Tribunal impide a la administración Trump despedir empleados federales
La orden de una jueza llega en medio de una demanda presentada por sindicatos que protegen a los trabajadores de despidos ilegales
La orden también obliga a la administración a detener las notificaciones de despido programadas en los Departamentos de Educación y el Departamento de Estado. Crédito: Mark Schiefelbein | AP
Un tribunal federal ordenó a la administración Trump que anule los despidos de empleados en cuatro agencias federales, que se implementaron bajo la violación de la ley bipartidista que puso fin al cierre gubernamental más largo en la historia de EE.UU.
La jueza Susan Illston del Tribunal de Distrito para el Norte de California coincidió con los argumentos presentados por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA) y la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE), acerca de que la sección 120 de la resolución continua aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Trump el 12 de noviembre de 2025, la cual prohíbe a las agencias federales iniciar, implementar o llevar a cabo cualquier reducción de personal durante la vigencia de la ley, que actualmente se extiende hasta el 30 de enero de 2026.
Rescindir notificaciones de despido
La orden emitida por la jueza Illston, que se espera se presente por escrito este miércoles 17 de diciembre, obligará a la administración Trump-Vance a rescindir las notificaciones de despido emitidas a funcionarios de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), la Administración de Servicios Generales (GSA) y el Departamento de Estado de EE.UU. que recibieron notificaciones de despido implementadas o ejecutadas durante y después del cierre gubernamental.
La orden también obliga a la administración a detener las notificaciones de despido programadas en los Departamentos de Educación y el Departamento de Estado, describió Democracy Forward en un comunicado.
Democracy Foward asegura que esta orden constituye un hito importante en una demanda en curso interpuesta por una coalición de sindicatos que impugna los despidos masivos ilegales de empleados federales por parte de la administración durante o debido al cierre del gobierno.
Dichos despidos también están siendo bloqueados mediante una orden judicial preliminar. AFGE, AFSA y NFFE están representadas en esta demanda por Democracy Forward, Altshuler Berzon LLP y Democracy Defenders Fund.
“Una victoria para los empleados federales”
“La decisión de hoy representa otra victoria para los empleados federales y para el estado de derecho”, declaró el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.
“Cuando el Congreso votó para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia, expresó clara e inequívocamente que se prohibían nuevas reducciones de personal y que cualquier RIF que se produjera durante el cierre debía revertirse. El continuo incumplimiento de dicho mandato por parte de la administración forma parte de un preocupante patrón de acciones atroces contra los empleados federales y el público estadounidense”, añadió.
Por su parte, John Dinkelman, presidente de AFSA también declaró que “el Congreso fue claro al aprobar la ley que puso fin al cierre, y el presidente la firmó: se prohibían las reducciones de personal”.
“Proceder de forma ilegal con los despidos”
“El intento de la administración de proceder de todas formas fue ilegal, y el fallo de hoy lo confirma”, declaró . “Seguiremos luchando para garantizar que los profesionales del Servicio Exterior sean tratados con el respeto que exige la ley”, puntualizó.
El presidente de NFFE, Randy Erwin dijo que se compromete para que los aproximados 110,000 empleados gubernamentales reciban un trato justo y no “sean despedidos ilegalmente”.
“Como el primer sindicato de empleados federales en Estados Unidos, sabemos que los empleados federales son responsables del trabajo del que dependen millones de estadounidenses”.
AFGE y AFSA obtuvieron previamente una orden de restricción temporal para bloquear 250 despidos en el Departamento de Estado que debió entrar en vigor el 5 de diciembre.
Sigue leyendo:
