La Administración de Trump intentó borrar registros sobre el ataque al Capitolio: NPR

Una investigación de la Radio Nacional Pública (NPR) reveló que la Administración del presidente Donald Trump ha intentado eliminar o distorsionar registros oficiales relacionados con el asalto al Capitolio ocurrido el 06 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del entonces mandatario irrumpió en el Congreso para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

De acuerdo con NPR, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el Gobierno republicano ha impulsado cambios en documentos oficiales y expedientes judiciales vinculados a más de 1,500 participantes en el ataque, muchos de los cuales fueron indultados por el propio presidente. Entre ellos figuran personas condenadas por conspiración sediciosa y otras señaladas por agredir a agentes de la Policía del Capitolio y del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C.

NPR, que en el último año ha enfrentado recortes de financiamiento federal en medio de la ofensiva del Ejecutivo contra ciertos medios de comunicación, sostiene que el Departamento de Justicia eliminó términos como “disturbios”, “motín” o “insurrección” de documentos oficiales. Además, señala el despido de decenas de fiscales que participaron en los procesos judiciales derivados del ataque.

Una narrativa oficial bajo disputa

La investigación destaca que el presidente y miembros de su gabinete han optado por presentar a los responsables del asalto como “grandes patriotas”” ante los ojos de la ley, que fueron “perseguidos por el Gobierno”, en contraste con la narrativa de la Administración demócrata anterior, que calificó los hechos como una insurrección contra el orden constitucional.

El propio Trump fue imputado en un caso federal por intentar subvertir la certificación de los resultados electorales de 2020, una causa que quedó sin efecto tras su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024. Desde entonces, el mandatario ha insistido en que los procesos judiciales en su contra y contra sus simpatizantes respondieron a motivaciones políticas.

Con el objetivo de preservar la memoria histórica de lo ocurrido, NPR creó una base de datos pública que reúne más de 1,500 archivos judiciales, videos y testimonios. El material ofrece una cronología detallada de los sucesos y documenta cientos de agresiones contra agentes del orden, incluidos golpes con objetos contundentes, aplastamientos entre multitudes, empujones y el uso de aerosoles químicos.

Según el grupo de derechos civiles Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), más de una treintena de los indultados por Trump han sido detenidos nuevamente por otros delitos, que van desde abuso sexual a menores y posesión de pornografía infantil, hasta tenencia ilegal de armas, allanamiento de morada y amenazas contra figuras públicas, entre ellas el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

El ataque del 6 de enero ocurrió después de que Trump, en un mitin cerca de la Casa Blanca, instara a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y a “luchar con todas sus fuerzas”. En las primeras 36 horas murieron cinco personas, incluido el agente Brian Sicknick, quien falleció tras sufrir derrames cerebrales después de enfrentarse a la turba. A ese saldo se suman cuatro agentes que se suicidaron meses después, dejando una herida aún abierta en la historia política reciente de Estados Unidos.

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