Estados Unidos concreta 30 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico
Hasta ahora, el gobierno del presidente Donald Trump realizó 30 ataques en mar abierto, donde han muerto 107 personas
El 29 de diciembre, el Comando Sur de EE.UU. destruyó otra embarcación en el Pacífico Oriental. Crédito: Gobierno de EE.UU. | Cortesía
El 29 de diciembre fue el ataque 30 del gobierno del presidente Donald Trump a una presunta embarcación del narcotráfico, hecho ocurrido en el Pacífico Oriental, confirmó el Comando Sur.
La acción militar ocurrió bajo la Operación Lanza del Sur, indicó el Comando en un mensaje en X.
“La [información de] inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, indica el reporte. “Dos narcoterroristas hombres murieron. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.
La Administración Trump ha intensificado desde el 2 de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones que, según Washington, eran utilizadas para el narcotráfico en rutas del Caribe y el Pacífico Oriental.
Hasta el momento, la ofensiva suma 30 ataques y ha dejado al menos 107 muertos, según la información oficial.
La preparación y primer ataque
Antes de que comenzaran los ataques, la Administración Trump reforzó su presencia militar en la región, como parte de lo que describió como un esfuerzo para cortar el flujo de drogas hacia EE.UU.
Los ataques que comenzaron el 2 de septiembre contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe, son defendidas por Washington como operaciones contra “narcotráfico” marítimo.
Esto desató cuestionamientos de congresistas demócratas y republicanos que cuestionan el marco legal y el nivel de transparencia sobre los objetivos y las víctimas.
El ataque del 2 de septiembre incluso desató un escrutinio adicional, debido a una presunta orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para “matar a todos” los tripulantes de embarcaciones, lo que derivó en un segundo ataque para eliminar a sobrevivientes. Los hechos habrían quedado registrados en un video que no es público.
Octubre: expansión hacia el Pacífico Oriental
Las acciones militares se ampliaron al Pacífico oriental en octubre, donde EE.UU. ha concentrado varios de los golpes más recientes contra lanchas o botes que describe como parte de redes de tráfico de droga, aunque congresistas como los demócratas Adamd Schiff (California), Tim Kaine (Virginia) y el republicano Rand Paul (Kentucky) cuestionan la falta de transparencia que justifique las muertes en los ataques.
Este mes, además de los ataques en el mar, la administración sumó otras acciones —incluida la incautación de petroleros sancionados frente a costas de Venezuela— en un contexto de presión creciente sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente Trump habría anunciado ataques en tierra en Venezuela y el lunes pasado informó que se había “golpeado” una instalación portuaria venezolana, donde presuntamente se cargaban drogas.
Aunque la Casa Blanca ha defendido la campaña como una escalada como “necesaria” para frenar el tráfico de drogas, enfrenta presión del Congreso y una demanda de organizaciones civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), para exigir la publicación de una opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) y otros documentos relacionados con los ataques letales en aguas internacionales.
Al mismo tiempo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk, calificó los ataques como violaciones al derecho internacional.
“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, expuso el Alto Comisionado en octubre pasado. “Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”.
A esa postura se han sumado organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
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