ACLU demanda a policías federales, estatales y locales por redada masiva de inmigración en Idaho
En octubre de 2025, más de 200 agentes federales, estatales y locales irrumpieron con camiones blindados y helicópteros en reunión familiar
Aproximadamente 400 espectadores, incluyendo ciudadanos estadounidenses y niños, fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Idaho presentaron una demanda colectiva contra una redada de inmigración realizada en un popular evento familiar en Wilder, Idaho, en octubre de 2025.
Según el recuento de los hechos, la redada fue realizada en un hipódromo privado de Idaho, lo que derivó en una demanda y denuncias formales por presuntas violaciones a derechos civiles, luego de que familias, incluidos ciudadanos estadounidenses y menores de edad, fueran retenidas durante horas, sometidas a fuerza armada y, según testigos, atadas por agentes federales.
La acción legal se centra en el uso excesivo de la fuerza, la detención de niños, la falta de identificación de los agentes y el impacto psicológico que la operación dejó en familias que no estaban vinculadas a los delitos investigados.
El caso que detonó la demanda
Anabel Romero, ciudadana estadounidense, relató a Los Angeles Times, que el 19 de octubre fue obligada a tirarse al suelo con las manos atadas mientras agentes armados sacaban a su hija de 14 años de un vehículo cercano y también la inmovilizaban con bridas, todo frente a sus hijos menores.
Romero y su hija fueron parte de casi 400 personas retenidas durante horas en La Catedral Arena, un hipódromo ubicado a una hora al oeste de Boise. La operación fue encabezada por el FBI, con la participación de más de 200 agentes de al menos 14 agencias, entre ellas ICE, la Patrulla Fronteriza y policías locales.
Aunque la investigación se anunció como un operativo contra apuestas ilegales, más de 100 personas fueron detenidas por presuntas violaciones migratorias, mientras que solo cuatro personas el mismo día y una más después enfrentaron cargos directamente relacionados con apuestas.
Menores afectados y versiones encontradas
Cinco familias entrevistadas denunciaron que niños de entre 8 y 11 años fueron atados, separados de sus familiares y expuestos a escenas de violencia. Un menor de ocho años, según testigos, tenía vidrios en la boca tras la ruptura de una ventana de un vehículo.
Las autoridades federales han ofrecido versiones contradictorias.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, negó que se inmovilizara a menores. Inicialmente, el FBI aseguró que no se usaron restricciones contra niños, pero luego corrigió su declaración, limitándola a “niños pequeños”.
Funcionarios locales del condado de Canyon y la policía de Caldwell también rechazaron que ICE se atribuyera el operativo, subrayando que el liderazgo fue del FBI.
Secuelas emocionales y reclamos legales
Romero afirmó que días después del operativo, su hija aún tenía moretones visibles y que sus hijos menores sufrían episodios de terror nocturno. “Cuando ven una patrulla, se asustan”, dijo. “Ya no ven a las fuerzas del orden con respeto”.
La demanda busca responsabilidad legal de las agencias involucradas, claridad sobre los protocolos utilizados y garantías para que menores y ciudadanos estadounidenses no vuelvan a ser tratados como sospechosos en redadas migratorias.
Organizaciones de derechos civiles consideran que el caso podría sentar un precedente clave sobre los límites del uso de la fuerza federal en operativos donde la inmigración termina afectando a familias enteras sin vínculos con actividades criminales.
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