Departamento del Tesoro sanciona a dos mexicanos y a 9 empresas ligados al CJNG
"La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos", dijo Bessent
La OFAC designó tanto a (i) Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), como a J. Refugio Ruiz Villagomez (d), figuras clave del mundo empresarial que facilita el robo de combustible al CJNG. Crédito: Departamento del Tesoro | Cortesía
El gobierno de Estados Unidos intensificó este martes su ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al imponer sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas que, según las autoridades estadounidenses, forman parte de una red dedicada al contrabando y robo de combustible entre Estados Unidos y México, una actividad que genera millones de dólares para la organización criminal.
El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) congeló los bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense de los señalados, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una nueva alerta dirigida a bancos e instituciones financieras para detectar operaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual combustible es introducido ilegalmente a México para evadir impuestos.
Las acciones forman parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para atacar las fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, los cuales Washington considera responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
“Las medidas de hoy muestran hasta qué punto los cárteles mexicanos han ampliado sus actividades más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos que continúan financiando organizaciones criminales responsables de la distribución de drogas letales en Estados Unidos”, señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Las sanciones fueron coordinadas con investigaciones en las que participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Acusan a empresarios de facilitar el contrabando de combustible
Entre los sancionados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro como un operador financiero que presuntamente habría diseñado una red de empresas fachada para facilitar el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Juraidini habría falsificado documentación aduanera para declarar cargamentos con información incorrecta y así evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México. El Tesoro sostiene que estas operaciones generaban decenas de millones de dólares al año para el CJNG.
Las sanciones también alcanzan a seis empresas mexicanas vinculadas con Juraidini, dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliarios, además de una compañía registrada en el Reino Unido.
El segundo mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente introducir combustible de contrabando a territorio mexicano mediante las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
Según el Departamento del Tesoro, ambas compañías habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con personas relacionadas con el CJNG. Además, Washington afirma que Ruiz Villagómez pagaba sobornos a organizaciones criminales para facilitar el paso de combustible por los cruces fronterizos.
Nueva alerta al sistema financiero
Además de las sanciones, FinCEN emitió una alerta para bancos y entidades financieras en la que identifica 22 indicadores de riesgo relacionados con operaciones de contrabando de hidrocarburos entre ambos países. Entre las señales de alerta destacan transferencias internacionales entre empresas estadounidenses y mexicanas que carecen de permisos oficiales para importar combustible, el uso de compañías de logística o transporte sin actividad comercial consistente y operaciones que involucran documentación aduanera presuntamente alterada.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el robo y contrabando de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos no relacionadas con el narcotráfico para los cárteles mexicanos. Según el Tesoro, estas ganancias fortalecen la capacidad operativa del CJNG para financiar actividades criminales, incluido el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedaron bloqueados, mientras que ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa de la OFAC. El Departamento del Tesoro advirtió además que entidades financieras extranjeras que faciliten operaciones con los designados también podrían enfrentar sanciones secundarias.
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