El Senado de Florida respalda polémicos cambios en inmigración, educación y salud propuestos por DeSantis

El Senado de Florida aprobó el viernes un proyecto de ley de inmigración que, según los partidarios republicanos, tiene como objetivo obligar al gobierno federal a abordar la “invasión” de inmigrantes indocumentados al país, mientras que los legisladores demócratas dicen que la propuesta podría conducir a la discriminación racial.

El Senado, controlado por los republicanos, votó 27 a 10 siguiendo líneas partidistas para aprobar la medida.

El Senado también intensificó la guerra cultural que sostienen los republicanos conservadores el viernes, cuando también aprobó un proyecto de ley sobre programas universitarios de diversidad y otro que permitiría a los médicos rechazar tratamientos si tienen objeciones morales a ciertos procedimientos.

El proyecto de ley de educación superior prohibiría a las universidades estatales usar dinero estatal o federal en programas de diversidad, equidad e inclusión, o para promover el activismo político o social.

El proyecto de ley de salud permitiría a los médicos negarse a realizar abortos, vasectomías u otros procedimientos de planificación familiar si el proveedor se opone por motivos religiosos.

El proyecto de ley de inmigración (SB 1718) incluye una serie de disposiciones solicitadas por el gobernador Ron DeSantis, quien atrajo la atención nacional el año pasado después de que su administración trasladara a 49 migrantes de Texas a Martha’s Vineyard en Massachusetts.

La medida incluye $12 millones de dólares para transportar inmigrantes a otros estados, dirigiendo el dinero a la División de Manejo de Emergencias del estado para el programa “Transporte de extranjeros no autorizado”.

El proyecto de ley también reforzaría las sanciones contra las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados, permitiría que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estatales realicen auditorías aleatorias del cumplimiento de la ley por parte de las empresas y aumentaría las sanciones por el tráfico de personas.

“Ya no podemos hacernos de la vista gorda ante lo que está sucediendo. Es hora de que nosotros, el estado de Florida, demos un paso adelante y le digamos al gobierno federal que solucione este problema porque ya no lo defendemos”, dijo el patrocinador del proyecto de ley, Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill.

La medida requeriría que los hospitales rastreen cuánto dinero se gasta en el tratamiento de inmigrantes indocumentados en las salas de emergencia, un requisito que los demócratas advirtieron que podría tener resultados desastrosos para las personas enfermas o lesionadas que podrían no buscar tratamiento porque no quieren revelar su estatus migratorio.

El plan también prohibiría a los gobiernos locales dar dinero a organizaciones para crear tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados y establecería que Florida no reconocerá las licencias de conducir emitidas a inmigrantes indocumentados en otros estados.

El proyecto de ley también cambiaría una ley de tráfico de personas para que sea un delito grave que alguien transporte al estado a un individuo “que la persona sabe, o razonablemente debería saber” que ha ingresado ilegalmente al país.

Los críticos de la propuesta dijeron que pondría a las personas en riesgo de ser arrestadas cuando acompañan a familiares o amigos que son inmigrantes indocumentados.

Los demócratas también argumentaron que las leyes de inmigración son competencia del gobierno federal, no del estado.

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