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Demócratas demandan a Trump por no aclarar presencia de agentes federales armados en urnas

Aunque no existe evidencia de que haya un plan al respecto, la falta de claridad alimenta la idea de una posible intimidación a votantes, afirman demócratas

Demócratas demandan a Trump por no aclarar presencia de agentes federales armados en urnas

Aunque la ley federal prohíbe explícitamente la interferencia militar o de oficiales armados en los comicios, las señales enviadas desde la Casa Blanca han sido, cuando menos, ambiguas. Crédito: Bryon Houlgrave | AP

En un clima de creciente tensión política y a las puertas de unas elecciones intermedias decisivas, el Comité Nacional Demócrata (DNC) interpuso una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump. La acción legal busca forzar al gobierno a revelar si existen planes para desplegar agentes federales armados o tropas militares en los centros de votación y oficinas electorales el próximo noviembre.

La querella, presentada ante un tribunal federal en Washington, busca que varias agencias respondan a solicitudes de información realizadas bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Según el documento judicial, el partido demócrata envió desde octubre un total de 11 solicitudes al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y al Departamento de Defensa de Estados Unidos para conocer si existe alguna discusión o plan para colocar agentes federales en centros de votación, urnas u oficinas electorales.

Los demandantes aseguran que las agencias no han respondido de manera adecuada, lo que, según argumentan, impide conocer posibles riesgos para la integridad de las elecciones.

“Para garantizar que el pueblo estadounidense obtenga conocimiento oportuno de las amenazas potenciales a las elecciones libres y justas, el DNC solicita la intervención del tribunal para hacer cumplir los requisitos de la ley”, señala la demanda.

Aunque hasta ahora no existe evidencia confirmada de que el gobierno tenga un plan para enviar agentes armados a las urnas, los demócratas afirman que la falta de claridad oficial alimenta preocupaciones sobre una posible intimidación a votantes.

Temor a intimidación electoral

La inquietud surge en medio de declaraciones previas del propio Trump y de algunos de sus aliados políticos sobre la necesidad de “proteger” las elecciones frente a un supuesto fraude electoral generalizado.

En diferentes ocasiones, el mandatario ha sugerido que el gobierno federal podría intervenir para garantizar la integridad de los comicios, e incluso ha planteado la posibilidad de que el gobierno “tome control” de ciertos aspectos del proceso electoral.

La preocupación aumentó después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitara asegurar públicamente que agentes federales no estarían cerca de los centros de votación.

Sin embargo, la legislación federal estadounidense prohíbe que personal militar o agentes federales armados interfieran en procesos electorales o se presenten oficialmente en centros de votación.

Los temores también se intensificaron tras declaraciones de figuras cercanas al expresidente, como Steve Bannon, quien sugirió que agentes de inmigración podrían vigilar las urnas durante los comicios.

Frente a ese escenario, legisladores demócratas impulsan en el Congreso una iniciativa conocida como la “Ley de Democracia Sin Intimidación”, que busca prohibir explícitamente el despliegue de fuerzas federales en centros de votación y limitar operaciones migratorias cerca de las elecciones.

Datos recopilados por la conservadora Heritage Foundation indican que los casos comprobados de fraude electoral en Estados Unidos representan una fracción mínima de los votos emitidos, lo que ha sido utilizado por demócratas y organizaciones civiles para cuestionar las afirmaciones sobre fraude generalizado.

Para los promotores de la demanda, una respuesta clara del gobierno podría ayudar a disipar dudas y reforzar la confianza pública en el proceso electoral. Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente político y judicial en medio de un clima de creciente tensión en torno a las elecciones estadounidenses.

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