Trump y el FBI: aspectos básicos sobre la investigación de los archivos secretos que se encontraron en Mar-a-Lago

Cada vez más evidencia se da a conocer sobre la inusual e irregular decisión del expresidente Donald Trump de llevarse documentos clasificados a su residencia en Mar-a-Lago, pero el caso también representa un reto para el Departamento de Justicia.

El asunto es atendido por dos jueces en el Distrito Sur de Florida, luego de una acción legal iniciada por el expresidente Trump.

Por un lado, el juez Bruce Reinhart es responsable de autorizar el operativo del FBI y de permitir la versión sellada de la declaración jurada que justificó ese allanamiento el 8 de agosto.

Mientras que la jueza Aileen Cannon deberá decidir si se nombra a un “maestro especial” para la revisión de los documentos ya clasificados por el Departamento de Justicia.

Por qué inició la investigación

Como parte de la investigación del Comité Selecto sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, se solicitó documentación de la Casa Blanca a la oficina de Archivos Nacionales (NARA), la cual no pudo ser entregada por completo, ya que el expresidente Trump se había llevado varios archivos, al parecer, “por error”.

El responsable de Archivos Nacionales, David Ferriero, solicitó al equipo del expresidente republicano el retorno de 15 cajas con documentación, pero el 18 de febrero del 2022 informó a la representante Carolyn B. Maloney (Nueva York), presidenta del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, que la revisión de los documentos arrojó que había archivos “clasificados”.

“NARA identificado en las cajas elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional”, respondió Ferriero a la representante, según el archivo judicial.

En mayo, Debra Steidel, Archivista interina, confirmó que se había notificado al Departamento de Justicia sobre la existencia de los archivos que implicaban información de seguridad nacional, por lo que requería la intervención del FBI.

La redada del 8 de agosto

El juez Reinhart autorizó al FBI un allanamiento a la residencia del expresidente Trump en Mar-a-Lago, con autoridad para revisar todas las habitaciones, incluida la oficina del “45”, en referencia a que el republicano fue el “Presidente 45”.

El detalle sobre la recuperación de documentos, según la orden revelada por el Departamento de Justicia, enlista 28 tipos de información encontrada por los agentes y reconocida a las 6:19 p.m. del 8 de agosto por la abogada del expresidente Trump, Christina Bobb.

La lista incluye, una orden ejecutiva de perdón presidencial a Roger Jason Stone Jr. –exjefe de campaña de Trump–; documentos sobre el presidente de Francia; un fólder de cuero con documentos clasificados TS/SCI; potencial récord sobre el presidente; dos encuadernados con fotografías; una nota escrita a mano; 21 cajas etiquetadas con distinta información; varios documentos secretos, y otros documentos de altamente confidenciales.

El FBI indaga violaciones a la Ley de Espionaje, ya que en su petición al juez Reinhart citó la búsqueda con base en el Capítulo 36 del Código 18 de los Estados Unidos, específicamente la Sección 793.

“Recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa”, dice el título de esa Sección, en referencia a “cualquiera que, con el fin de obtener información con respecto a la defensa nacional con la intención o la razón de creer que la información se utilizará en perjuicio de los Estados Unidos”.

Documentos secretos

Tras la presión del propio expresidente Trump y de varios medios de comunicación, el Departamento de Justicia dio a conocer la declaración jurada que obtuvo el FBI para justificar la redada.

El documento judicial revela que en los archivos se encontró Información Confidencial Compartimentada (SCI); documentos de Inteligencia Especial (SI), y archivos que involucran al Sistema de Control HUMINT (HCS), que es un sistema de control SCI para proteger la información de inteligencia derivada de fuentes humanas clandestinas, como agentes especiales encubiertos.

Además de que documentos cuya revelación violaría los procesos de custodia de archivos bajo Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), así como Información Controlada por el Originador (ORCON), es decir, datos que no pueden ser revelados, salvo si hay autorización de quien generó esa información.

Las autoridades hicieron una primera clasificación de los archivos, divididos como “secretos”, “confidenciales” y “top secret”.

“Una clasificación preliminar de los documentos con marcas de clasificación reveló los siguientes números aproximados: 184 documentos únicos con marcas de clasificación, incluidos 67 documentos marcados como CONFIDENCIAL, 92 documentos marcados como SECRETO y 25 documentos marcados como TOP SECRET”, indican archivos judiciales.

Los documentos hallados deberían ser tratados bajo el sistema de Información de Confidencialidad o NDI, por sus siglas en inglés, por lo que la directora de Inteligencia, Avril Haines, lidera los esfuerzos en la evaluación sobre el posible daño al sistema de seguridad nacional de EE.UU., confirmó el coordinador de Comunicaciones Estratégicas de la oficina de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una conferencia con periodistas.

“La Casa Blanca no está involucrada en la evaluación de daños que la DNI va a estar evaluando con estos documentos”, acotó Kirby. “Esto está dentro del alcance de la directora Haines”.

Qué pretende Trump

El expresidente Trump busca que la jueza Cannon nombre a un “maestro especial” para que revise la documentación hallada, además de reclamar que el FBI se llevó archivos personales que contienen información privilegiada abogado-cliente.

El Departamento de Justicia se ha adelantado al respecto e informó vía la corte que había encontrado algunos documentos personales del expresidente Trump que ha separado.

Adicionalmente, informó la clasificación que ha hecho de los archivos oficiales que Trump se llevó, lo cual significa un avance en su investigación, pues aunque haya un “maestro especial”, los archivos tienen una primera clasificación.

El reporte reciente de las autoridades enviado a la jueza Cannon complican la defensa del expresidente, pues además de ofrecer detalles de lo encontrado, se establece la ruta que originó la investigación.

Como “cereza” del pastel se reveló una fotografía de algunos documentos hallados en Mar-a-Lago, al tiempo que el Departamento de Justicia indaga un complot para ocultar los archivos y luego dejar que fueran obtenidos en la redada.

Esta semana la jueza Cannon deberá tomar una decisión sobre el “maestro especial”.

El Partido Republicano se aparta

El portal Politico confirmó que el Partido Republicano no pagará el costo de los abogados dedicados a la defensa del expresidente Trump sobre los archivos hallados en Mar-a-Lago.

Eso significa un primer revés contra el exmandatario, ya que su partido había cubierto algunas de sus deudas con abogados, como $1.6 millones de dólares sobre indagatoria en Nueva York.

La revelación ocurrió al tiempo que Trump integró a su equipo legal al exfiscal de Florida, Chris Kise.

“El Comité Nacional Republicano no está pagando los honorarios legales de Trump relacionados con la investigación del FBI y la recuperación de documentos en Mar-a-Lago”, se informó.