Corte Suprema abre nuevo período con agenda decisiva con casos clave sobre inmigración, armas y elecciones
Con un índice de aprobación pública de apenas el 46%, el más bajo desde 1972 según un sondeo reciente de Gallup, los nueve magistrados escucharán los argumentos
A la par de estos debates, la Corte Suprema aguarda otras batallas de alto impacto ligadas al segundo mandato de Trump, incluyendo la prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas. Crédito: Jose Luis Magana/ Archivo | AP
La Corte Suprema inicia su período de sesiones 2026-2027 con una agenda que podría tener consecuencias nacionales en temas como inmigración, cambio climático, derecho a portar armas y reglas electorales. Los nueve magistrados comenzaron a escuchar los primeros argumentos este lunes 5 de octubre, mientras varios de los casos más relevantes están vinculados directamente con políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump y con disputas que podrían llegar a una decisión durante el verano de 2027.
Uno de los primeros asuntos será una demanda presentada por Boulder, Colorado, contra las compañías energéticas Suncor Energy y Exxon Mobil. El gobierno local busca responsabilizar a las empresas por daños relacionados con el cambio climático y reclama que el caso pueda avanzar ante tribunales estatales.
La industria energética sostiene que permitir este tipo de demandas abriría la puerta a numerosos litigios en todo el país y podría generar políticas climáticas contradictorias entre estados y municipios. Boulder, en cambio, argumenta que los gobiernos locales tienen facultades para reclamar por daños ocurridos dentro de sus jurisdicciones.
El caso podría afectar decenas de demandas similares contra productores de combustibles fósiles. El juez Samuel Alito no participará en la revisión del expediente, aunque la carta que informó su recusación no explicó la razón.
Inmigración pone a prueba las políticas de Trump
Dos de los asuntos con mayores implicaciones políticas involucran las políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato de Trump. Uno de ellos analiza la autoridad del gobierno para deportar rápidamente a inmigrantes hacia terceros países, incluso cuando esas naciones no son sus países de origen.
La administración sostiene que esta herramienta es necesaria para expulsar a determinados migrantes, mientras los demandantes argumentan que deben recibir aviso suficiente y una oportunidad real para impugnar su traslado.
La Corte Suprema permitió temporalmente que las deportaciones continúen mientras revisa el fondo del conflicto. Los argumentos están programados para el 9 de diciembre.
El otro caso se refiere a la detención obligatoria de inmigrantes durante sus procesos de deportación sin una audiencia para determinar si pueden obtener libertad bajo fianza. La disputa involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un brasileño que lleva más de dos décadas en Estados Unidos y que, según los documentos judiciales citados en el expediente, nunca ha sido condenado por un delito. El gobierno sostiene que la ley permite mantenerlo detenido sin audiencia.
Los tribunales federales inferiores han adoptado posiciones divididas, lo que dejó el asunto en manos del máximo tribunal.
Armas y elecciones también llegan al máximo tribunal
La Segunda Enmienda ocupará otro lugar destacado. El 2 de diciembre, los magistrados analizarán dos casos relacionados con prohibiciones de rifles AR-15 y otras armas semiautomáticas en Connecticut y el condado de Cook, Illinois. El debate llega después de que la Corte Suprema estableciera en 2022 un nuevo criterio para evaluar restricciones a las armas de fuego, basado en la tradición histórica estadounidense.
Más de 10 estados y el Distrito de Columbia tienen prohibiciones sobre armas semiautomáticas tipo AR-15. La agenda también incluye una disputa sobre las reglas electorales de Arizona.
El tribunal revisará una norma que exige comprobante de ciudadanía para ciertos registros de votantes y las reglas utilizadas para depurar los padrones electorales. El caso cobra especial relevancia mientras Trump impulsa a nivel nacional mayores requisitos para demostrar ciudadanía al registrarse para votar.
Además, los magistrados estudiarán una disputa sobre libertad religiosa relacionada con un programa de preescolar financiado por Colorado y otro caso sobre los derechos de los padres frente a políticas de Washington relacionadas con adolescentes y atención médica.
La Corte Suprema también podría aceptar nuevos casos relacionados con el servicio de personas transgénero en las Fuerzas Armadas, nombramientos de fiscales federales, restricciones al asilo en la frontera, una demanda por difamación presentada contra Trump y la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas públicas.
El nuevo período comienza, además, en un momento de menor confianza pública en el máximo tribunal. Una encuesta de Gallup citada en la información disponible señala que 46% de los adultos estadounidenses dice tener mucha o bastante confianza en la Corte, su nivel más bajo desde 1972.
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