Junta de Supervisores de Los Ángeles contempla ordenanzas para vendedores ambulantes de comida
Los supervisores dieron su primera aprobación a dos ordenanzas que regularían la actividad de vendedores ambulantes de alimentos; las propuestas regresan la próxima semana al pleno para su aprobación final
Los vendedores ambulantes de comida tendrían que regular sus actividades en el Condado de Los Ángeles. Crédito: Jorge Macías | Impremedia
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles está por aprobar un par de ordenanzas que regulan a los vendedores ambulantes de alimentos, incluido el establecimiento de tarifas que espera subsidiar el condado en gran medida.
Las dos propuestas tuvieron este martes 30 de enero su primera aprobación en la asamblea, y volverán al pleno la próxima semana para que sean sometidas a su aprobación final.
De acuerdo con la oficina de la supervisora Hilda Solís, en el Condado de Los Ángeles hay aproximadamente 10,000 vendedores ambulantes que se dedican a la venta de alimentos, y la mayoría de ellos provienen de comunidades latinas y afroamericanas.
“La venta ambulante, incluida la venta de alimentos, representa una parte integral del tejido cultural y cívico del Condado de Los Ángeles”, expresó Solís en un comunicado de prensa.
“Esto es especialmente cierto en el Primer Distrito, donde comunidades, como el este de Los Ángeles, han sido durante mucho tiempo un centro de venta de alimentos“, agregó la supervisora.
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Solís mencionó que, para muchos residentes, especialmente aquellos de comunidades de bajos ingresos o inmigrantes, la venta de alimentos representa una de las pocas vías económicas para poder lograr una independencia financiera y estabilidad.
La Junta de Supervisores aprobó tentativamente dos ordenanzas. La primera menciona los requisitos de permisos sanitarios para “operaciones móviles compactas de alimentos”, que son aquellos que ofrecen comida en pequeños carros u otros equipos no motorizados.
La propuesta, que en caso de ser aprobada la próxima semana se aplicaría a todos los proveedores en el Condado de Los Ángeles, con excepción de aquellos en Pasadena, Long Beach y Vernon, que tienen sus propios departamentos de salud.
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En Long Beach, las autoridades municipales aprobaron la semana pasada su propia ordenanza sobre la venta ambulante.
De acuerdo con la ordenanza del condado, para obtener un permiso de salud requiere que el interesado pague una tarifa inicial, que va desde $508 dólares para una operación de bajo riesgo que ofrece alimentos preenvasados, hasta $1,186 dólares para vendedores de mayor riesgo que preparan comida caliente, como los puestos de tacos o de perritos calientes.
Entonces, los vendedores tendrían que cubrir tarifas anuales continuas que oscilarían entre $226 dólares y $1,000 dólares, dependiendo del tipo de venta.
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La supervisora Solís dijo que pretende presentar una moción en la reunión de la próxima semana destinada para subsidiar en gran medida dichas tarifas para los vendedores de bajos ingresos, quienes podrían recibir el apoyo hasta del 75% del costo total del permiso de salud.
La segunda ordenanza aprobada por la Junta de Supervisores establece regulaciones para los proveedores, incluidas restricciones sobre dónde y cuándo pueden operar y requisitos de distancia entre proveedores.
A los vendedores ambulantes también se les prohibiría conectarse a servicios públicos, como fuentes de agua y energía eléctrica.
Esta ordenanza establece que los proveedores tendrían que registrarse en el condado y pagar una tarifa de registro de $604 dólares.
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Sin embargo, esta tarifa también sería subsidiada en gran parte por el Departamento de Oportunidades Económicas del condado, que cubriría el costo total del permiso en el primer año y luego la disminuiría a $100 dólares en los siguientes años.
“Debemos hacer todo lo posible para alentar a los vendedores a registrarse para ingresar a la economía formal“, comentó Solís en su comunicado.
“Eso incluye eliminar tantas barreras financieras como sea posible que podrían obstaculizar la participación. Estos proveedores son microempresarios en el sentido más estricto, y sus ingresos netos pueden ser tales que incluso una tarifa de unos pocos cientos de dólares representa una carga significativa”, añadió.
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La supervisora Solís dio crédito al Departamento de Oportunidades Económicas para encontrar una manera de eximir las tarifas durante el primer año y al mismo tiempo reducirlas en gran medida en los años siguientes.
Solís mencionó que también es fundamental que se aborden las tarifas del Departamento de Salud Pública.
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