Hechos de la semana en inmigración: TPS salvadoreño pende de un hilo y crece temor por ICE
Salvadoreños esperan una decisión sobre el TPS, mientras grupos buscan frenar a ICE en las urnas y crece el miedo
El futuro del TPS salvadoreño sigue en vilo mientras crece la presión de ICE en comunidades inmigrantes. Crédito: Jacquelyn Martin | AP
El 9 de septiembre de 2026, fecha de expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 170,000 salvadoreños, llegó y se fue, y el Departamento de Seguridad Nacional solamente dijo que en algún momento se hará un anuncio sobre el futuro del programa y, mientras tanto, los beneficios de permisos de trabajo y protección de la deportación siguen en pie.
Pero miles de salvadoreños y sus familias a través del país continúan con la incertidumbre de si habrá o no una extensión del programa que originalmente se giró hace 25 años tras los devastadores terremotos que azotaron El Salvador el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.

TPS salvadoreño sigue en vilo
El TPS se concede a personas proceden de naciones que enfrentan guerras, inestabilidad, desastres naturales u otras situaciones que les impiden regresar a su país y obtienen permisos de trabajo y protección de la deportación de manera temporal.
La Opinión reportó que “de acuerdo con Margaret Cargioli, directora de defensa y relaciones externas del Centro Legal de Defensa de los Inmigrantes, la administración debería haber dado una notificación de 60 días antes de que se viera afectado el estatus de TPS de las personas de El Salvador, lo cual, dice, no hizo”.
Cargioli agregó que “desafortunadamente, por ahora solo queda esperar a ver qué decide el gobierno sobre el TPS” y denunció que “la falta de información puede poner a personas con TPS en riesgo de ser despedidas o arrestadas por inmigración”.
El zar de la frontera, Tom Homan, justificó que el programa se cancele: “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez, a pesar de que se supone que es un estatus de protección temporal y de que las condiciones en el país (de origen) cambian. Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”, reportó La Opinión.
De los 170,000 beneficiarios salvadoreños del TPS, 152,000 ya integran la fuerza laboral de Estados Unidos.

Y según un reporte de FWD.us y la Alianza Nacional del TPS, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan $5,400 millones de dólares al año a la economía y pagan $1,500 millones de dólares en impuestos.
Cancelar el TPS es parte de la estrategia de Trump para deslegalizar a la mayor cantidad posible de inmigrantes. Si no hay extensión, los salvadoreños serían el grupo más reciente en ser deslegalizado para hacerlos vulnerables a ser detenidos y eventualmente deportados mientras Trump intenta concretar su promesa de llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.
Quieren impedir agentes de ICE
La Opinión informó que “una coalición de organizaciones civiles y la ciudad de Denver acudieron a una corte federal para intentar impedir que agentes armados de ICE sean desplegados en los centros de votación durante las elecciones de mitad de período de noviembre”.
El artículo agrega que “la demanda fue presentada en Washington, D.C., y busca que el tribunal declare ilegal cualquier plan que permita la presencia de agentes federales armados en lugares donde se emitan o recojan votos”.
“La demanda fue presentada por Democracy Forward en representación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad de Denver. Los demandantes sostienen que la presencia de agentes armados podría generar temor entre los ciudadanos y afectar su decisión de acudir a las urnas”, dice la nota.

Aunque las leyes federales prohíben que agentes armados interfieran en las elecciones, el gobierno de Trump ha enviado mensajes confusos indicando que no enviará agentes pero tampoco descartándolo del todo.
Grupos defensores del voto y de los derechos civiles argumentan que todo es parte de una estrategia para intimidar a los votantes, sobre todo de color, en medio de un ambiente tóxico para los inmigrantes. De ahí que el presidente Trump insista en afirmar que existe un problema generalizado de no ciudadanos votando de manera ilegal en las elecciones, aunque no sea verdad.
Trump también presiona por restringir el voto por correo y el Departamento de Justicia ya ha enviado monitores a elecciones estatales. El temor que existe es que el presidente busque cualquier excusa para interferir en una elección intermedia donde se anticipan pérdidas para el Partido Republicanio, sobre todo en la Cámara Baja.
Operativos de ICE golpean Chicago
Entretanto, La Opinión reportó que “se calcula que el condado de Cook dejó de registrar alrededor de $1,260 millones de dólares en actividad de tiendas y restaurantes durante el periodo de mayor presión de las autoridades federales”. Y también se perdieron 107 millones de dólares en ingresos provenientes de impuestos.
“El informe, titulado Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, (El costo económico oculto de la aplicación de las leyes federales de inmigración en el condado de Cook), fue presentado este martes por el Great Cities Institute de UIC, cuando se cumple un año del inicio de la “Operación Midway Blitz”, la ofensiva migratoria que el Gobierno de Trump lanzó el 8 de septiembre de 2025 en Chicago y otras localidades de Illinois”, dice el artículo.

La conclusión del análisis es concreta, señala la nota: “cuando una parte importante de la población deja de salir, comprar y consumir por temor a los operativos migratorios, el impacto termina alcanzando a negocios y gobiernos locales más allá de las comunidades directamente sometidas a las redadas”.
Citas de la semana
“Hoy es 9 de septiembre y me siento aturdida. El daño físico y emocional del último mes es tan frustrante que siento que sufrimos todo eso para nada”, declaró en un video en Instagram, Daysi Gonzáles, una joven salvadoreña beneficiaria de TPS, según reportó La Opinión, al saber que el gobierno no aclaró qué ocurrirá con el programa luego de que expiró el miércoles 9 de septiembre,
“Apenas unas horas después del anuncio del gobierno, la falta de información clara ha avivado el miedo, la confusión y la desinformación en comunidades que ya no están seguras de si podrán seguir trabajando y mantener a sus familias mañana.”, afirmó, por su parte, Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action) en un comunicado.
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