Refugiado de Bután con Green Card es deportado por una condena previa
Binod Shah arribó a los Estados Unidos cuando era niño tras la expulsión de minorías nepalíes en Bután
ICE mantiene sus operaciones contra personas con un estatus legal irregular o condenas previas en varias partes del país. Crédito: AP
La deportación de Binod Shah, un refugiado de Bután con residencia permanente en Estados Unidos, ha generado indignación en Idaho y dentro de la comunidad butanesa del país. De acuerdo con The Guardian, Shah fue expulsado el 31 de marzo de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a haber vivido más de una década en EE. UU., formar una familia y dirigir un taller mecánico.
Su deportación se basó en una condena de 2018 por agresión agravada, un delito que se remonta a un altercado doméstico con su primera esposa, ocurrido años antes en Twin Falls, Idaho.
Deportado a un país que no lo reconoce
Según el mismo medio, Shah aceptó un acuerdo judicial por recomendación de su abogado sin comprender del todo las consecuencias migratorias, ya que su dominio del inglés era limitado. El juez le impuso cinco años de libertad condicional y 90 días de cárcel, pero esa declaración de culpabilidad fue suficiente para que un juez de inmigración revocara su residencia y ordenara su deportación.
“El abogado le dijo que aceptara el acuerdo sin explicar que estaba entrando directamente en su cadena perpetua”, explicó Randall Davis, pastor y amigo de la familia.
En marzo de 2025, Binod recibió una llamada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenándole comparecer ante el Centro de Procesamiento de Tacoma, en Washington. Decidido a cooperar, emprendió el viaje junto a su esposa, aunque antes intentaron solicitar asilo en Canadá, sin éxito. Finalmente, Shah se presentó voluntariamente ante las autoridades migratorias, donde fue puesto bajo custodia para ejecutar la orden de deportación que había estado pendiente desde años atrás.
El ICE trasladó a Shah desde el centro de procesamiento de Tacoma, Washington, hasta Nueva Delhi, desde donde fue enviado a Bután, su país de nacimiento. Sin embargo, las autoridades butanesas no lo reconocieron como ciudadano y lo expulsaron hacia la frontera con India.
The Guardian reportó que otros refugiados butaneses deportados desde Estados Unidos han sido arrestados en Nepal o se encuentran ocultos, y que uno de ellos incluso se quitó la vida tras ser devuelto a un campo de refugiados.
Kelly Ryan, presidenta del Servicio Jesuita para Refugiados de EE. UU., señaló que este tipo de expulsiones violan el principio internacional de no devolución: “Las personas están siendo enviadas de vuelta a lugares donde no pueden trabajar ni obtener ciudadanía; quedan, en los hechos, sin patria”.
Un caso que divide a una comunidad conservadora
Binod Shah llegó a Estados Unidos como parte del programa de reasentamiento de refugiados butaneses iniciado en 2007, tras haber pasado gran parte de su vida en un campo del este de Nepal. Para 2016 ya residía en Twin Falls, Idaho, donde se integró a la comunidad local y obtuvo su residencia permanente legal.
Binod y su esposa, Stephanie Shah, vivían en Twin Falls, Idaho, una comunidad cristiana conservadora que por años ha recibido refugiados. Según The Guardian y medios locales, Shah era conocido como un trabajador incansable, dueño de un taller donde ofrecía empleo y descuentos a veteranos y migrantes.
La deportación desató un debate entre quienes respaldan las políticas migratorias de Trump y quienes cuestionan su dureza. “Los refugiados no son ilegales”, dijo el pastor Randall Davis, quien escribió cartas al gobernador de Idaho y a la Casa Blanca pidiendo clemencia, sin obtener respuesta.
Stephanie, ahora madre soltera, asegura que su fe conservadora se tambaleó tras la expulsión. “Dicen que defienden los valores familiares, pero ¿qué valor hay en arrancarle un padre a su hijo?”, declaró. Shah, desde Asia, evita revelar su ubicación por temor a ser arrestado.
Entre la ley y la compasión
Expertos en inmigración citados por The Guardian explican que, aunque las leyes estadounidenses permiten deportar a residentes con antecedentes penales, los refugiados deberían estar protegidos de ser enviados a países donde enfrentan riesgo de persecución.
Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, subrayó que estos casos reflejan un sistema que “duplica el castigo”: las personas cumplen su condena penal y luego son entregadas a ICE para su deportación.
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