Juez federal de Texas declara inconstitucionales restricciones sobre silenciadores y armas reguladas por la NFA
El juez dictamina que varios requisitos de registro, solicitud y aprobación fijados en la NFA son inconstitucionales para silenciadores y armas cortas
El dictamen generó reacciones encontradas, mientras activistas a favor de la Segunda Enmienda celebraron el fallo como "un paso fundamental" para desmantelar la NFA, defensores del control de armas advirtieron sobre sus riesgos. Crédito: Tribunal de Distrito de EE. UU. | AP
Un juez federal de Texas emitió un fallo que podría transformar la regulación de ciertos accesorios y armas de fuego en Estados Unidos al declarar inconstitucionales varias disposiciones de la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA, por sus siglas en inglés) relacionadas con silenciadores, rifles de cañón corto, escopetas de cañón corto y otras armas sujetas a un impuesto federal que fue eliminado por el Congreso.
El juez James Wesley Hendrix, del Distrito Norte de Texas y nombrado por el presidente Donald Trump, sostuvo que el Congreso eliminó el fundamento constitucional de esas regulaciones al reducir a cero el impuesto federal que durante décadas justificó los requisitos de registro, aprobación y documentación previstos en la ley de 1934.
En su resolución, Hendrix explicó que las obligaciones de registro estaban directamente vinculadas a la recaudación de ese impuesto y que, al desaparecer el gravamen, también desapareció la base legal que permitía imponer esas exigencias administrativas. “Por lo tanto, las disposiciones reglamentarias deben ser declaradas inconstitucionales porque exceden las facultades enumeradas del Congreso”, escribió el juez.
No obstante, el fallo no tiene aplicación nacional inmediata. La orden beneficia únicamente a los demandantes de los casos consolidados y a sus miembros, clientes, agencias y subdivisiones gubernamentales involucradas. Además, el juez suspendió la entrada en vigor de la decisión durante siete días para permitir que el gobierno federal presente una apelación.
La decisión no modifica todas las leyes sobre armas
La resolución tampoco afecta a las ametralladoras ni a otras armas reguladas por la Ley de Control de Armas, legislación sustentada en la autoridad del Congreso para regular el comercio interestatal y no exclusivamente en su facultad tributaria.
El litigio surgió después de que el Congreso aprobara la denominada “One Big Beautiful Bill”, que eliminó el impuesto federal sobre la fabricación y transferencia de silenciadores, rifles de cañón corto, escopetas de cañón corto y determinadas armas clasificadas como “Any Other Weapon” (AOW).
Hasta entonces, cualquier transferencia de estos dispositivos requería un extenso procedimiento ante la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), incluyendo huellas dactilares, fotografías, información personal y la autorización previa de la agencia federal.
El Departamento de Justicia defendió la permanencia de esas disposiciones al argumentar que podían sostenerse bajo la autoridad del Congreso para regular el comercio interestatal. Sin embargo, Hendrix rechazó ese planteamiento al considerar que la NFA fue creada como una ley tributaria y no como una legislación comercial.
Grupos defensores celebran; organizaciones de control de armas cuestionan el fallo
La decisión fue recibida con entusiasmo por organizaciones que promueven los derechos de los propietarios de armas y que participaron en la demanda presentada tras la aprobación del paquete presupuestario conocido como “One Big Beautiful Bill”.
Entre los demandantes figuran la Coalición de Políticas de Armas de Fuego, fabricantes, distribuidores, propietarios particulares y 15 estados gobernados por republicanos: Texas, Alaska, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Montana, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.
Brandon Combs, presidente de la Coalición de Políticas de Armas de Fuego, calificó la resolución como un avance para quienes buscan eliminar por completo la Ley Nacional de Armas de Fuego.
“Esta es una victoria importantísima y un paso adelante fundamental en nuestro plan estratégico para acabar con la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA). Estamos ansiosos por eliminar por completo y de una vez por todas este sistema inconstitucional para que la gente pueda ejercer sus derechos cuándo, dónde y cómo lo desee”, afirmó.
Por el contrario, organizaciones que respaldan mayores controles sobre las armas advirtieron que la decisión podría tener consecuencias para la seguridad pública.
El Centro Jurídico Giffords sostuvo que reducir los controles sobre los silenciadores y determinadas armas facilitaría el acceso a dispositivos que, a su juicio, representan riesgos adicionales para las fuerzas del orden y la población. “Los silenciadores dificultan que las fuerzas del orden detecten y localicen a los tiradores activos. Además, los rifles y escopetas de cañón corto son fáciles de ocultar y extremadamente peligrosos”, señaló Adam Skaggs, vicepresidente de Giffords.
El caso podría redefinir el alcance de la regulación federal
Aunque la resolución representa un revés para el gobierno federal, el caso aún está lejos de concluir. La decisión quedó suspendida durante siete días y el Departamento de Justicia tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, instancia que en años recientes ha emitido varios fallos favorables a una interpretación más amplia de la Segunda Enmienda.
En su opinión de 66 páginas, Hendrix evitó pronunciarse sobre los argumentos relacionados con el derecho constitucional a portar armas. El juez explicó que no era necesario resolver esa cuestión porque los demandantes ya habían prevalecido al demostrar, según su criterio, que el Congreso perdió la autoridad constitucional para mantener esas disposiciones regulatorias una vez eliminado el impuesto que las sustentaba.
Mientras continúa el proceso judicial, los actuales requisitos federales de solicitud, registro y aprobación para las armas comprendidas en la NFA permanecen vigentes fuera del alcance específico de la orden emitida por el tribunal. El resultado de la apelación podría definir no solo el futuro de esta legislación de casi un siglo de antigüedad, sino también los límites de la autoridad del Congreso para regular determinados tipos de armas de fuego en Estados Unidos.
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