de organizaciones como la National TPS Alliance (de la que CARECEN forma parte), que impulsó un proyecto de ley para otorgar la residencia a los beneficiarios del TPS.
Dicho proyecto, la Ley del Sueño Americano y la Promesa (HR 1589), permanece estancado en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano. En junio, un grupo de legisladores demócratas comenzó a promover una petición para forzar una votación sobre la iniciativa en el pleno de la Cámara; no obstante, incluso en el improbable caso de que fuera aprobada, casi con toda seguridad el presidente la vetaría.
Lorena Zepeda es madre de dos hijos, ambos nacidos en Los Ángeles. Cuenta con el TPS desde 2001 y comenzó a trabajar a tiempo completo en CARECEN hace dos años, tras varios años como voluntaria.
“Tenemos miedo, pero nos aferramos a la esperanza porque hemos luchado en Washington durante muchos años; hemos marchado y nos hemos reunido con legisladores. Hemos hecho de todo”, dijo Zepeda, cuyo esposo, Orlando, y su hijo, Benjamin Zepeda, quien entonces tenía 14 años, fueron demandantes en un litigio de 2018 que impugnaba el intento de la primera administración Trump de poner fin al programa TPS.
“Hay tristeza, hay miedo, porque en este momento nadie está seguro; todos corren peligro con esta administración, incluso quienes nacieron aquí”, añadió. “Te detienen simplemente por protestar”.
Para Walter Ventura, el temor a perder el TPS se ve agravado porque también podría perder su licencia de conducir comercial. Ventura lleva años trabajando como camionero en los puertos de Los Ángeles y Long Beach y afirma ser el único sustento de su hogar.
“No sabemos qué puede pasar cuando salgo”, señaló Ventura, quien relató que su propio hijo fue acosado por agentes federales de inmigración. “Querían llevarse a mi hijo, que es ciudadano estadounidense y trabaja para FedEx. No creían que hubiera nacido en Estados Unidos ni mostraron identificación”.
Ventura cuenta que los hombres se refirieron a su hijo como “mojado”, un término peyorativo y racista dirigido a inmigrantes de México y Centroamérica debido al color moreno de su piel
De acuerdo a la organización FWD.us, los beneficiarios del TPS aportan aproximadamente $29,000 millones anuales a la economía de Estados Unidos, además de pagar $7,800 millones en impuestos federales, sobre la nómina, estatales y locales combinados.
La autorización de trabajo para los salvadoreños beneficiarios del TPS finalizó oficialmente el 5 de agosto, aunque la designación del país sigue vigente hasta el 9 de septiembre.
“El TPS ha permitido a miles de familias salvadoreñas vivir, trabajar y contribuir a este país durante más de dos décadas”, afirmó Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN-LA. “No renovar esta protección pondría en riesgo a miles de familias y comunidades que ahora consideran a Estados Unidos su hogar”.
