Inquilinos de bajos ingresos en Los Ángeles tendrán ayuda legal ante desalojos
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles pretende ampliar el programa Stay Housed LA a los inquilinos de bajos ingresos de áreas no incorporadas
Inquilinos de bajos ingresos de áreas no incorporadas del Condado de Los Ángeles tendrán representación legal gratuita cuando enfrenten un posible desalojo.
La Junta de Supervisores del condado afina una ordenanza que busca extender los beneficios de un programa que tiene el objetivo de brindar asesoría legal a familias vulnerables que residan en áreas no incorporadas.
El programa se someterá a una votación final el próximo mes por parte de los miembros de la Junta de Supervisores, y de ser aprobado entrará en vigor el | de enero de 2025.
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La iniciativa pretende ampliar el programa Stay Housed LA existente, que es una asociación entre el condado, la ciudad de Los Ángeles y otras organizaciones comunitarias junto con proveedores de servicios legales para ofrecer a inquilinos protección ante un desalojo.
De acuerdo con el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del Condado de Los Ángeles (DCBA), el programa Stay Housed LA había ayudado a más de 3,500 inquilinos hasta finales de 2023.
“El DCBA contempla que solo dentro de este año fiscal, más de 15,000 residentes dentro del condado que viven en comunidades y ciudades no incorporadas, aparte de la ciudad de Los Ángeles, buscarán los servicios de Stay Housed LA“, dijo el departamento en un comunicado.
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En abril de 2023, el DCBA presentó un informe que describe un marco para hacer permanente el programa Stay Housed LA.
La Junta de Supervisores aprobó en julio del año pasado una moción de las supervisoras Holly Mitchell e Hilda Solís que ordenaba al DCBA para reevaluar y actualizar el marco inicial para el programa de derecho a un abogado.
El apoyo del programa ampliado estará disponible para aquellos inquilinos que hayan recibido un aviso de desalojo y cuyo ingreso familiar sea inferior al 80% del ingreso promedio del área.
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Mitchell mencionó que la ordenanza apoyará la equidad, diciendo que las comunidades afroamericanas e hispanas enfrentan una gran cantidad de avisos de desalojo y que el programa de derecho a un abogado es parte de una visión más amplia para que todos tengan acceso a la representación legal en casos tanto civiles como penales independientemente de sus ingresos.
“Una vez que la ordenanza entre en vigor, será un recurso importante para brindar representación legal a los inquilinos en el tribunal de desalojo“, expresó la supervisora Mitchell.
La ordenanza exige esfuerzos de divulgación y educación, y los propietarios deben notificar a los inquilinos sobre la disponibilidad del programa, cuyo aviso debe publicarse en las propiedades de alquiler.
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Las violaciones de cualquiera de los requisitos se considerarían un delito menor punible con una multa de hasta $800 dólares o seis meses de cárcel, o ambas sanciones.
Este programa se financiará con recursos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense hasta el final del año fiscal 2024-2025, y de continuar más allá el condado necesitará aportar $24.5 millones de dólares.
La directora ejecutiva del condado, Fesia Davenport, dijo que el programa contaba con financiamiento suficiente hasta el final del año fiscal actual, el 30 de junio de 2025.
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Davenport dijo que su oficina trabajaría con DCBA para buscar financiamiento para el programa continuo, y mencionó que los costos seguramente aumentarán en el futuro.
La supervisora Mitchell citó datos de DCBA acerca que desde mayo de 2022, el programa Stay Housed LA facilitó más de 1,800 casos legales de alcance completo para los residentes del condado que viven fuera de la ciudad de Los Ángeles.
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Mitchell dijo que casi el 97% de los casos tuvieron como resultado que los inquilinos permanezcan en sus casas o que lograron un acuerdo favorable para mudarse a un nuevo lugar, lo que demuestra el importante impacto que tiene el programa.
Mitchell citó datos de DCBA de que desde mayo de 2022, “Stay Housed LA ha facilitado más de 1.800 casos legales de alcance completo para los residentes del condado que viven fuera de la ciudad de Los Ángeles”.
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