Zapotal, la minúscula isla de Chiapas que resume los conflictos agrarios de México 

MÉXICO-  Doña Estefani Lagunas se quedó sin casa de un día para otro a los 90 y tantos años. Un grupo de campesinos que tienen tierras en comunidad –conocidos como ejidos– llegaron para echarla después de que ella quedó viuda de su esposo pescador, a quien veía salir diariamente a las 4:00 de la mañana para hacerse de tilapias y bagres; a veces, un poco de camarón.

Los ejidatarios tomaron por sorpresa a la mujer, pero no a otros pobladores que viven en la marisma desde finales del siglo XIX enfocados en la pesca. “Se han ido adueñando poco a poco de toda la isla”, advirtió Abraham Hernández, uno de los pobladores.

“Ahora quieren mandar con el argumento de que somos parte del mismo ejido, pero no es verdad: mintieron para adueñarse de todo: de la tienda rural, de la coorperativa de pesca, de la clínica de salud y nada de eso lo construyeron ni compraron”.

En México existen dos formas de propiedad de la tierra: la individual y la ejidal.

El ejido es el resultado del reconocimiento del Estado mexicano a principios del siglo pasado de la copropiedad de la tierra, una organización prehispánica que da a varios miembros de una comunidad la propiedad colectiva, principalmente a comunidades indígenas.

El problema es cuando no todos quieren ese tipo de organización, como ocurre en El Zapotal, municipio de Pijijiapan, en el Pacífico del estado de Chiapas, de poco más de un millar de habitantes.

El pescador Abraham Hernández dijo en entrevista telefónica con este diario, que al propio concepto del ejido es antinatural para ellos, acostumbrados al esquema de gobierno no ejidal: el municipal. 

“Zapotal es una pesquería y tenemos negocios en nuestros patios para vender pescado a los turistas, eso es nuestro, ¿por qué van a venir los del ejido a darnos órdenes, a cobrarnos por tener nuestras palapas”, destacó.

El ejido se rige por asambleas comunitarias donde se rigen por usos y costumbres; en ellas, se determinan las acciones de mando.

“Ellos se sienten lo más grande y nos han perjudicado mucho porque, por ejemplo: si ellos son parte de la cooperativa ya no nos dan apoyo el gobierno porque es otra organización” detalló. “Ellos vendieron la ambulancia que teníamos para emergencias y ahora si alguien se enferma y no es atendido a tiempo puede morir”.

Nancy Macías, otra de las inconformes con los ejidatarios, dice que a la nonagenaria Estefani Lagunas la echaron de su casa porque los ejidatarios decretaron darle otro uso. “Dijeron que no era de ella, pero los pescadores que llegaron primero ahí la habían dejado quedarse y ellos tienen tanto derecho o más que los ejidatarios a esa tierra”.

Para documentar su propia historia como asentamiento, los pescadores tienen un documento que data de 1898. Se trata del nacimiento de una mujer de nombre Cirila Torres de la Rosa donde se explica que ahí vivieron por lo menos dos generaciones antes que ella.

“Es muy injusto lo que está pasando”, agrega Macías, quien tiene la posesión del acta. “Los ejidatarios hasta se pusieron otro nombre para deshacer la historia de El Zapotal y se hacen llamar ejido La Esperanza y las autoridades municipales los reconocen y es a ellos a quienes les dan los apoyos sociales”.

EL DESBARAJUSTE

Según el recuento histórico plasmado en el Diario Oficial de la Federación, en los años 30 del siglo pasado arribaron 53 campesinos al poblado pesquero que se conocía como El Zapotal y observaron que ahí había una tierra sin ocupar y la solicitaron para ellos como productores agrícolas.

En 1935, el gobierno mexicano determinó dar a los solicitantes 1,072 hectáreas de agostadero comunal y dio posesión definitiva. Un año después, los ejidatarios pidieron ampliarlo con terrenos propiedad del Estado.

Así inició un censo agrario y recuento pecuario en el que se señaló que había un poblado, “El Zapotal y Anexos” (el de los pescadores), en un radio de siete kilómetros, pero cerca había un predio que no había explorado de 276 hectáreas pero vecinos del poblado “Isla Morelos”, anexo de “El Zapotal” se quejaron de afectaciones y arrancó otro censo. 

Ya en los años 80 y después de otro censo, una resolución presidencial dio a los ejidatarios en total 1284 hectáreas. Ante diversas inconformidades nuevamente se hizo una medición y el resultado fue simplemente “un caos”, según Angel Albores, abogado de los pescadores en el juicio más reciente en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 4 en Tapachula, el número 510/ 2022.

“En 1996 el Tribunal pidió a los ingenieros que fueran a hacer las mediciones para entregar las tierras y los ejidatarios, de manera dolosa, señalaron al asentamiento de los pescadores como su centro y así se tomaron al pueblo de pescadores como suyo y éstos no se percataron hasta tiempo después”, precisó Albores en entrevista con este diario.

Se dieron cuenta poco a poco, cuando quisieron imponerles las reglas que rigen a los sistemas de usos y costumbres que rigen en tierras comunales, un esquema de gobierno distinto al de los pescadores, quienes prefieren que el alcalde nombre un agente municipal.

LO QUE QUIEREN

Este medio de comunicación intentó hablar sin éxito con diversos ejidatarios para tener su versión. El presidente municipal, Carlos Albores Lima, respondió en un mensaje de texto que “por la naturaleza de su encargo” sería prudente y evitaría dar “cualquier declaración que pudiera agravar a alguna de las partes” toda vez que esa postura ha permitido, a su juicio, “mantener la paz”.

En este momento, el juicio sigue ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 4 en Tapachula. El abogado Albores dijo que el temor de los pescadores es que esta institución no quiera reconocer que hizo un “trabajo negligente” o “poco cuidado” cuando hizo la medición de las partes que llevaron a dejar atrapados a los pescadores bajo el mandato de los ejidatarios.

Otros miedos son que el presidente municipal tome partido y así incline la balanza, aunque él ha dicho que no meterá las manos. O que no se resuelva el problema, que se le dé largas y terminen unos desplazando a otros, como ha ocurrido en otras zonas.

“Lo que demandamos es la nulidad parcial del acta de la ejecución de la sentencia en cuanto al asentamiento humano pesquero, y la nulidad parcial del plano La Esperanza (la que metió a los pescadores al ejido)”, detalla el abogado Albores.

Reclaman  44 hectáreas, dice el pescador Abraham Hernández. El resto, “que se lo queden”.

En resumen: que cada grupo tenga su pedazo de isla y  elija su forma de gobernarse; lo demás, no importa, el pescado y los frutos de la tierra pueden estar en el mismo plato.

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