La Corte Suprema permite a la Casa Blanca presionar para eliminar desinformación en redes sociales
A través de una votación, la Corte Suprema determinó permitirle a la Casa Blanca presionar a las tecnológicas, dueñas de redes sociales, para eliminar contenidos dirigidos a desinformar a la ciudadanía de cara al proceso electoral de noviembre
La Corte Suprema se sumó a los intentos por erradicar contenidos en redes sociales que pretendan crear un clima hostil alrededor de la elección que definirá al hombre encargado de gobernar al país a partir del siguiente año. Crédito: José Luis Magaña | AP
La Corte Suprema respaldó al gobierno federal para presionar a las compañías de redes sociales a eliminar el contenido identificado como generador de desinformación.
La posición asumida por los magistrados implica que el Departamento de Seguridad Nacional puede seguir adelante con la búsqueda e identificación de publicaciones Facebook y X, así como de otras redes sociales, donde agentes extranjeros podrían estar sembrando contenidos dirigidos a perturbar el proceso electoral de este año.
Funcionarios republicanos de Misuri y Luisiana, así como cinco usuarios de redes sociales, pretendían demandar al gobierno federal bajo el argumento de que en Washington se había hecho mucho más que “persuadir” a los gigantes tecnológicos para que retiraran algunos contenidos engañosos.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que el estado y los usuarios de las redes sociales que desafiaron a la administración Biden tratando de apoyarse en la Primera Enmienda, carecían de legitimación activa para demandar.
Lo cierto es que, durante años, desde la Casa Blanca se había intentado persuadir a las multinacionales dueñas de las redes sociales para que eliminaran publicaciones con información carente de fundamento sobre temas como la pandemia de Covid-19, las vacunas y las elecciones de 2020, entre otros puntos.
Por ello, fue necesaria la participación de la Corte Suprema para fijar una posición neutral acerca de dichos contenidos.
Después de estudiar detenidamente la situación, los magistrados votaron y seis de ellos respaldaron al gobierno; en tanto que los tres restantes se mostraron en contra.
A la jueza Amy Coney Barrett le correspondió redactar la conclusión a la cual llegaron tanto ella como sus colegas.
“Para establecer su legitimación, los demandantes deben demostrar un riesgo sustancial de que, en un futuro cercano, sufrirán un daño que se pueda rastrear hasta un demandado del gobierno y que pueda repararse mediante la orden judicial que solicitan.
Debido a que ningún demandante ha soportado esa carga, ninguno está legitimado para solicitar una orden judicial preliminar”, señala parte del texto.
Además de Coney Barrett, quienes votaron a favor fueron: John Roberts, presidente del Tribunal Supremo; y los jueces Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Brett Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson.
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