Juez autoriza bombeo de petróleo en oleoductos antiguos de California
El juez Stephen V. Wilson permite el transporte de petróleo en sistema de oleoductos en California, donde ocurrió un enorme derrame de hidrocarburos en 2015
Plataformas petroleras frente a las costas de California. Crédito: Bureau of Safety and Environmental Enforcement | AP
Un juez federal dio autorización para el bombeo de petróleo en oleoductos antiguos frente a las costas de California sin tomar en cuenta las regulaciones del estado, que los mantenía bajo supervisión tras un derrame de petróleo en 2015.
El juez Stephen V. Wilson dictaminó el 19 de agosto que el sistema de oleoductos de Santa Ynez (SYPS), de Sable Offshore Corp., puede seguir operando bajo supervisión federal, para seguir las instrucciones de la administración Trump.
El sistema de oleoductos SYPS se encuentra ubicado frente a las costas de Santa Bárbara.
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La autorización del juez se origina después de que el gobierno del presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Producción de Defensa (DPA), emitió una orden en marzo para la reapertura del oleoducto para apoyar el suministro de petróleo en la Costa Oeste y los objetivos de seguridad nacional.
La orden transfirió la autoridad regulatoria sobre el oleoducto y los activos relacionados a la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos de Estados Unidos (PHMSA), que autorizó que volviera a operar.
Los reguladores de California, que habían bloqueado su reapertura tras una fuga en 2015, la cual liberó cerca de 2,500 barriles de petróleo, interpusieron una demanda para impedir que el sistema volviera a funcionar.
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Según el juez de distrito estadounidense Stephen V. Wilson, del Distrito Central de California, la orden de la DPA “prevalece sobre la aplicación de cualquier ley estatal que entre en conflicto con la capacidad de Sable para operar el oleoducto terrestre“.
El fallo del juez proporciona un examen judicial detallado de la aplicación de la DPA a una disputa sobre infraestructura energética que involucra a autoridades reguladoras federales y estatales contrapuestas.
Pese a confirmar el cambio de jurisdicción, el magistrado ordenó a Sable el pago de $1.5 millones de dólares por violar un decreto de consentimiento federal.
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Tras la adquisición de los activos, Sable asumió las obligaciones derivadas del decreto, incluidos los requisitos de gestión e informes y las disposiciones que exigían exenciones estatales antes de volver a operar los oleoductos antiguos frente a California.
La PHMSA autorizó a Sable reabrir el sistema de oleoductos de Santa Ynes, por lo que ya no infringe el decreto de consentimiento, aseguró el jue Wilson.
En marzo, Sable reanudó el envío de crudo desde la Unidad Santa Ynez (SYU) a través del sistema SYPS, en virtud de la orden de la DPA.
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Se prevé que el volumen bruto de petróleo procesado alcance los 50,000 barriles diarios tras la reapertura. La producción actual de seis pozos se estima en unos 6,000 barriles diarios, y el SYPS tiene una capacidad de hasta 200,000 barriles diarios.
La administración Trump vio con beneplácito el fallo del juez que permite a Sable usar el sistema de oleoductos SYPS.
Con el dictamen del juez Wilson, se limitó gran parte de la supervisión que California ejercía sobre la antigua red de oleoductos.
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El oleoducto CA-324, que transporta petróleo desde la plataforma marítima hasta la costa, estaba sujeto a un acuerdo judicial tras el derrame de mayo de 2015, que contaminó las playas de Santa Bárbara.
La fuga de petróleo causó graves daños a la salud y a la seguridad pública, incluyendo la liberación de petróleo y humo peligroso que causaron enfermedades en las comunidades, además de causar daños en las aguas coteras y a mamíferos y aves marinos, según la demanda de la fiscalía de California.
Se espera que el estado de California presente una apelación contra el dictamen del juez Wilson.
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