DHS revisaría uso de Medicaid y cupones para decidir quién obtiene la Green Card
Según informes, la nueva política restablece una evaluación más estricta sobre la autosuficiencia económica de solicitantes de residencia
El DHS retomará una revisión más estricta de beneficios públicos en solicitudes de residencia permanente. Crédito: Wilfredo Lee | AP
La administración del presidente Donald Trump volverá a aplicar una interpretación más estricta de la llamada prueba de “carga pública”, un criterio que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerar si algunos inmigrantes utilizaron programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia para la vivienda, al momento de decidir si pueden obtener la Green Card.
CBS News reveló que la medida anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revierte una regulación implementada durante la administración de Joe Biden en 2022, la cual limitaba considerablemente los beneficios públicos que podían ser considerados dentro de la evaluación migratoria.
¿Qué cambia con la nueva regla del DHS?
La legislación migratoria contempla desde hace décadas que ciertos solicitantes pueden ser considerados inadmisibles si existe la posibilidad de que dependan del apoyo del gobierno para mantenerse económicamente, ya que tendrían que ser capaces de solventar sus gastos.
Con la nueva norma, los funcionarios del USCIS recuperarán una mayor discrecionalidad para analizar cada caso de manera individual. Además del uso de determinados beneficios públicos, también podrán valorar factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos financieros, la educación y las habilidades laborales del solicitante.
El director del USCIS, Joseph B. Edlow, defendió la medida en declaraciones al medio citado: “Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”.
De acuerdo con el gobierno, el objetivo es reforzar el principio de autosuficiencia y proteger los recursos financiados por los contribuyentes.
Miles de inmigrantes podrían modificar sus solicitudes
La nueva política podría afectar directamente a unos 588,000 solicitantes de ajuste de estatus cada año, según estimaciones del propio DHS.
Sin embargo, especialistas consideran que el mayor impacto podría ser indirecto. El propio departamento calcula que cerca de 950,000 personas pertenecientes a hogares de inmigrantes podrían dejar de solicitar beneficios públicos por temor a que esto afecte sus posibilidades de obtener la residencia permanente.
No obstante, el USCIS aclaró que los beneficios recibidos por familiares del solicitante no serán considerados automáticamente como propios, aunque sí podrán formar parte de la evaluación de la situación económica general del hogar.
La norma entrará en vigor durante los próximos días, una vez concluido el proceso de publicación oficial. También se actualizará el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio.
Aunque históricamente las negativas por “carga pública” han sido poco frecuentes, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes anticipan que la medida podría volver a generar incertidumbre entre miles de familias que dependen legalmente de programas de salud, alimentación o vivienda mientras regularizan su situación migratoria.
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