Gobierno de Trump elimina protecciones contra discriminación sexual para alumnos LGBTQ en escuelas
Esta resolución impacta de lleno la aplicación del Título IX, la ley de 1972 que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier programa educativo
La secretaria de Educación, Linda McMahon, defendió la revisión argumentando que la medida busca devolver la ley a su propósito original y proteger específicamente a las mujeres y niñas en el ámbito escolar y deportivo. Crédito: Erik S. Lesser/ Archivo | AP
El Departamento de Educación revocó formalmente este lunes las regulaciones de la era de Joe Biden que ampliaban las protecciones del Título IX contra la discriminación sexual para incluir explícitamente la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas y universidades que reciben fondos federales.
La decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, elimina del registro federal la regulación aprobada en 2024 y restablece las normas adoptadas durante el primer mandato del expresidente republicano. Aunque el gobierno ya había dejado de aplicar las reglas de Biden desde enero de 2025, el anuncio formaliza ahora el cambio.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, defendió la medida y afirmó que busca garantizar mayor claridad sobre las obligaciones de las instituciones educativas, al tiempo que presentó la decisión como una defensa de las mujeres y las niñas. “Gracias a la medida adoptada hoy, las regulaciones publicadas sobre el Título IX reflejan fielmente las órdenes judiciales y la intención del Congreso, lo que reduce la confusión entre padres, estudiantes e instituciones educativas”, declaró McMahon.
El gobierno de Trump vuelve a las reglas de 2020
El Título IX fue aprobado en 1972 y prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier programa educativo que reciba financiación federal. La regulación de Biden de 2024 interpretó de manera explícita que esa protección también comprendía la orientación sexual y la identidad de género.
Además, amplió la definición de acoso basado en el sexo para abarcar conductas relacionadas con orientación sexual e identidad de género, así como agresiones sexuales, violencia en las parejas, violencia doméstica y acoso. Con el cambio anunciado por Educación, vuelven las normas de 2020, establecidas durante el primer gobierno de Trump. Esas reglas tenían una definición más limitada del acoso sexual y otorgaban mayores garantías de debido proceso a los estudiantes acusados.
La regulación de Biden enfrentó desde el principio una fuerte oposición judicial. Mientras Biden todavía ocupaba la Casa Blanca, varios tribunales en estados republicanos bloquearon su aplicación y posteriormente la declararon ilegal.
Organizaciones LGBTQ denuncian un retroceso
Los grupos defensores de los derechos LGBTQ rechazaron la decisión y advirtieron que puede afectar especialmente a estudiantes transgénero y a quienes enfrentan acoso o agresión sexual. Shiwali Patel, directora sénior de justicia educativa del Centro Nacional de Derecho de las Mujeres, acusó a la administración Trump de utilizar el Título IX para atacar a estudiantes transgénero en lugar de fortalecer las protecciones para sobrevivientes de violencia sexual.
Kelley Robinson, presidenta de Human Rights Campaign, también cuestionó la medida y sostuvo que el gobierno está “derogando” protecciones destinadas a mantener seguros a los estudiantes. En contraste, el representante Tim Walberg, republicano por Michigan y presidente del Comité de Educación de la Cámara de Representantes, respaldó el regreso a las normas de 2020. Según afirmó, la decisión restablece protecciones para “las mujeres y las niñas” y alinea nuevamente el Título IX con los precedentes judiciales.
El Departamento de Educación sostiene que la administración Biden “reescribió ilegalmente” el Título IX al incorporar la orientación sexual y la identidad de género en la definición de discriminación por razón de sexo. El gobierno de Trump afirma que la nueva política recupera la interpretación que considera acorde con el propósito original de la ley.
Para los defensores LGBTQ, sin embargo, el cambio representa un nuevo retroceso en las garantías federales para estudiantes LGBTQ, en un momento en que las políticas sobre identidad de género y derechos trans continúan generando una intensa disputa política y judicial en Estados Unidos.
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