Así robaron $203 millones de dólares que servirían para curar a mexicanos

MÉXICO –  Salieron de los impuestos de la gente a la Secretaría de Hacienda. Eran alrededor de $4,100 millones de pesos (alrededor de 200 millones de dólares) para atender todo tipo de enfermedades de los mexicanos; para construir y mantener hospitales o para la remuneración de médicos y enfermeras, pero se desviaron a empresas fantasmas, fachadas.

En pocas palabras: para los bolsillos de unos cuantos aún por identificar.

Se trata de redes de corrupción que operaron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y gobernadores de todos los partidos en 30 de los 32 estados del país según descubrió el estudio Facturas falsas: la epidemia en el sector salud de Impunidad Cero y Justicia Justa.

Las organizaciones solicitaron entre septiembre de 2018 y junio de 2019 información  a las instituciones de salud federales y estatales a través de los mecanismos de transparencia y lo que encontraron’ es un escándalo:  23,000 facturas falsas, la mayoría de las cuales (20,809) fueron expedidas por 778 empresas que tienen una existencia legal, pero son simuladas.

“Con ese dinero desviado del sector salud se pudieron haber comprado 80,000 camas de hospital o pagado el tratamiento de 41,000 pacientes con cáncer de mama durante seis meses”, advirtió Irene Tello, activista de Impunidad Cero.

El desvío de recursos públicos en el sector salud a través de empresas fantasma es un esquema que ha prevalecido durante años, debido a que las instituciones públicas federales y estatales, evaden fácilmente los controles fiscales que impone el Servicio de Administración Tributaria para evitar estas operaciones.

Esta práctica data de por lo menos los años ochenta cuando la posibilidad de detectar el uso de facturas falsas era sólo  con auditorías individuales. Esta situación llevó a que se estableciera la obligación de imprimir facturas en establecimientos autorizados, pero los “factureros” —las personas que se dedican a esta actividad—  comenzaron a inventaban los nombres de los talleres de impresión.

Por eso Hacienda implementó un sistema digital y las facturas dejaron de ser de papel. Entonces los comenzaron a crear empresas ante notario público para simular venta de bienes o servicios y desviar el dinero a cuentas privadas.

Esto puede hacerse, por “la impunidad predomina en este sector, a causa de un sistema de encubrimiento y corrupción y una red de complicidad entre autoridades y particulares” y, por tanto, las organizaciones civiles presentarán  denuncias penales.

¿POR QUÉ SE PUEDE ROBAR?

Las artimañas para el desvío de los millonarios recursos en el Sector Salud — que según el estudio es sólo una muestra, la punta del iceberg — tienen un común denominador: el caos en la estructura de compra y venta de las secretarías de salud, un desorden que se ha mantenido por años, aparentemente a adrede para evitar la fiscalización.

Por ejemplo, en Tlaxcala, se reportó que la secretaría de salud adquirió material médico, pero en las facturas no se especificó para qué hospital, lo cual facilita las simulaciones que llevan al desvío del dinero.

El problema es que del total de 24,000 hospitales, clínicas y hospitales del sector público, sólo el 1% (138 instituciones) cuentan con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), las cuales, hacen las supuestas compras o adquisición de servicios y no están obligadas a decir para qué institución serán utilizadas.

Por ejemplo, se encontraron facturas cuyo receptor fue la “Secretaría de Salud – Cofepris”, aún cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no tiene un presupuesto propio, ni RFC ni cuenta bancaria por lo que no se puede saber si fue beneficiada.

A este desorden administrativo, se suma la dificultad para transparentar la información pública. Frente a las 250 solicitudes realizadas por parte de Impunidad Cero y Justicia Justa, las  instituciones de salud y Hacienda, mostraron rechazo y dilatación, entrega parcial de información o argumentos inoperantes como que no eran competente para proveer la información solicitada.

“Hubo que pedir un recurso de revisión”, dijo el investigador Luis Pérez de Acha, de Justicia Justa. “La impunidad frente a estas prácticas ilegales se sustenta en la complicidad de las autoridades, ya que no solo existe un sistema de corrupción, sino uno de encubrimiento sostenido por años”.

LAS FÓRMULAS

Para desviar el dinero, hay cuatro perfiles de empresas fantasmas. En el primer grupo se encuentran las “consentidas” de las instituciones de salud que cuentan con el favor de instituciones, de gobiernos estatales o que lograron operar en varios estados.

Un ejemplo de este esquema es el de la empresa fantasma Interacción Biomédica, S.A. de C.V. que de 2014 a 2018 recibió, por parte del Instituto de Salud del Esta-do de México, 37% del total de los recursos idenficados en este estudio. Este esquema de empresas fantasmas “consentidas” se repite en los estados de Oaxaca, Chiapas y en la federación.

El segundo grupo se identifica por los modus operandi que van de la contratación bajo adjudicación directa, el pago de facturas canceladas e incluso empresas que ya habían sido detectadas como fantasmas por Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria.

Birmex, institución federal dedicada a la investigación y el desarrollo de vacunas, pagó recursos públicos por alrededor de 11 millones de dólares a cinco empresas fantasma en sólo 17 meses, entre 2014 y 2016 presuntamente para la construcción o compra de mobiliario, pero no puede comprobarse.

Una tercera vía incluye personas físicas que desvían recursos públicos de las instituciones de salud sin la necesidad de crear una empresa fantasma para realizar dichas operaciones aunque con un alcance menor para desviar recursos. En este grupo se encuentran servidores públicos de las propias instituciones de salud quienes, por ejemplo, reclaman viáticos que no hicieron.

Finalmente, en el cuarto grupo se incluyen compañías que, aunque no operen temas de salud, se han llevado varios contratos de construcción o servicios imposibles de comprobar.

LOS RETOS

Muchas de esas empresas trascienden al cambio de gobierno en los estados y siguen operando como ocurrió en el Estado de México, en donde dos empresas recibieron recursos públicos durante el periodo analizado, de 2014 a 2018, es decir, operaron durante dos gubernaturas distintas.

Otras compañías hacen lo mismo en varios estados. Por la investigación se supo que existen 45 empresas que  operan en, al menos, dos estados de la República. Destaca la empresa Comercializadora Ramaja, S.A. de C.V., que expidioó facturas a instituciones de salud de la federación y de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

En la cadena de encubrimiento, participan servidores públicos de múltiples áreas: desde quienes se encargan de convocar a una licitación y el procedimiento de compra o la adjudicación de contratos, hasta los responsables de recibir los bienes o servicios (incluyendo al personal del almacén), áreas contables que realizan los pagos e incluso los órganos internos de control, que son omisos en detectar las irregularidades.

“Este sistema de corrupción en el sector salud obliga a replantear la necesidad de que el Estado mexicano, en su conjunto, tome medidas para detener la impunidad”, concluyó el estudio.

CIFRAS

• 22,933 facturas falsas en el sector salud todo el país entre 2014 y 2019.
• 4,100 millones de pesos (200 millones de dólares) desviados
• 30 de los 32 estados.
• Dependencias involucradas:  secretarías de los estados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud han utilizado este modelo.
• El Estado de México fue la entidad en la que se encontraron más desvíos
• El IMSS fue la institución federal que más pagó a empresas fantasma
• 80% de los recursos públicos desviados se concentran en 23 de las 837empresas fantasma.