Funcionarios de 23 estados demandan a Donald Trump por restringir el voto por correo
La orden firmada por Donald Trump para restringir el voto por correo enfrenta una demanda presentada con el objetivo de que un juez pueda revertirla
La restricción del voto por correo ordenada por Donald Trump es vista por sus detractores como un golpe bajo a la democracia. Crédito: Lynne Sladky | AP
En respuesta a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para imponer restricciones al voto por correo, funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda para tratar de impedirlo.
Bajo el argumento de que el voto anticipado es una forma de “trampa” y compromete la integridad de las elecciones, el magnate neoyorquino firmó un documento el martes a través del cual se restringe el voto por correo en todo el país, pues ahora será necesario que las personas interesadas en recurrir a dicha vía para expresar su respaldo hacia determinado candidato político proporcionen datos que corroboren su identidad utilizando al Servicio Postal como canal de comunicación.
Bajo ese enfoque, se exige que el Departamento de Seguridad Nacional elabore “Listas Estatales de Ciudadanía” de los estadounidenses con derecho a voto en las elecciones federales.
En tanto que obliga al Servicio Postal a enviar las papeletas de voto solo a quienes aparezcan en dichos listados.

Oponiéndose a ello, 23 opositores al gobierno presentaron una querella ante el tribunal de distrito con sede en Massachusetts, donde exponen que ni la Constitución ni ninguna ley federal otorgan al jefe de la nación la facultad de imponer cambios generalizados en los sistemas electorales o los procedimientos de votación de los estados.
“La medida transgrede el poder constitucional de los estados demandantes para prescribir el momento, el lugar y la forma de las elecciones federales y pretende enmendar y dictar la ley electoral por decreto, basándose en los caprichos del presidente”, indica parte del documento dado a conocer a la prensa.
Los demandantes reclaman por una presunta violación a sus facultades para organizarse, las cuales llevan años prevaleciendo.
“La orden ejecutiva ignora la soberanía inherente de los estados e intenta arrogarse al presidente el poder constitucional de los estados y del Congreso para regular las elecciones federales. Viola los principios fundamentales del federalismo y la separación de poderes.
Cada estado demandante ha promulgado debidamente leyes que rigen los registros electorales y el voto por correo, las cuales, cuando corresponde, son coherentes con los requisitos legales establecidos por el Congreso”, enfatiza la misiva.
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