Juez ordena a la Casa Blanca preservar registros presidenciales
Documentos y comunicaciones oficiales deberán conservarse tras fallo contra criterio legal del DOJ
La disputa revive el debate sobre transparencia y control de documentos presidenciales en EE.UU. Crédito: Alex Brandon | AP
Un juez federal ordenó a funcionarios y asesores clave de la Casa Blanca cumplir con la Ley de Registros Presidenciales, una norma creada tras el escándalo de Watergate para evitar la destrucción, ocultamiento o apropiación de documentos oficiales de la presidencia de Estados Unidos, informó CBS News.
La decisión representa un nuevo revés judicial para la administración de Donald Trump y reabre el debate sobre la transparencia presidencial, el acceso público a documentos gubernamentales y los límites del poder ejecutivo.
El fallo fue emitido por el juez federal John Bates, quien concedió una medida cautelar preliminar que obliga a empleados de la Casa Blanca y oficinas vinculadas al presidente a conservar registros presidenciales y vicepresidenciales protegidos por la ley federal.
La orden alcanza a figuras clave dentro del gobierno republicano, incluyendo a la jefa de gabinete Susie Wiles, el asesor Stephen Miller, el Consejo de Seguridad Nacional y otras oficinas de la estructura ejecutiva. Sin embargo, ni Donald Trump ni el vicepresidente JD Vance quedaron sujetos directamente a la medida.
Origen del conflicto con la Ley de Registros Presidenciales
La disputa comenzó después de que la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia emitiera un dictamen argumentando que la Ley de Registros Presidenciales podría ser inconstitucional porque, según esa interpretación, el Congreso excedió sus facultades al regular documentos vinculados al presidente.
La demanda fue presentada por la Asociación Histórica Estadounidense, American Oversight y la Fundación para la Libertad de Prensa, organizaciones que advirtieron sobre el riesgo de que documentos presidenciales pudieran desaparecer, ser destruidos o permanecer fuera del alcance público.
En su resolución de 54 páginas, el juez Bates rechazó la interpretación impulsada por el Departamento de Justicia y defendió la constitucionalidad de la norma.
“Cada rama del gobierno deriva su autoridad de la confianza que el pueblo deposita en ella”, escribió el magistrado. “El Congreso determinó válidamente que esta ley ayuda a preservar esa confianza”.
Una ley marcada por el legado de Watergate
La Ley de Registros Presidenciales fue promulgada en 1978, apenas cuatro años después de la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate. La legislación estableció que los documentos presidenciales no pertenecen al mandatario como propiedad personal, sino al gobierno de Estados Unidos.
La norma obliga a preservar archivos oficiales y entregarlos al Archivo Nacional al concluir cada administración.
El caso actual revive además los cuestionamientos sobre el manejo de documentos confidenciales durante el primer mandato de Trump. Al dejar la Casa Blanca en 2021, el republicano retuvo cajas con miles de documentos, algunos clasificados, que posteriormente fueron reclamados por el Archivo Nacional.
Ese episodio derivó en investigaciones federales y en una acusación impulsada por el exfiscal especial Jack Smith relacionada con el presunto manejo indebido de documentos clasificados. Sin embargo, el proceso quedó prácticamente detenido tras la reelección de Trump en 2024.
Organizaciones celebran el fallo
Tras conocerse la decisión, grupos defensores de la transparencia gubernamental calificaron el fallo como una victoria para la rendición de cuentas presidencial.
Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, afirmó que la resolución impide que el gobierno sustituya una ley federal por un sistema basado únicamente en la discreción presidencial.
“El tribunal reconoció el peligro que representa ignorar una ley diseñada para garantizar transparencia y memoria histórica”, señaló en un comunicado.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato sobre si apelará la decisión judicial.
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