La entrada en vigor de la carga pública provoca miedo entre la comunidad migrante
California y otros 21 estados presentaron demandas para bloquear la norma, que comenzó a implementarse hace unos días
Las familias de estatus migratorio mixto temen que recibir beneficios federales afecten sus procesos de migratorios. Crédito: Damian Dovarganes | AP
La aplicación de la nueva norma de la carga pública hará que más personas posterguen la atención médica que necesitan, lo que significa que probablemente veremos un aumento en la afluencia a las salas de emergencia.
“No podemos permitirnos esa situación; aunque estamos mitigando las consecuencias lo más posible, no podemos ignorar que esto ocurrirá a gran escala en todo el país, no solo en California”, dijo Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CalHHS).
Durante la videoconferencia: “El fiscal general de California, Rob A. Bonta, y la secretaria de CalHHS, Kim Johnson, sobre el litigio para bloquear la norma de carga pública y sus repercusiones reales para los californianos”, organizada por American Community Media (ACoM), Johnson reveló que al recorrer toda California, percibió mucho miedo y preocupación en la comunidad migrante.
“La gente reflexiona profundamente sobre qué hará y qué implican estas medidas para ellos y sus familias, tanto en términos de salud como de acceso a asistencia alimentaria y otros recursos de nuestra red de seguridad de servicios sociales y de salud”.
Hizo ver que el gran desafío por delante es garantizar que la gente comprenda que esta norma de carga pública no se aplica a todos los inmigrantes.
“Muchas categorías están exentas por ley, como los refugiados, las personas a las que se les ha concedido asilo, entre otras; y afecta principalmente a quienes solicitan la residencia permanente a través de un familiar o un empleador”.
Destacó que antes de que alguien tome la difícil decisión de renunciar a recursos como la atención médica o la asistencia alimentaria, deben consultar a un experto de confianza para determinar si la norma de carga pública se aplica a su situación particular.
“La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (California Health and Human Services Agency) dispone de un sitio web y ha elaborado una guía sobre la carga pública; invitamos a la población a consultar este recurso”.
Descenso en la inscripción
La secretaria Jonhson dijo que debido al miedo a la carga pública, han observado una disminución en la participación de los programas como Medi-Cal y CalFresh (cupones de alimentos)
“No solo debido a la norma de carga pública, sino también a causa de otras políticas federales como la ley HR1, que conlleva distintos plazos de implementación a lo largo del tiempo, y que implica la pérdida de decenas de miles de millones de dólares”, expuso.
Dijo que hay que considerar que, del presupuesto total de salud y servicios humanos de California, aproximadamente el 60% o el 58% proviene de fondos federales.
“Al tratarse de financiamiento federal, es imposible mitigar todo el impacto simplemente compensando con fondos estatales. Así que la gente empezará a sentir las consecuencias de esta política, y esto va más allá de lo relacionado con la norma de carga pública”.
Por eso es fundamental, enfatizó, que las personas no den de baja de los programas sin entender realmente si estas medidas les afectan.
“En California hemos actuado con gran determinación para apoyar a nuestra población, y en particular a los niños. Existen iniciativas como las comidas escolares para que los niños de las escuelas de toda California puedan llegar al centro educativo y recibir tanto el desayuno como el almuerzo”.
La demanda
Rob Bonta, fiscal general de California dijo que a principios de septiembre, California junto con Nueva York e Illinois encabezó una coalición de 22 fiscales generales que emprendió acciones legales contra la administración Trump por su nueva norma sobre la carga pública.
“Lamentablemente, esta nueva norma otorga a los funcionarios de inmigración una discrecionalidad prácticamente ilimitada para denegar la residencia permanente a una persona simplemente porque solicitó, se le aprobó o recibió asistencia de un programa de beneficios públicos, independientemente del motivo o de la duración de dicho uso”.
Dijo que se trata de una política cruel y una norma ilegal, diseñada para obligar a las familias inmigrantes a renunciar a la atención médica y a los programas de asistencia alimentaria, incluso cuando los necesitan, por temor a que su uso pueda poner en peligro su estatus migratorio.
“Durante más de un siglo, el concepto de carga pública se ha referido a una persona que dependía principalmente del gobierno para la gran mayoría del sustento económico y cubrir las necesidades básicas de supervivencia. No se refiere a la asistencia alimentaria, ni a la ayuda para pagar el alquiler, ni al uso de Medi-Cal para llevar a un hijo al médico”.
Afirmó que los programas de beneficios públicos existen para garantizar que las familias tengan alimentos nutritivos en la mesa y un techo bajo el cual vivir, y para que, en tiempos difíciles, los niños puedan recibir atención médica preventiva antes de que un problema de salud se convierta en una emergencia.
Sin embargo, esta norma considera todo esto como motivo para negar la residencia permanente a los inmigrantes, y va aún más allá.
“La norma establece que, si un niño es ciudadano estadounidense pero sus padres no lo son, los beneficios que ese niño recibe legalmente pueden utilizarse en contra de sus padres”.
Subrayó que la administración quiere castigar a las familias inmigrantes por utilizar beneficios a los que sus hijos tienen pleno derecho legal y de los que dependen.
“El Congreso nunca tuvo la intención ni autorizó que los funcionarios de inmigración dispusieran de una discrecionalidad ilimitada para denegar el estatus legal a alguien por utilizar programas gubernamentales; sin embargo, eso es exactamente lo que esta norma les permite hacer”.
Por ello, dijo que solicitaron al tribunal que anule esta norma ilegal y las directrices que la acompañan, ya que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente.
“Cuando se advierte a las familias que recibir ayuda para alimentos, atención médica o el pago del alquiler podría utilizarse en su contra en un proceso migratorio, la gente deja de buscar la ayuda que necesita; dejan de obtener alimentos, atención médica y asistencia para la vivienda”.
Estableció que durante la primera administración Trump, uno de cada cuatro adultos inmigrantes de bajos ingresos en California evitó recurrir a programas públicos por temor a las consecuencias que ello podría acarrear para su estatus migratorio.
“Entre quienes se abstuvieron de solicitarlos, casi la mitad eran ciudadanos estadounidenses o titulares de la tarjeta de residencia permanente. Esto se traduce en padres que luchan por poner comida en la mesa, familias que pierden su vivienda y padres e hijos que faltan a citas médicas necesarias; eso es lo que provocan el miedo y la confusión”.
“Para obtener más información sobre este caso en particular, pueden visitar nuestro sitio web oag.ca.gov/immigrant. Creemos que saldremos victoriosos, aunque habrá que esperar para ver cuándo ocurre exactamente”.
