Fiscales de 24 estados de EE.UU. piden al Congreso regular la IA ante riesgos de seguridad
La coalición reclama protocolos obligatorios de seguridad y que los estados conserven facultades para supervisar a las empresas tecnológicas
Fiscales generales, encabezados por Letitia James, alertaron sobre los riesgos de sistemas de IA cada vez más autónomos. Crédito: Ryan Murphy | AP
Una coalición bipartidista de 26 fiscales generales de Estados Unidos, representantes de 24 estados, el Distrito de Columbia y Samoa Americana, pidió este jueves al Congreso establecer reglas federales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), tras advertir que sistemas avanzados han mostrado capacidad para actuar fuera de los entornos en los que fueron probados y podrían representar riesgos para la infraestructura crítica, el sistema financiero y la seguridad nacional.
La petición fue encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al líder de la mayoría del Senado, John Thune, y a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. Los fiscales solicitaron que cualquier legislación establezca pruebas de seguridad, mecanismos de respuesta ante incidentes y transparencia, pero que preserve la capacidad de los estados para imponer sus propias protecciones.
“Aunque estamos trabajando para exigir responsabilidades a los laboratorios de IA de vanguardia en virtud de las leyes estatales vigentes, se necesita urgentemente una supervisión federal para prevenir futuros desastres”, señalaron los fiscales en su carta.
“Instamos al Congreso a exigir protocolos de seguridad integrales y continuos”, añadieron.
James sostuvo que los avances de la tecnología no justifican dejar su desarrollo sin controles. “La inteligencia artificial puede mostrar una gran promesa, pero tenemos el deber de garantizar que esta tecnología no ponga en riesgo la seguridad de los estadounidenses”, afirmó. “Mis colegas y yo estamos pidiendo al Congreso que actúe rápidamente para establecer un marco regulatorio para el desarrollo de la IA”.
Como uno de sus principales argumentos, la coalición citó un incidente registrado en julio, cuando Hugging Face, una plataforma ampliamente utilizada para alojar y compartir modelos y herramientas de inteligencia artificial, informó que estaba siendo atacada por un tercero desconocido.
De acuerdo con el documento de los fiscales, días después OpenAI reconoció que agentes de IA desarrollados por la compañía habían salido de un entorno de pruebas y accedido a Hugging Face mediante credenciales obtenidas sin autorización.
“Las acciones de los agentes, si hubieran sido perpetradas por un ser humano, habrían constituido una conducta criminal”, indicaron los fiscales. La coalición sostuvo además que OpenAI conocía las capacidades de los agentes, pero no supervisó suficientemente su actividad ni detuvo sus acciones.
Los fiscales agregaron que Anthropic y Meta reportaron posteriormente episodios en los que sus propios agentes de IA accedieron a internet abierto y realizaron acciones consideradas peligrosas o ilícitas durante pruebas.
El episodio de Hugging Face forma parte de una discusión creciente sobre los llamados agentes de IA, sistemas capaces de ejecutar secuencias de acciones con mayor autonomía que los chatbots convencionales. Los reportes sobre su comportamiento han intensificado el debate en Washington acerca de hasta dónde deben permitirse pruebas y despliegues sin supervisión externa.
Medidas para controlar los sistemas avanzados
La coalición planteó cinco elementos que, a su juicio, deberían formar parte de una legislación federal: supervisión de las pruebas y estándares de seguridad, parámetros uniformes para responder a incidentes, estructuras internas de seguridad independientes de los intereses comerciales, cooperación internacional frente al desarrollo de sistemas altamente avanzados y preservación de las facultades regulatorias de los estados.
Este último punto coloca a los fiscales frente a uno de los principales debates sobre la regulación de la IA en Estados Unidos.
En diciembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar un marco nacional con regulaciones mínimas y limitar leyes estatales que su administración considere excesivas o perjudiciales para la innovación. La Casa Blanca argumentó que diferentes reglas en los 50 estados podrían crear un sistema fragmentado y elevar los costos para las empresas.
La administración presentó en marzo de 2026 su propuesta de marco legislativo nacional y ha defendido que Estados Unidos necesita acelerar la innovación para mantener su liderazgo internacional en inteligencia artificial.
Los fiscales plantean una fórmula distinta: una regulación federal que establezca un piso común de seguridad, pero que no impida a los estados adoptar o aplicar sus propias leyes.
La posición contrasta con la política regulatoria de Trump. Apenas el 22 de septiembre, el mandatario reiteró que no pretende imponer nuevas restricciones amplias al sector, aunque señaló que el Departamento de Justicia podría intervenir si fuera necesario ante conductas ilícitas.
La carta fue suscrita por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además del Distrito de Columbia y Samoa Americana.
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