La estela de sangre por el poder político 2021 en México 

MEXICO.-  A las 3:39 de la madrugada del sábado 24 de abril, una llamada anónima reportó a la policía estatal que una persona había sido asesinada casi en las narices del testigo. La persona llamó al número de emergencias para reportar que en la esquina de una iglesia y detrás del Hotel Plaza, en la fronteriza Ciudad Victoria, asesinaron a un hombre.

“Lo golpearon y encajuelaron en un Jetta color blanco”, dijo; horas después, se supo que el cuerpo era del candidato del Partido Verde a la Diputación por el Distrito 15 y ex jugador profesional del equipo Correcaminos Francisco Gerardo Rocha Chávez “Batata”.

Murió de tres balazos en la cabeza después de una posible persecución de sus verdugos, según los reportes policiacos que destacaron algunos golpes en la parte posterior del coche.

Ocurrió apenas cinco días después de haber arrancado la campaña como candidato del Partido Verde a la Diputación por el Distrito 15 y de una reunión con los líderes nacionales de la institución política. Era un cuadro duro junto a Gabriela Milla como candidata a la Presidencia Municipal.

“Batata”, como se le conocía en los eventos proselitistas, pasó a ser parte de la lista de políticos muertos en condiciones violentas en medio de una contienda electoral a la sombra del crimen organizado.

El recuento de las ejecuciones es variable para estos comicios en los que se renovarán a 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 legislaturas locales y 1,900 ayuntamientos.

De acuerdo con el Tercer Informe de Violencia Política en México de la consultoría Etellekt  65 políticos han sido asesinados violentamente desde el 7 de septiembre pasado (cuando iniciaron las precampañas) y hasta el 31 de marzo (cuando arrancaban oficialmente).

La consultoría también advirtió que el proceso electoral 2020-2021 se consolidó como el segundo más violento de los últimos ocho procesos electorales en el país; sólo por detrás de las elecciones de 2018.

En los comicios de 2014-2015 fueron asesinados 61 políticos, en los de 2017-2018, 152 y en lo que va del actual 2020-2021, sumaron con corte al 31 de marzo de 2021, 65. Esto es casi un ataque mortal cada tercer día

El cálculo de la Organización Editorial Mexicana (OEM), que aglutina una red de periódicos en los 32 estados del país, es más conservador para los primeros tres meses del 2021: reconoció 11 asesinatos. Las víctimas identificadas por la OEM se confirmaron por parte de las dirigencias partidistas.

La mayoría de los asesinatos fueron contra aspirantes a alcaldes: nueve más uno que está secuestrado. También hay una víctima que buscaba ser diputado local y otra que estaba en la lista de aspirantes a regidores.

En el desglose por partido de OEM, Morena acumulaba a finales de marzo cuatro aspirantes asesinados, el Partido Acción Nacional (PAN), tres; dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno más del PRD.

La mayoría de los ataques analizados fueron en Veracruz, un estado que por su número de población y valor electoral se ha vuelto clave para todas las fuerzas políticas. Ellos son:

Domingo Panzo Tecpile, quien buscaba una diputación local por el PAN; Luis Juan Noriega, aspirante a alcalde de Uxpanapa por Morena; Carlos Fernández Rocha, quien estaba en la lista de regidores por el PAN para el municipio de San Andrés Tuxtla; Úrsulo Galván, Gilberto Ortiz Parra y Carla Enriquez de Morena.

El segundo estado más violento para los candidatos es Guerrero, donde cuatro aspirantes sufrieron atentados; dos de ellos, murieron: Antonio Hernández Godínez, aspirante a la alcaldía de Chilapa por el PRD y Efrén Valois, morenista que pretendía competir por Pilcaya

En Guanajuato fue asesinado José Antonio Acosta Cano, aspirante a alcalde de Juventino Rosas por el PAN el 12 de enero de 2021. Mientras que en Quintana Roo, el 24 de febrero perdió la vida el morenista Ignacio Sánchez Cordero quien competiría por Puerto Morelos y Yuriel Armando González, precandidato a alcalde de Nuevo Casas Grandes por el PRI.

Otros perfiles

Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reconoció que en México se cohabita con algunos “grupos muy peligrosos” que operan regionalmente para tener el control de estados y municipios. “Mueven el fraude electoral, es una forma de adquirir poder… ¡No les interesa la democracia”, advirtió.

“Ellos no quieren para nada que el pueblo elija a sus representantes, quieren elegirlos ellos, y son capaces  (de matar) y lo han sido , y creo que la mayoría de los casos sangrientos vienen de eso, de que el narco  o los grupos del crimen organizado no quieren dejar pasar candidatos que no estén bajo su control”.

Francisco N., un operador político en el estado de Guerrero, quien solicitó a este diario guardar su identidad por razones de seguridad, aseguró que el modis operandi es muy sencillo: “Si un político tiene la simpatía popular y no es el candidato de la maña simplemente le meten un balazo y listo: se acabó la competencia”.

Ortiz Pinchetti afirmó que esto ocurre principalmente en los fronterizos, los estados considerados estratégicos (por ser centro de operaciones o venta e drogas) y en estados donde tienen ventajas económicas o financieras (negocios, extorsiones).

“El gobierno está respondiendo a ello a través de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

En otros casos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ha optado por dar protección de escoltas. Tan solo entre marzo y abril, 41 candidatos a cargos de elección popular recibieron el servicio por amenazas en su contra: 22 de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional, y 3 de otras autoridades.

Pero la estrategia sigue observando una estela desangre. Una vez que arrancaron oficialmente las campañas en abril se han sumado otros perfiles de blancos. Ya no sólo alcaldes, sino regidores y legisladores en busca del control legislativo para que aprueben las leyes que convienen a los criminales o los cabildos para control municipal.

Recientemente el candidato a diputado local por el distrito 1, de Nuevo León, por el partido Fuerza por México, Mayco Fabián Tapia, de 42 años de edad, fue asesinado a balazos durante un asalto que los medios locales calificaron de “sospechoso”

Al otro lado del país, el candidato a diputado local por el PAN, César Palafox, fue víctima de un atentado el jueves 21 de abril del que salió ileso, pero su escolta perdió la vida cuando ambos fueron emboscado por sujetos armados cuando viajaba en su camioneta.

“Una Ford Súper Duty naranja, a la altura del kilómetro 37 de la carretera Uruapan- Carapan”, detalló la policía estatal.

Menos suerte corrió Celso Figueroa, candidato independiente a una regiduría en Tecate quien apareció muerto dentro de un coche. La policía de la ciudad dijo a los medios de comunicación local que los primeros indicios señalan que los responsables del ataque huyeron en una camioneta Toyota Camry color blanco con placas de California.

La estrategia de muerte por parte de las organizaciones criminales suele también ampliarse a familiares de los políticos. En días pasados Leonardo Díaz, padre de la diputada federal y presidenta de Acción Nacional (PAN) en Oaxaca, Natividad Díaz , murió a balazos en la capital del estado.

Leonardo Díaz, también era padre de Leonardo Díaz Jiménez, actual presidente municipal de Ejutla de Crespo, población de la Sierra Sur del estado y candidato a la diputación local por el PAN en el distrito electoral 21; así como de Carlos Armando Díaz Jiménez, candidato a presidente municipal de Ejutla de Crespo, también por el PAN.

“No hay que hacer mucho para quitar de en medio a un enemigo político que estorba en un Estado de Derecho que no funciona”, advirtió Jorge Fernández Santillán, analista político del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. “Simple: lo quitas, no hay castigo y hasta puedes ganar unas elecciones.

Los “convencidos”

Algunas investigaciones criminales han logrado comprobar la relación directa de políticos como activos de capos del narcotráfico como en el caso de Raúl Cantú, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Salinas Victoria, Nuevo León, detenido el pasado 7 de abril.

Movimiento Ciudadano publicó un comunicado en el que expuso su postura de “cero tolerancia a la impunidad” y dio la vuelta a la página.

Pero el caso Cantú no ha sido aislado .Manuel Vázquez Arellano, candidato plurinominal de Morena, es hermano de uno de los líderes del cártel de “Los Rojos”, según diversas denuncias ante la fiscalía de Guerrero.

Otro caso en la misma entidad es el de Bernardo Ortega Jiménez, actual coordinador de la bancada del PRD en el Congreso estatal guerrerense y hermano de los dirigentes de “Los Ardillos”, célula criminal derivada del Cártel de los Beltrán Leyva que busca reelegirse como diputado.

En la Ciudad de México, la candidata de Fuerza México para diputada del Distrito 9, Paola Rosas, es investigada por supuestos nexos con la Unión Tepito, después de que se publicara una fotografía de ella posando junto a “El Tapón” y “El Chupa”, quienes trabajan para “El Perro”, uno de los principales extorsionadores en el Centro Histórico

En la Ciudad de México, la candidata de Fuerza México para diputada del Distrito 9, Paola Rosas, es investigada por supuestos nexos con la Unión Tepito, después de que se publicara una fotografía de ella posando junto a “El Tapón” y “El Chupa”, quienes trabajan para “El Perro”, uno de los principales extorsionadores en el Centro Histórico

También se indaga la presunta relación familiar entre la candidata a diputada y Salomón Rosas, “El Salomón”, igualmente relacionado a la Unión.

El nivel de discusión sobre el tema de las organizaciones criminales inmiscuidas en la clase política, sino es que se dice que son uno mismo, ha escalado hasta las contiendas a las gubernaturas actuales.

En cuanto se dio el banderazo de las campañas electorales  el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, se fue duro y a la cabeza en contra de su principal adversario, el morenista Alfonso Durazo, y montó unos spots para acusarlo de vínculos con el narcotráfico.

“Soy Ricardo Bours, ten por seguro una cosa, que puedo devolverle la seguridad a Sonora por una sencilla razón, no tengo nexos con el narco como Durazo y a diferencia del Borrego no soy parte de la mafia ni un cobarde que la solapa. Ellos permitieron que en nuestro estado no hubiera ley pero ten la seguridad que como gobernador, Sonora será de los sonorenses”.

Alfonso Durazo ha sido mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador como Secretario de Seguridad  y Protección Ciudadana, un puesto que dejó para contender por la gubernatura del estado.

Poco después de las acusaciones de Bours, Durazo llevó el tema a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que finalmente ordenó retirar el spot.

“Está claro que quien puede acceder a tiempos del estado no podrán incurrir en calumnias hacia otras personas ni hacia sus contendientes, afirmar que uno de los contendientes tiene nexos con el narcotráfico es una durísima acusación que sólo podría sostenerse si hubiera habido un pronunciamiento de la justicia”, advirtió el consejero Ciro Murayama.

En otro caso, el candidato de la coalición PRI- PRD a la gubernatura del estado fronterizo de Nuevo León, Adrián de la Garza, involucró a su adversario de Movimiento Ciudadano, Samuel García con su tío Gilberto García Mena, alias el June, procesado por delitos relacionados con el narcotráfico y quien está relacionado con el Cártel del Golfo.

De la Garza presentó un video “que le llegó de manera anónima a su casa de campaña” de un cumpleaños del hijo del narcotraficante Gilberto García Ábrego, en el municipio de Miguel Alemán, en el estado fronterizo de Tamaulipas.

En la filmación se identifica a Samuel García Mascorro, padre del candidato, como operador financiero del Cártel del Golfo, conviviendo con el June y decenas de personas más. En aquel tiempo Samuel García tenía 10 años.

“Los gobernadores han sido una pieza clave en la consolidación de las organizaciones criminales en los territorios”, adviertió el analista Fernández Santillán. “No podemos echar en saco roto ningún rumor, debe investigarse”.

Otras agresiones contra políticos

• Amenazas 71
• Homicidios dolosos 61
• Secuestros 16
• Atentados contra familiares 14
• Robos 13
• Tentativa de homicidio 12
• Despojo de oficinas 10
• Daño a la propiedad 10
• Ataques contra colaboradores 8

Fuente: Etellekt

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