Combatir la corrupción política requiere más que promesas de campaña
Un mensaje de la comunidad para Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles
Fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman. Crédito: Damian Dovarganes | AP
Cuando el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, se postuló para el cargo, se comprometió a restaurar la integridad y a perseguir agresivamente la corrupción política; una promesa que resonó entre los votantes, frustrados por los escándalos, los tratos entre bastidores y la sensación de que la rendición de cuentas a menudo depende de quién ostenta el poder.
A más de un año de haber iniciado su mandato, el público ha sido testigo de algunos procesos judiciales por corrupción, incluyendo los cargos presentados contra el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Curren Price. Asimismo, el fiscal continúa investigando importantes escándalos de corrupción en Huntington Park, relacionados con un gran proyecto de parques. Estos casos son importantes. Sin embargo, la promesa más amplia —un esfuerzo visible y constante para disuadir las conductas indebidas en todos los niveles del gobierno local— aún no se ha materializado plenamente.
Los acontecimientos recientes en El Monte ilustran por qué los votantes esperaban más. Un informe reciente publicado en español por el diario La Opinión detalló acusaciones según las cuales la exconcejal de la ciudad de El Monte, María Morales, habría emprendido acciones legales contra un residente que cuestionó la forma en que se estaban utilizando los fondos públicos; específicamente, una subvención multimillonaria vinculada a la Fundación ‘El Monte Promise’. Según el informe, el residente se enfrentó a una orden de restricción y a la intervención policial antes de que un juez desestimara finalmente el caso.
Independientemente de las disputas personales, el principio es claro: cuando los residentes plantean interrogantes sobre el dinero público, la respuesta debe ser la transparencia, no la intimidación legal. El efecto disuasorio que esto ejerce sobre la participación cívica es real.
No obstante, las inquietudes en torno a Morales no terminan ahí. Han surgido interrogantes adicionales respecto a si Morales pudo haber utilizado indebidamente fondos de campaña durante su postulación a la alcaldía de El Monte en 2022. En aquel entonces, Morales se desempeñaba como jefa adjunta de Inclusión y Oficial de Diversidad para Comunicaciones, Participación Comunitaria y Estudiantil en la Universidad del Sur de California (USC). Durante su permanencia en la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de la USC, se habrían presentado quejas alegando discriminación y acoso por motivos de raza, religión, género, orientación sexual, edad, discapacidad, embarazo, condición de veterano y represalias.
La USC abrió una investigación interna durante el mismo periodo en que Morales se postulaba para la alcaldía; una contienda que finalmente perdió y que puso fin a su mandato de cuatro años en el Concejo Municipal.
Según los registros públicos, Morales habría contratado los servicios de dos bufetes de abogados a través de su comité de campaña. Una de ellas, Beaver Legal Corporation, que se especializa en el cumplimiento de la normativa de financiación de campañas y en servicios de tesorería: un gasto de campaña apropiado y habitual. La segunda firma, Zweiback, Fiset & Zalduendo, es conocida por su labor en la defensa penal de casos de alto perfil y en investigaciones gubernamentales. Según se informa, Morales pagó a esta firma 15.000 dólares procedentes de su cuenta de campaña.
Si dichos fondos se utilizaron para costear una defensa legal frente a una investigación interna en el lugar de trabajo —ajena a la actividad de la campaña—, ello podría suscitar serios interrogantes a la luz de la legislación de California sobre financiación de campañas, la cual, por norma general, restringe el uso de los fondos de campaña a fines políticos, a actividades propias del cargo público o a otros usos legalmente permitidos que guarden relación con el ejercicio del cargo o con la aspiración a ocuparlo. El uso de dinero de campaña para la defensa legal personal, al margen de dichos parámetros, puede constituir una violación de la normativa estatal.
Cabe aclarar que las acusaciones no equivalen a condenas. No obstante, las dudas fundadas acerca de un posible uso indebido de los fondos de campaña encajan plenamente en el tipo de inquietudes sobre la integridad pública que los votantes esperan que un Fiscal de Distrito examine. La corrupción política no se limita a los sobres repletos de dinero en efectivo ni a las grandes tramas de soborno; abarca también el uso indebido de las cuentas de campaña, la instrumentalización del cargo público para intimidar a los críticos y cualquier abuso de poder que socave la confianza de la ciudadanía.
(*) Irma Zamorano, exmiembro de la Junta Escolar; miembro actual de la Junta Escolar de Mountain View
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