Ocho alertas sobre ICE que ponen en peligro a los inmigrantes

Los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza realizan operativos marcadas por abusos de autoridad y la aplicación de tácticas consideradas delictivas

Los agentes migratorios detienen a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada.

Los agentes migratorios detienen a cualquier persona sospechosa de ser indocumentada. Crédito: AP

Hay ocho prácticas y conductas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pueden poner en peligro a los inmigrantes durante operativos que se llevan a cabo a nivel nacional: 1) abuso de autoridad; 2) fallas en la verificación de antecedentes de oficiales; 3) violencia doméstica; 4) depredación sexual; 5) agentes operando sin tener verificación de antecedentes, sin capacitación, sin rendición de cuentas; 6) la misoginia como cultura; 7) el racismo y sentimiento antiinmigrante, y 8) el uso de tácticas delictivas.

Así lo revela la Alianza de Inmigrantes de Ohio en su reporte “Caminan entre nosotros: lista de 59 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que cometieron abusos sexuales y físicos”, el cual realiza un análisis de los delitos sexuales y violentos perpetrados por agentes, quienes abusaron principalmente de mujeres y niños.

“Sabemos es que los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza tienen un historial alarmante de abuso sexual y violento contra mujeres y niños, incluyendo a miembros de sus propias familias. No se les debería dar armas ni rienda suelta para deambular por las comunidades estadounidenses”, advirtió Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza y autora de este informe. “[El trabajo de los agentes] es hacer cumplir las leyes civiles, pero actúan como si vivieran en el Viejo Oeste y están matando gente en nuestras calles. El Congreso debe dejar de dar carta blanca a estas agencias y empezar a imponer orden y exigir responsabilidades”.

El informe documenta 59 casos de actos delictivos violentos y/o sexuales cometidos por empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia que defiende a los oficiales, en lugar de investigar las acusaciones.

La Alianza advierte que el DHS ha flexibilizado “aún más los estándares de selección, contratación y capacitación de agentes”, lo que impide que haya rendición de cuentas, permitiendo a los oficiales aplicar “tácticas peligrosas” en la aplicación de las leyes de inmigración civil.

El informe cita que en febrero de 2026, Ryan Schwank, exabogado del ICE responsable de la capacitación de oficiales, testificó que el programa es “deficiente, defectuoso y está roto”.

“En mi primer día, recibí órdenes secretas para enseñar a los nuevos cadetes a violar la Constitución al entrar en domicilios sin una orden judicial. Durante los últimos cinco meses, vi cómo el ICE desmantelaba el programa de capacitación, recortando 240 horas de clases vitales de un programa de 584 horas”, advirtió.

A pesar de tales alertas el DHS ha mantenido la contratación de oficiales sin revisar siquiera los antecedentes penales.

“Varias personas en la lista tienen antecedentes documentados de comportamiento delictivo, peligroso y depredador que deberían haberlas descalificado para cualquier puesto en las fuerzas del orden”, señala el reporte. “Sin embargo, fueron contratadas por el DHS. Quizás lo más irónico sea que Brashad Johnson, la persona encargada de realizar las verificaciones de antecedentes de los empleados del DHS, fue condenado por solicitar prostitución de una menor”.

Las recomendaciones para mejorar a ICE

El reporte hace tres recomendaciones específicas para reducir los abusos de agentes, como congelar los presupuestos, implementar medidas reales de investigación y rendición de cuentas y operativos bajo un sistema que funcione de manera civilizada.

“El Congreso debería crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración que funcione como cualquier otra área del derecho civil”, indica la agencia. “Los agentes no deberían poder portar armas, usar disfraces ni realizar detenciones en la calle. Deberían desempeñar su labor en edificios de oficinas. La ley debería incluir mecanismos para que las personas cumplan con la normativa tras detectarse una infracción, en lugar de tener una única consecuencia predeterminada: la deportación. Nadie debería ser encarcelado por un proceso legal civil”.

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