Inmigrante es condenado a prisión por vivir ilegalmente como funcionario escolar en EE.UU.
Además de ser condenado a prisión, un inmigrante que fungía ilegalmente como superintendente de las Escuelas Públicas, será expulsado de EE.UU.
Desde 1999, el guyanés Ian Andre Roberts había permanecido como ilegal en Estados Unidos. Crédito: Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) | AP
Ian Andre Roberts, inmigrante originario de Guayana, pasará dos años en prisión por vivir ilegalmente desde hace varios años en Estados Unidos y además haber engañado a las autoridades para que los contratarán como funcionario escolar.
En septiembre del año pasado, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Ian Roberts, superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines en Iowa, esto después descubrir que lleva más de 20 años viviendo ilegalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia matriz de ICE, el sujeto en cuestión, además de permanecer en Estados Unidos sin la documentación necesaria para acreditar su estancia, tampoco contaba con autorización para trabajar.
Lo controversial del asunto es que, desde julio de 2023, ejercía el puesto de superintendente del distrito escolar público más grande de Iowa.
En los registros de las autoridades migratorias se indica que, gracias a una visa de estudiante, Ian Andre Roberts ingresó a Estados Unidos en 1999, pero en mayo de 2024 un juez de inmigración le dio una orden final de deportación, la cual se rehusó a obedecer.
Además, desde el 5 de febrero de 2020, existen cargos en su contra por posesión de armas.
Lo más delicado con respecto a este último punto fue que, al momento de ser detenido hace unos meses portaba una pistola cargada y un cuchillo de caza de hoja fija.
De acuerdo con documentos judiciales, el inmigrante guyanés se declaró culpable de mentir sobre su ciudadanía en documentos laborales.
Los investigadores federales en cargado de su caso dieron a conocer que en el domicilio de Ian Andre Roberts descubrieron que tenía ocultas otras tres armas de fuego.
Ante las pruebas presentadas en su contra, se había solicitado una sentencia de tres años, pero la jueza Rebecca Goodgame Ebinger determinó condenarlo únicamente a 24 meses de prisión.
No obstante, la magistrada de 51 años recomendó que, una vez cumplida dicha penalidad, las autoridades migratorias lo expulsen del país.
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