Donald Trump realizó más de 500 cambios en inmigración durante su primer año de gobierno

Recientemente, el Instituto de Política Migratoria (MPI), centro de estudios no partidista dedicado al análisis de políticas migratorias, presentó un informe donde se menciona que, durante 2025, Donald Trump efectuó más de 500 cambios en inmigración con el objetivo de deportar a la mayor cantidad de extranjeros carentes de estatus legal concentrados en Estados Unidos.

Desde su regreso a Washington, el magnate neoyorquino se fijó la meta de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande de la historia y para ello se asesora principalmente con Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.

De esa manera, el republicano de 79 años ha emitido múltiples ordenes solicitando el apoyo de las fuerzas del orden estatales y locales, así como de agencias federales que históricamente no tenían ninguna función en la aplicación de la ley migratoria, la cual ahora se lleva a cabo incluso en lugares antes denominados “sensibles” como hospitales, escuelas e instituciones religiosas.

Además, ha presionado a los gobiernos estatales que definen a algunas de sus ciudades denominadas santuarios para que dejen de serlo; en tanto que ha logrado establecer acuerdos de cooperación con más de 20 gobiernos extranjeros para que reciban a personas deportadas.

Entre lo más visible de la estrategia implementada por Trump figura la militarización de la aplicación de la ley migratoria a través de operativos donde participan miembros de la Guardia Nacional, así como otros agentes federales con el rostro cubierto y fuertemente armados recorriendo las calles de varias ciudades y en ocasiones hasta lanzando gases lacrimógenos para someter quienes se rehúsan a la detención de extranjeros carentes de estatus legal.

La poderosa firma de Trump

Durante los primeros siete días de este año, Donald Trump había firmado 38 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, lo que representa casi 17% de las 225 firmadas durante 2025. Dicha cifra ya supera las 220 órdenes ejecutivas emitidas durante todo su primer mandato.

De hecho, el MPI estima que, durante el primer año de su segundo mandato, el gobierno de Trump adoptó más de 500 medidas en materia de inmigración, superando las 472 impulsadas a lo largo de su primera etapa al frente de la Casa Blanca.

Lo controversial de todo ello es que su estrategia antinmigrante ha escalado a niveles sin precedentes.

En julio del año pasado, el Congreso le proporcionó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) $170 mil millones de dólares para ampliar el sistema de detención y deportación exigido por Trump.

Leyes y nuevos requisitos para deportar

Durante la primera semana de trabajo del mandatario conservador en la Casa Blanca, el Congreso aprobó la Ley Laken-Riley, la primera legislación migratoria independiente en 19 años, que ordena la detención sin fianza de extranjeros acusados, arrestados o condenados por delitos relacionados con el robo.

A partir de ello, y hasta el 24 de diciembre pasado, el DHS estima que 17,500 personas fueron arrestadas y detenidas.

Por su parte, la Corte Suprema revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) del cual gozaban 600,000 venezolanos exponiéndolos a ellos y a los desplazados de otros países a una posible deportación.

Asimismo, los ajustes en la política migratoria lograron reducir los cruces de extranjeros carentes de ley en la frontera limítrofe con México hasta registrar los niveles más bajos desde la década de 1970.

Durante 12 meses, los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se cuadruplicaron, en tanto que la detención diaria promedio se duplicó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calculó que, hasta el 9 de diciembre del año pasado, 622,000 no ciudadanos habían sido deportados, lo cual contrasta con los 778,000 repatriados durante los cuatro años en que Joe Biden fungió como presidente.

No obstante, la meta de Donald Trump de llegar a un millón de personas expulsadas anualmente todavía se vislumbra compleja de lograr.

En cuestión de meses, el gobierno también despojó de protecciones legales temporales a más de 1.5 millones de personas en libertad condicional humanitaria y prácticamente detuvo el reasentamiento de refugiados, pues restringió el asilo.

Alineado a esto, ahora los procesos para obtener la residencia permanente legal, visas temporales o bien la ciudadanía estadounidense, ahora son más lentos y con varios requisitos nuevos como son incrementos en los precios de las tarifas para realizar los trámites.

A esto se suma la revisión de lo que las personas publican en sus redes sociales y hasta su historial médico, pues de ello depende en buena medida si se les aprueba o no el trámite que le solicitan al gobierno.

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