Trump refuerza cortes de inmigración con 82 jueces para acelerar deportaciones masivas

La Casa Blanca busca reducir millones de casos pendientes y endurecer procesos migratorios

Nuevos jueces de inmigración asumirán casos clave en plena ofensiva migratoria de Trump.

Nuevos jueces de inmigración asumirán casos clave en plena ofensiva migratoria de Trump. Crédito: Yuki Iwamura | AP

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia de endurecimiento migratorio al incorporar la mayor promoción de jueces de inmigración en la historia reciente del Departamento de Justicia (DOJ). La medida busca acelerar los procesos de deportación y reducir el enorme retraso acumulado en los tribunales migratorios del país.

De acuerdo con CBS News, esta semana fueron juramentados 77 jueces de inmigración permanentes y cinco jueces temporales, en medio de la presión del gobierno republicano para reforzar su política de deportaciones masivas.

El anuncio llega en un contexto de crecientes operativos migratorios, restricciones al asilo y nuevas medidas impulsadas por la Casa Blanca para reforzar el control fronterizo y agilizar expulsiones de inmigrantes sin estatus legal.

“El presidente Trump está comprometido con restaurar el estado de derecho en el sistema migratorio”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado oficial difundido tras la ceremonia de juramentación en Washington, D.C.

Tribunales de inmigración bajo presión

Los tribunales de inmigración de todo el país enfrentan actualmente una acumulación histórica de casos. Según datos oficiales citados por el Departamento de Justicia, el rezago llegó a superar los 4 millones de expedientes, impulsado principalmente por el incremento de solicitudes de asilo y cruces fronterizos registrados en los últimos años.

La administración Trump asegura que la incorporación de nuevos jueces permitirá reducir los tiempos de espera y acelerar las resoluciones de deportación.

Funcionarios federales señalaron que el número de casos pendientes ya habría disminuido a cerca de 3.5 millones desde enero de 2025, aunque organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan la forma en que se están procesando muchos expedientes.

Los jueces de inmigración son responsables de decidir si una persona puede permanecer legalmente en Estados Unidos o si debe ser deportada. Aunque llevan el título de jueces, en realidad forman parte del poder ejecutivo y dependen directamente del Departamento de Justicia.

Ese detalle ha generado fuertes críticas entre abogados y organizaciones migratorias, quienes consideran que la administración Trump está utilizando los tribunales como herramientas de aplicación migratoria.

Críticas por “jueces de deportación”

Uno de los aspectos que más polémica ha generado es que el gobierno federal comenzó a referirse públicamente a estos funcionarios como “jueces de deportación” en ofertas laborales oficiales.

Para activistas y especialistas en inmigración, ese lenguaje refleja un intento de orientar las cortes migratorias hacia decisiones más rápidas y severas contra los inmigrantes.

Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), acusó al gobierno de presionar a los jueces para actuar como “instrumentos de aplicación de la ley” y no como árbitros imparciales.

“La administración Trump está tratando de convertir los tribunales de inmigración en piezas de su campaña de deportaciones masivas”, declaró Chen.

Las críticas también aumentaron luego de que la administración despidiera durante el último año a más de 100 jueces migratorios, varios de ellos nombrados durante el gobierno de Joe Biden.

Algunos de los jueces removidos aseguraron que fueron apartados por no impulsar deportaciones con suficiente rapidez o por tener experiencia previa defendiendo a inmigrantes.

Más deportaciones y menos opciones de asilo

Además del aumento de jueces, el medio antes citado señaló que el Departamento de Justicia ha emitido nuevas directrices que limitan las posibilidades de obtener asilo, reducen opciones de liberación bajo fianza y endurecen los criterios para permanecer legalmente en el país mientras se resuelve un caso migratorio.

La mayoría de los nuevos jueces incorporados trabajaron anteriormente como abogados del ICE, fiscales federales o integrantes de las fuerzas armadas, según las biografías oficiales publicadas por el gobierno.

Para expertos migratorios, la estrategia forma parte del plan más amplio de Trump para acelerar deportaciones antes de que millones de casos pendientes sigan creciendo en los tribunales.

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