Condenan a mexicana por operar red de tráfico de personas durante 11 años y cometer robos armados a migrantes
Su estructura criminal no solo vulneró la seguridad nacional, sino que sometió a los migrantes a robos violentos mientras intentaban alcanzar el sueño americano
Originaria de Mexicali, Ofelia Hernández Salas se declaró culpable de cuatro cargos de conspiración para introducir extranjeros a territorio estadounidense con fines de lucro. Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California/ Archivo | Cortesía
Una mujer mexicana identificada como Ofelia Hernández Salas, conocida también como “Doña Lupe” y “La Güera”, fue sentenciada a 11 años de prisión federal por encabezar durante más de una década una organización dedicada al tráfico de migrantes entre México y la frontera sur estadounidense, informaron autoridades federales.
El caso, procesado en el Distrito de Arizona, expone una compleja red de contrabando humano que trasladó a cientos de personas provenientes de América Latina, Asia, África y Medio Oriente hacia territorio estadounidense mediante rutas clandestinas y métodos considerados altamente peligrosos por las autoridades.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hernández Salas, originaria de Mexicali, Baja California, se declaró culpable de conspiración y de múltiples cargos relacionados con el ingreso ilegal de extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro.
La investigación federal sostiene que la red cobraba decenas de miles de dólares a migrantes procedentes de países como Bangladesh, Pakistán, India, Yemen, Eritrea, Uzbekistán, Rusia y Egipto, además de ciudadanos de México y Centroamérica que buscaban llegar a Estados Unidos.
Según documentos judiciales, los migrantes recorrían extensas rutas por Sudamérica y Centroamérica antes de arribar a México. Muchos cruzaban por Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y otros países hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos.
Cruces clandestinos y robos a mano armada
Las autoridades estadounidenses señalaron que la organización utilizaba distintos métodos para introducir a los migrantes al país. Entre ellos, escaleras para trepar el muro fronterizo, agujeros debajo de la valla y tablas improvisadas para atravesar canales y corrientes de agua que separan ambos países.
Sin embargo, el caso tomó mayor relevancia debido a las acusaciones de violencia contra los propios migrantes que contrataban los servicios de la organización. Fiscales federales aseguran que Hernández Salas y sus cómplices robaban dinero, teléfonos celulares y pertenencias personales mientras portaban armas de fuego y cuchillos.
“El tráfico transnacional de personas representa una amenaza directa a la seguridad nacional”, declaró A. Tysen Duva, funcionario de la División Criminal del Departamento de Justicia. El funcionario acusó a la red de poner en riesgo la vida de cientos de personas y de obstaculizar la capacidad del gobierno para revisar adecuadamente los antecedentes de quienes ingresaban al país.
Las investigaciones también apuntan a que la organización habría operado durante años desde hoteles y casas de seguridad en Mexicali, utilizando rutas coordinadas con otros traficantes para movilizar migrantes hacia Arizona y California.
Arresto en México y cooperación binacional
Hernández Salas fue arrestada en marzo de 2023 en Mexicali junto con su presunto colaborador, Raúl Saucedo-Huipio, tras una solicitud formal de extradición presentada por el gobierno estadounidense durante la administración de Joe Biden.
La captura fue resultado de una operación coordinada entre agencias estadounidenses y mexicanas, incluyendo a Interpol, el FBI, ICE y autoridades de Baja California.
El coacusado permanece bajo custodia federal y su sentencia está programada para junio de 2026.
Las autoridades estadounidenses informaron que, una vez que Hernández Salas cumpla su condena, quedará sujeta a deportación hacia México.
El caso forma parte de los operativos del Grupo de Trabajo Conjunto Alpha, una iniciativa del gobierno estadounidense enfocada en combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico y trata de personas en la frontera sur. Según datos oficiales, esa fuerza especial ha realizado más de 450 arrestos y obtenido cientos de condenas relacionadas con redes internacionales de contrabando humano.
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